El presidente Gustavo Petro expidió la Directiva Presidencial 05 de 2026, mediante la cual ordena a varias entidades del Gobierno Nacional adelantar acciones para garantizar la continuidad de los programas y políticas que estaban a cargo de esta cartera, cuya existencia está próxima a terminar tras la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley que la creó y las dificultades para tramitar una nueva iniciativa en el Congreso.
La directiva está dirigida a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Departamento Administrativo de la Función Pública. El objetivo es coordinar una transición institucional que permita mantener en funcionamiento las estrategias destinadas a atender a poblaciones discriminadas, vulnerables o sujetas de especial protección constitucional.
En el documento, el Gobierno reconoce que la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y que, pese a la radicación de un nuevo proyecto de ley para restablecer la entidad, este no logró avanzar lo suficiente en el Congreso antes del vencimiento del plazo fijado por el alto tribunal.
Ante ese escenario, Petro ordenó a las entidades involucradas adelantar los trámites necesarios para expedir los decretos que permitan reorganizar las funciones, los programas, el personal y la estructura administrativa que actualmente dependen del Ministerio.
La directiva también establece tareas específicas para varias entidades. Función Pública deberá brindar acompañamiento técnico en asuntos relacionados con empleo público, organización administrativa y gestión institucional. Por su parte, el Ministerio de Hacienda tendrá que evaluar la viabilidad financiera y presupuestal de las medidas que se adopten durante la transición.
El Departamento Nacional de Planeación deberá garantizar que las decisiones que se tomen estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Gobierno. Entre tanto, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá acompañar el proceso para prevenir eventuales demandas y proteger los derechos laborales de los funcionarios vinculados a la cartera.
La directiva concluye con una instrucción para que los ministros y directores de las entidades involucradas adopten de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar una transición ordenada. Además, fija como fecha límite el próximo 17 de junio para remitir a la Secretaría Jurídica de la Presidencia los actos administrativos requeridos para implementar la reorganización.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.