Imputación de la JEP a altos mandos de Farc por secuestros, una decisión trascendental

La primera decisión de la JEP desde su entrada en funcionamiento hace casi tres años, es trascendental, porque marca el camino para que los actores de la guerra en Colombia no solamente tengan que admitir la barbarie en la que incurrieron, sino que además es la base para que se logre entregar verdad y reparación a las víctimas del conflicto.La Sala de Reconocimiento de Verdad, con un trabajo liderado por la magistrada Julieta Lemaitre, emitió el auto de terminación de hechos y conductas relacionado con los secuestros cometidos por las Farc.El documento de 332 páginas que produjo la JEP en este caso es muy importante porque luego de contrastar 17 informes de entidades del Estado y de la sociedad civil con 38 versiones individuales y ocho colectivas de exguerrilleros y con el relato de 2.546 víctimas de estas abominables prácticas, concluyó judicialmente, que las Farc cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad y aunque el delito base de esta imputación es el secuestro, la decisión va más allá y encuentra que esa guerrilla cometió de manera colateral al secuestro, homicidios, torturas, violencia sexual, tratos crueles y degradantes, desplazamiento forzado entre otros.La JEP concluyó que las Farc si tuvieron los secuestros como una política avalada por el secretariado de ese grupo guerrillero, para obtener dinero y para intentar conseguir réditos políticos.Esta determinación cobija a Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada, Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y alias “el Médico” como coautores mediatos, es decir, responsables por mando de toma de rehenes, homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal y violencia sexual.A partir de hoy, estos exintegrantes de las Farc tendrán 30 días para decidir si aceptan o no los delitos que les imputa la JEP. Si los aceptan, pasan al Tribunal de Paz que les impondrá sanciones propias de acuerdo con el pacto de paz, si no lo hacen, se expondrían a penas de hasta 18 años de cárcel efectiva.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU: