Un grupo de 38 juristas manifestó su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía dentro de la investigación relacionada con los casos de "La Granja", "El Aro" y el homicidio de Jesús María Valle, en la que se vincula procesalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un comunicado, los abogados hicieron un llamado para que las actuaciones judiciales se desarrollen con estricto respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas.
Los firmantes sostienen que, en procesos que han sido objeto de investigaciones durante varios años, las decisiones deben adoptarse únicamente después de agotar, de manera suficiente y razonable, las posibilidades de esclarecimiento de los hechos, incluida la práctica de las pruebas solicitadas por las partes. Asimismo, señalaron que ninguna consideración política, mediática o coyuntural debe sustituir la valoración integral y rigurosa de los elementos probatorios.
“Resulta fundamental reiterar la independencia con la que la administración de justicia debe operar en este y en cualquier proceso penal en Colombia. Este proceso penal, al igual que todos, debe también garantizar al procesado el ejercicio legítimo y pleno de su actividad defensiva", señaló Amir Nayi Abusihab, integrante del grupo.
En el documento, el grupo plantea cuatro aspectos que, a su juicio, merecen reflexión desde una perspectiva constitucional. Entre ellos, menciona que el llamado a la vinculación formal del expresidente se produjo después de más de una década de investigaciones, sin que se conozcan públicamente nuevos elementos que hayan modificado los fundamentos de una decisión inhibitoria adoptada anteriormente por la Fiscalía. También expresa inquietud por la reapertura de líneas de investigación previamente cerradas; por la existencia de solicitudes probatorias de la defensa que, según lo informado por los medios de comunicación, no habrían sido resueltas; y por el hecho de que estas decisiones coincidan con un contexto de alta polarización política en el país.
Finalmente, los juristas hicieron un llamado a las autoridades competentes para que todas las actuaciones se adelanten con transparencia, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales. Agregaron que la vigencia del Estado de derecho exige que los procesos judiciales sean valorados por sus fundamentos jurídicos y probatorios, preservando las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.