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Objetar ley estatutaria de JEP desataría choque de trenes inédito: opinión de Ricardo Ospina

Si Duque objeta la normatividad, la JEP podría aplicar la sentencia de la Corte, aún sin sanción presidencial.

Ricardo Ospina // Foto: Blu Radio
Ricardo Ospina // Foto: Blu Radio

Difícilmente la creación de una nueva instancia dentro del Estado colombiano haya tenido mayores problemas que la Jurisdicción Especial de Paz.

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Se trata de un engranaje clave para buscar verdad, justicia, reparación y no repetición tras más de cinco décadas de conflicto armado y si bien no incluye ni al ELN ni a las bandas criminales, su propósito inicial había sido contribuir al cierre de profundas heridas, procesando bajo los cánones de la justicia transicional, los crímenes cometidos por guerrilleros, paramilitares, policías, militares e incluso empresarios y particulares vinculados a esas actividades ilícitas.

Paulatinamente han sido recortadas algunas de sus competencias iniciales, como la posibilidad de procesar a todos los terceros o civiles que hubieran participado de manera determinante en crímenes durante el conflicto, y también ha tenido choques con otras entidades del Estado como la Fiscalía, por el manejo de los bienes incautados y reportados por las Farc para reparar a sus víctimas.

Hoy está jugándose su última prueba de fuego, que es la ley Estatutaria. Se trata de la hoja de ruta que permite conocer con claridad los procedimientos que deben aplicar magistrados y otros funcionarios de la JEP para los procesos que tiene en sus despachos.

En teoría, este último tramo debería ser cuestión de trámite, pero de manera inusual, esa ley, declarada exequible por la Corte en agosto del año pasado, sufrió un retraso en su “viaje” desde el Congreso de la República al despacho del presidente Iván Duque, quien solamente recibió la ley para su sanción, el pasado ocho de febrero, pese a que reposaba en sus oficinas desde diciembre del año pasado.

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En este momento, la suerte de la ley estatutaria de la JEP está en manos del presidente, quien tiene un plazo de 20 días desde el momento de haberla recibido, para proceder a su firma, pero ya se ha anticipado que eventualmente, podría pedir aclaraciones, o incluso objetarla parcial o totalmente, alegando motivos de inconveniencia.

El presidente dijo el sábado pasado en Washington que es mejor tener una ley estatutaria para la JEP, pero admitió que tiene preocupaciones frente a los beneficios que le concede la ley estatutaria a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad en el marco del conflicto.

La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez admitió de hecho en Medellín, que el presidente podría objetar, no por razones de inconstitucionalidad sino de inconveniencia, algunos apartes de esa ley estatutaria.

En las últimas horas hubo dos pronunciamientos muy duros que sin duda entran a jugar en las consideraciones del presidente Duque: el fiscal general le mandó una carta al jefe de Estado, en la que afirma que, pese a que en el Congreso la ley Estatutaria fue aprobada con las decisiones “más convenientes”, el texto sometido a sanción presidencial “resultaría altamente inconveniente”, palabra esta última clave para la decisión de la Casa de Nariño.

Las preocupaciones del fiscal tienen que ver con los delitos de ejecución permanente, el deber de no repetición de los desmovilizados, la falta de resolución de crímenes en el conflicto mientras asume competencia la JEP y la impunidad sobre los crímenes de guerra.

A esto se sumó una ofensiva del centro democrático desde sus redes sociales, encabezada por su máximo líder, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, quien anoche lanzó siete mensajes en Twitter sobre la inconveniencia de la ley estatutaria, incluso llegando a decir en uno de ellos que lo menor era eliminar la JEP.

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En la tarde de ayer hubo otra tendencia en redes dedicada a defender esta ley estatutaria y se sumó una carta al presidente Duque firmada por 227 ONG en la que le piden que sancione con urgencia y sin objeciones, esa norma.

Para concluir este muy complejo escenario, en la tarde de ayer la JEP emitió un comunicado en el que dicen que lo que señala el fiscal es una opinión, dejando entrever lo que dicen varios constitucionalistas en el sentido de que las advertencias de Néstor Humberto Martínez son extemporáneas, pero además reiterando la urgencia para que el presidente Duque sancione esta norma ya que lo que está en vilo son los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de 9.691 exguerrilleros de las Farc, 1.958 miembros de la Fuerza Pública y 39 agentes del Estado que se sometieron a esta jurisdicción.

Si el presidente decidiera objetar la ley estatutaria de la JEP estaríamos ante un choque de trenes sin precedentes en la historia del país, la JEP terminaría aplicando la sentencia de la Corte, aún sin sanción presidencial de la ley y apelaría además a normas como el Código Penal y la Constitución para darse su normativa.

Pero además, el Gobierno quedaría con una situación muy difícil para que la Corte avale aspectos clave para su futuro como la Reforma Tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y la reanudación de la aspersión aérea con glifosato.

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