La voz de la ONU es necesaria en un país como el nuestro: Ricardo Ospina

Los atentados contra líderes sociales y exguerrilleros, además de los retos para la implementación del acuerdo de paz con las Farc, han marcado la relación entre el Gobierno del presidente Iván Duque y las diferentes agencias de la ONU que hacen presencia en el país.En las últimas horas, el alto consejero para la Estabilización, Emilio José Archila, respondió, en tono muy molesto, a un comunicado emitido por un grupo de relatores del consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desde Ginebra le pidieron al Gobierno que “deje de incitar la violencia contra los desmovilizados de las Farc”.Archila dijo desde la Casa de Nariño que los tres expertos, relatores de la ONU de la comisión contra la tortura y la desaparición forzada, “opinan desde su ignorancia”, porque, según dijo, no han venido al país, no conocen la situación en el terreno y, adicionalmente, no tienen en su poder insumos suministrados por el Gobierno que les permitan llegar a esas conclusiones.El trasfondo del documento tiene que ver con un episodio, que, en principio, fue mal manejado por el Ministerio de Defensa: se trata del asesinato del exmiliciano de las Farc Dimar Torres en Convención, Norte de Santander.Vea también: Esta semana será decisiva para el caso 'Santrich': opinión de Ricardo OspinaEl documento de los relatores de la ONU cita, por ejemplo, el presunto intento de los militares que participaron en ese homicidio, de encubrir el crimen, luego de que se detectara que estaban cavando una fosa en la que pretendían sepultar el cadáver de Torres.Más allá de este episodio, hay que decir que la relación del Gobierno del presidente Iván Duque con Naciones Unidas ha estado marcada por encuentros y desencuentros relacionados con el asesinato de líderes sociales y con las dificultades para la implementación de los acuerdos de paz.Por ejemplo, con el delegado de la ONU para la implementación del acuerdo de paz, el mexicano Carlos Ruiz Massieu, la relación ha sido bastante cercana y productiva en tono de facilitar la situación para miles de exguerrilleros que decidieron dar el paso definitivo para dejar las armas.En el caso de la oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, su relación con el Gobierno ha sido tradicionalmente más compleja. Recientemente, hay que recordar el duro pronunciamiento de su delegado en Colombia, Aldo Brunori, pidiendo con urgencia al presidente Iván Duque que sancionara la Ley Estatutaria de la JEP.Actualmente, el Gobierno está evaluando el futuro del funcionamiento de las agencias de la ONU en el país para determinar si eventualmente ya no se requiere la presencia de alguna de estas en nuestro territorio.Una de las consideraciones tiene que ver con el costo de esas misiones en el país, que, según datos extraoficiales, costarían anualmente 300 millones de dólares al Gobierno colombiano.En cualquier caso, la voz de la ONU es necesaria en un país como el nuestro, marcado dolorosamente por tantas carencias de derechos fundamentales, eso sí, con conocimiento del tema y sin sesgos.Escuche aquí la columna de opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU.

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Ricardo Ospina

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