Es un verdadero drama el que tienen que enfrentar los hombres transgénero que no tienen definida su situación militar.
La libreta militar es un requisito para muchos trámites y también para acceder a derechos como la educación y el trabajo. Cuando una persona trans, que hizo cambio de sexo de mujer a hombre en su documento de identidad, se encuentra con un policía o un militar y le piden sus documentos empieza a vivir todo un calvario.
Muchas veces los conducen a las Unidad Permanente de Justicia, las llamadas UPJ, y allí, afirman, sufren toda clase de abusos. “En estos lugares han sido víctimas de violencia verbal, física y psicológica, e incluso tenemos reportes de chicos que nos dijeron que habían sido víctimas de abuso sexual”, explicó a Blu Radio Jhonnatan Espinosa, activista y director ejecutivo de la Fundación Ayllu Familias Transgénero.
Entre los testimonios también está el caso de Juan José Lizarazo, quien hizo su trámite de cambio de sexo en su documento hace cuatro años y relató que la peor parte es cuando accede a los servicios de transporte, una actividad que es cotidiana para muchos ciudadanos, pero que para una persona como él se convierte en todo un dolor de cabeza.
“Para mí siempre es muy complejo el simple hecho de acceder a un servicio público como es el transporte porque, sinceramente, me genera mucho pánico que me pidan el documento y no tenerlo. Desde que hice el cambio tengo que cumplir ese requisito y no lo tengo, no lo he podido hacer porque hay una barrera para nosotros para tenerlo con mayor agilidad, como cualquier otro documento”, indicó Lizarazo.
Hay por lo menos 151 casos reportados y por eso la representante Katherine Miranda presentó un proyecto de ley para regular el servicio militar de hombres transgénero, así como establecer las medidas que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación de la población transgénero, para que definan su situación militar.
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La iniciativa plantea puntualmente que no solo las mujeres, sino también los hombres transgénero, puedan prestar el servicio militar de manera voluntaria y sea obligatorio para ellos solo cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno nacional lo determine.
El proyecto plantea también que el Ministerio de Defensa tome las medidas para prevenir discriminación en estos casos, dándole un plazo de seis meses a partir de la sanción de la ley para reglamentar esos protocolos.
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