Prueba ácida para el acuerdo de paz: opinión de Ricardo Ospina

Mientras se cumplieron dos años del triunfo del No en el plebiscito por la paz, la realidad política hoy hace ver que el paso de las Farc de la lucha armada a la política sin balas ha sido traumático, en particular porque se han acentuado las diferencias que habían aflorado incluso desde los diálogos exploratorios, cuando se habían diferenciado dos sectores. Hoy esas dos facciones parecieran caminar hacia el punto en el que deben decidir si la ruptura será definitiva: Rodrigo Londoño, Timochenko, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Pastor Alape entre otros, decidieron apostar por el camino de la legalidad, apoyando la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros, reconociendo a la JEP y participando en política.Vea también: Comisión de paz sugirió a Iván Márquez y a ‘El Paisa’ acudir a la JEP Una muestra del desmarque de ese grupo frente al que encabezan Iván Márquez, quien fuera jefe negociador de paz en La Habana y Oscar Montero, El Paisa, el temible asesino de la Columna Móvil Teófilo Forero, fue la reacción del partido Farc, encabezado por Lozada, quien desmintió a Márquez y le dijo que no es cierto que el acuerdo de paz haya fracasado. Ese pronunciamiento sin duda es la crítica más directa y fuerte a Márquez por parte de sus excompañeros de armas, quienes seguramente, tarde o temprano, tendrán que decidir si lo mantienen adentro del partido o si simplemente deciden expulsarlo. Pareciera que el reloj de arena comienza a terminar el ciclo para Iván Márquez y para El Paisa, porque además de la presión que comienza a meter su propio partido, la JEP se apresta a tomar decisiones en caso de que no ratifiquen su sometimiento ni entreguen informes sobre cómo han respaldado la implementación del acuerdo de paz. En cualquier caso, para los colombianos sería muy duro que estos dos hombres, entre otros, se reintegren al ciclo de violencia que parece no tener fin, por el duro golpe que le propinarían al acuerdo del teatro Colón. Eso lo entiende la Procuraduría que les puso los puntos sobre las íes y respaldó el ultimátum de la magistrada Julieta Lemaitre de la JEP frente al caso de la ratificación de su sometimiento a la jurisdicción especial. La JEP hoy tiene en sus manos dos casos que sin duda son la prueba ácida del acuerdo de paz: la extradición de Jesús Santrich y la eventual expulsión de Iván Márquez y por eso requiere de toda la legitimidad, que hoy resulta herida con el llamado a imputación de cargos a la actual directora administrativa Marta Lucía Zamora por presuntos favorecimientos o encubrimientos a exmiembros de las Farc. Los delitos que se le imputarán en pocos días son asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. Hay un dato importante y es que los señores July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, también objeto de imputación de cargos, fueron contratistas de la JEP hasta el pasado 10 de septiembre y no les fueron renovados sus contratos. Escuche completa esta editorial: