A finales de febrero, el presidente Gustavo Petro puso en entredicho la legitimidad del sistema electoral colombiano, al afirmar que la empresa Thomas Greg & Sons manipula la democracia porque según dijo, de manera sospechosa le han entregado el manejo de la base de datos de la Registraduría y el software de escrutinio de las elecciones, por medio de funcionarios cooptados.
La descalificación de Petro al sistema electoral colombiano, del que dijo que es muchísimo peor que el de Venezuela, surgió al referirse al dolor de cabeza que significa para su gobierno la licitación para la expedición de pasaportes, que tras haber sido suspendida de manera presuntamente irregular por el entonces canciller Álvaro Leyva en septiembre de 2023, fue sorpresivamente adjudicada a Thomas Greg & Sons hace pocas semanas por el secretario general de la Cancillería, en contravía de la orden presidencial.
Curiosamente, dos semanas después de las acusaciones del presidente Petro, que mezclan verdades con imprecisiones, la Superintendencia de Industria y Comercio, que depende directamente de la Presidencia de la República, inspeccionó a Thomas Greg & Sons, a la Cancillería y a la Registraduría, según explicó, en el marco de sus funciones de vigilancia frente al cumplimiento de las normas de la libre competencia.
La superintendente Cielo Rusinque defendió la actuación de sus funcionarios en esos casos tras afirmar que están actuando en el marco de las competencias legales y constitucionales y explicó que se trata de una indagación preliminar, pero que busca determinar “si en el curso de contrataciones hubo acuerdos o abusos de la posición dominante o violaciones al régimen de la libre competencia”.
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El registrador Nacional, Hernán Penagos, dijo que la institución que él dirige, siempre estará abierta a colaborar con las autoridades judiciales y administrativas, pero expresó su preocupación al denunciar que en el marco de la visita de la superintendente de Industria y Comercio, algunos funcionarios se extralimitaron y abusaron de su poder, algo que calificó como inaceptable frente a una entidad autónoma e independiente como es la Registraduría.
Más temprano en un evento de Asobancaria en Cartagena, sin mencionar el episodio con la Superintendencia pero sin duda refiriéndose a lo sucedido en la inspección, el Registrador Hernán Penagos advirtió que la Registraduría Nacional “es la única entidad constitucionalmente encargada de custodiar los datos de la identificación de los colombianos”.
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No hay duda de la legitimidad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar investigaciones relacionadas con posibles violaciones al régimen de libre competencia, en particular frente a las empresas privadas que en la mayoría de los casos investigados son las que se “cartelizan” para quedarse con las licitaciones, sin embargo, cuando se trata de entidades del mismo Estado, la solicitud de información debe hacerse en el marco de la colaboración armónica que debe existir y se deben cumplir los protocolos para ese tipo de diligencias, por ejemplo, frente a la necesidad de que en detalles tan simples como la toma de juramento a servidores públicos, la hagan personas que también estén en la misma condición, y no contratistas de la entidad, como en el caso sucedido en la Registraduría y sobre todo, debe primar el respeto por la independencia de poderes.
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