En el marco del Día de la Lucha contra la Corrupción, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó detalles de “El libro de la verdad”, un documento que, según el Ejecutivo, recopila y documenta más de 80 casos de presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Durante la presentación, el presidente De La Espriella expuso cuestionamientos relacionados con el manejo de las finanzas públicas, la contratación estatal y diferentes programas y entidades del Estado. El mandatario aseguró que Colombia enfrenta actualmente un déficit fiscal equivalente al 7,8 % del PIB y cuestionó el nivel de endeudamiento utilizado durante el anterior Gobierno.
De acuerdo con De La Espriella, entre enero y agosto de este año se utilizó el 97 % del endeudamiento anual de la Nación. El presidente también señaló diferentes situaciones que, según su Gobierno, comprometen las finanzas públicas y requieren ser revisadas.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el director de la Agencia Jurídica expusieron nueve comportamientos considerados críticos, entre ellos, la falta de rigor técnico, recursos sin ejecutar y pérdida de control ejecutivo.
Estas situaciones, según lo presentado por el Gobierno, estarían relacionadas con casos que involucran el manejo de la deuda pública, el Páramo de Santurbán, contratos con fondos irregulares, sea financiamiento del programa Colombia Mayor, contratos en la Cancillería, además de procesos con anomalías en entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Invías, la UNGRD y el Icetex.
Uno de los casos señalados por el presidente fue el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De La Espriella aseguró que la entidad “giró 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de 1,38 billones de pesos”.
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El mandatario también cuestionó la contratación por prestación de servicios en el Ejecutivo. Según afirmó, “se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de 900.000 contratos de prestación de servicios” y agregó que “esas corbatas causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos a las finanzas públicas”.
Otro de los asuntos mencionados fue la prestación del servicio de la empresa Air-e en la región Caribe. Sobre este punto, De La Espriella afirmó que la situación “refleja pérdidas por 2,59 billones de pesos”.
En materia de seguridad y defensa, el presidente cuestionó la situación presupuestal de las Fuerzas Militares y sostuvo que, según sus cálculos, “por cuenta de la Paz Total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército fue castigado presupuestalmente con un déficit de 23 billones de pesos”.
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También se refirió al programa Colombia Mayor, del que aseguró que está desfinanciado y que requiere cerca de 630.000 millones de pesos mensuales para garantizar su funcionamiento.
La Cancillería fue otro de los sectores incluidos en los cuestionamientos. De La Espriella afirmó que se suscribieron 785 contratos por 83.000 millones de pesos antes de la Ley de Garantías y cuestionó cambios en los requisitos para representar a Colombia en el exterior, entre ellos, la eliminación del requisito de segundo idioma. Además, señaló que se destinaron 8.500 millones de pesos a sedes temporales por periodos de entre 90 y 120 días.
El Gobierno también anunció una nueva herramienta dentro de su estrategia contra la corrupción: el uso de inteligencia artificial para rastrear el destino de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades en la contratación estatal.
La presentación de “El libro de la verdad” hace parte de la estrategia anunciada por la administración de De La Espriella para revisar actuaciones del anterior Gobierno y poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos. Las cifras y señalamientos expuestos corresponden a las afirmaciones realizadas por el Ejecutivo durante la presentación del documento.
La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, confirmó la conformación de un equipo especial encabezado por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción. “Cualquier información será examinada con independencia y con pleno apego a la ley, sin consideraciones políticas”.