Un fuerte llamado de atención a la defensa de Nicolás Petro lanzó el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, luego de que el abogado suplente que reemplazó a Alejandro Carranza en la diligencia de este martes no llegara preparado para sustentar su apelación en la audiencia preparatoria al juicio que se le adelanta al hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.“Esta fecha se concertó con la defensa y debió venir preparado para que, en cualquier momento, cuando terminaran sus antecesores, comenzara con la sustentación de los recursos. Entiende el juzgado que cuando se designa un abogado suplente es para que actúe y no para que simplemente haga presencia de conectividad”, enfatizó el juez Carbonó.Asimismo, indicó que “la defensa no insertó excusa alguna” para que el abogado titular de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, no acudiera a la diligencia que se programó con muchos días de anticipación, pese a que hoy, a través de su suplente, informó que se encontraba fuera del país cumpliendo una citación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.“Al correo del juzgado no ha llegado nada al respecto. Ante esto, el juzgado tiene que exhortar a la defensa por haber desaprovechado esta tarde, cuando pudo haber iniciado la sustentación del recurso y si el abogado suplente no está preparado, entonces no debe aceptar presentarse”, subrayó el juez.La fiscal Lucy Laborde manifestó su inconformidad por la suspensión de la audiencia y pidió al juez que compulsara copias, tanto al abogado suplente como a Alejandro Carranza, por no iniciar con su intervención.“Fueron más de 10 aplazamientos de la defensa durante este año, por eso me opongo a que se aplace esta audiencia y se retome en febrero. Esta diligencia fue programada de común acuerdo entre todas las partes y tenemos al doctor Jerry Deazar, quien pudiera iniciar su intervención. A la Fiscalía es a la que se le acusa de realizar un engavetamiento, cuando lleva el doctor Carranza más de 10 aplazamientos, incluidos el del día de hoy”, sustentó la fiscal.Finalmente, el juez Carbonó decidió no compulsar copias ni a Alejandro Carranza ni a su abogado suplente, pero enfatizó que no permitirá que este episodio se repita, pues, en ese caso, sí ordenará una investigación por entorpecer el proceso.Así las cosas, la continuación de las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se retomará los días 23, 24 y 26 de febrero, comenzando con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos sobre las pruebas y testigos que el juez admitió y los que no se llevarán al juicio oral.
La representante de la abogada y fiscal seccional Liceth Córdoba cuestionó la reciente celebración pública del cantante Luis Eduardo “Lowe” León sobre su absolución en España por el caso de violencia intrafamiliar, al recordar que actualmente cursa un recurso de apelación ante la justicia de ese país.Aunque el fallo absolutorio fue proferido a inicios de este año, solo recientemente el equipo del artista difundió un comunicado anunciando la victoria judicial, lo que generó inconformidad en la representación de Córdoba debido a que el proceso sigue activo en sede internacional.Según explicó su abogada, Wendy Herrera, la sentencia que absolvió al cantante fue proferida el 19 de mayo de 2025 y apelada el 23 de mayo del mismo año. Aseguró que la decisión se recibió con respeto, pero también con “profundo asombro” por la rapidez con la que se resolvió y por los argumentos utilizados para absolver a León.La representación sostiene que la sentencia no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por la víctima, que no se admitieron testigos esenciales y que se produjo un fallo “inusualmente rápido”.También cuestionó la falta de perspectiva de género en el análisis del testimonio de Córdoba, señalando que el juez consideró que ella buscaba obtener ventajas en el proceso de divorcio, pese a que para la representación, la víctima habría actuado por el miedo y la urgencia de regresar a Colombia con su hijo.Frente a la publicación del comunicado del cantante en noviembre, la abogada del artista en España, Silvia Aucejo, afirmó que el contenido se divulgó en la fecha que su cliente consideró oportuna, alegando que había información incorrecta circulando sobre su situación judicial.A la controversia internacional se suma la disputa por la custodia del hijo de la pareja. La abogada de Córdoba confirmó que actualmente enfrentan un proceso de restitución internacional iniciado supuestamente por León, quien solicita que el menor regrese a España.Sin embargo, la defensa de la madre sostiene que el niño ha vivido en Barranquilla y que no existe fundamento para enviarlo a un país donde ninguno de los padres es ciudadano. La abogada calificó la solicitud como preocupante y consideró que la reciente exposición pública del caso podría responder a “una estrategia de marketing” vinculada a los proyectos musicales del cantante.En paralelo, continúa en Colombia el proceso penal por presunta violencia intrafamiliar agravada contra León. La abogada que integra la defensa de Córdoba recordó que la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación. La audiencia concentrada está programada para el 23 de febrero de 2026.Por su parte, la defensa de León en Colombia, la abogada Luz Marina Berrio, explicó que el caso avanza bajo el procedimiento penal abreviado establecido en la Ley 1959 de 2019, en la cual la denuncia penal por violencia intrafamiliar, se une la investigación y la imputación, en un escrito de Acusación.Detalló que la audiencia concentrada, que reúne en un solo acto la acusación y la preparatoria, ya inició con la verbalización del escrito por parte de la Fiscalía, pero la intervención de la defensa técnica aún está pendiente debido a la suspensión de la diligencia, que continuará en febrero de 2026. Sostuvo que en esa próxima sesión la defensa de León podrá descubrir y presentar sus pruebas “en igualdad de armas” con el ente acusador.
La tarde de este martes, el juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, sigue anunciando cuáles pruebas permitirá y cuáles no en el juicio contra Nicolás Petro. Indicó que, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, defensa del hijo mayor del presidente, de no admitir varios informes financieros presentados por la Fiscalía, estos sí podrán ser llevados al juicio como parte de los elementos con los que el ente acusador busca sustentar la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.“A partir de las consideraciones puesta, el despacho observa que los informes de contexto económico y financiero elaborados por los funcionarios del cuerpo técnico investigación aún cuando no provienen de perito formalmente acreditado, como lo sostiene la defensa, no pierden su valor como documento dentro de un acervo probatorio, siempre que su incorporación se realice conforme a las reglas de autenticidad, cadena de custodia y contradicción”, precisó.El juez también indicó que sí permitirá que se presenten los informes sobre una camioneta Chevrolet Tahoe, que aunque no está a nombre del exdiputado del Atlántico, presuntamente le fue entregada como dádiva. Consideró que esta prueba es importante teniendo en cuenta que la Fiscalía en su teoría ha manifestado que el procesado tiene varios bienes a nombre de otras personas.“El procesado, conforme lo sostiene la Fiscalía, se le atribuye presuntamente haber incrementado para sí y para otros su patrimonio de una manera justificada y a su vez lo hizo adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes provenientes del delito de enriquecimiento ilícito de terceros. En este contexto, la Fiscalía indica que el referido vehículo Tahoe haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádiva, o beneficio patrimonial.Informes de Day VásquezDurante la diligencia, el juez también hizo referencia al informe con datos extraídos del teléfono celular que le fue incautado a Day Vásquez, y el cuál el abogado Alejandro Carranza pretendía que se quedara por fuera del juicio contra Nicolás Petro. Frente a este elemento, el juez también consideró admitirlo como una de las pruebas que podrá usar la Fiscalía en el juicio.Carbonó consideró que el equipo telefónico fue entregado de forma voluntaria, sin ninguna violación de los derechos e ilegalidad en el procedimiento.“Se advierte que la declaración rendida por la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro no vulneró derechos fundamentales ni constituyó afrenta a la dignidad humana, a la intimidad o al debido proceso, ni desconoció la inviolabilidad de su domicilio. Por lo contrario, ella prestó voluntariamente su consentimiento y en pleno uso de sus facultades cognitivas permitió la práctica de la diligencia en su residencia. En el video aportado por la defensa de Nicolás se observa que la testigo se muestra conforme con la diligencia practicada sin evidencia de presión alguna por parte del fiscal o del investigador presente”, precisó el juez.Asimismo, el juez rechazó la solicitud de la defensa que pedía excluir del juicio los registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025, al considerar que estos “conservan relación con los hechos jurídicamente relevantes” para la investigación que se adelanta.Juez reitera exclusión de interrogatorio de Nicolás PetroEl juez Hugo Carbonó insistió la tarde de este marte en acoger la petición del abogado Alejandro Carranza sobre excluir del juicio a Nicolás Petro, todos los documentos que resultaron del intento de preacuerdo con la Fiscalía que inició el procesado. El juzgado resolvió no permitir que sean llevadas a juicio luego de que estos documentos no fueran aprobados ante una autoridad penal. La audiencia fue suspendida y el juez continuará el miércoles 5 de noviembre a las 8:00 de la mañana.
Justicia condenó este jueves a 10 años de prisión a un acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación celebrado en Francia, un año más que la pena que recibió en primera instancia."El tribunal y el jurado condenan a Husamettin Dogan a 10 años de prisión", anunció Christian Pasta, presidente del tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia, tras casi tres horas de deliberación.Dogan fue el único de los 51 hombres condenados en diciembre en recurrir la sentencia. La fiscalía había pedido una pena de 12 años por participar en una acción de "destrucción masiva" de Pelicot.Este exobrero de la construcción de 44 años, de pie en el banquillo de los acusados, no reaccionó al anuncio de la sentencia.Los tres magistrados y los nueve miembros del jurado popular no siguieron la línea de la defensa, que aseguraba que su cliente no tenía intención de violarla."Nunca quise hacer daño a esta mujer", reiteró el hombre en sus últimas palabras ante el tribunal.Con la postura de Dogan, "que no quiere asumir responsabilidades", "esta pena de 12 años que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido", pidió poco antes el fiscal, Dominique Sié.El acusado defendió que fue manipulado en 2019 por el entonces marido de la víctima, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.La defensa sostuvo que su cliente creía participar en una fantasía de una pareja libertina. "En [el concepto] libertino, hay libertad: todo es concebible, todo se puede transgredir", dijo su letrado Jean-Marc Darrigade.Sin embargo, durante el juicio iniciado el lunes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente" de la situación, una hipótesis confirmada por el propio Pelicot.El tribunal también proyectó videos de los hechos. Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones y penetrándola.Dogan es un hombre "totalmente responsable de sus actos", que "negó la humanidad de la señora Pelicot" y "participó como todos los demás en una obra de destrucción masiva de una mujer abandonada a merced", aseguró Sié.¿"Consentimiento"?"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada por que el acusado no se considere un violador.El fiscal abundó en esta línea: "Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento".Este caso conmocionó al mundo. Además de Dominique Pelicot, los magistrados condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial."La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva", dijo a la víctima el representante del ministerio público.Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.
Kate McCann, la madre de la pequeña Madeleine, desaparecida en 2007 en Portugal, relató el miércoles ante la justicia británica la "ansiedad" que le causó una joven polaca, juzgada por acoso, que afirmaba ser su hija.El juicio de Julia Wandelt, de 24 años, comenzó el lunes en el tribunal de Leicester, en el centro de Inglaterra.Esta polaca, arrestada en febrero de 2025, está acusada de haber llamado y escrito en numerosas ocasiones durante más de dos años y medio a los padres de Maddie, Kate y Gerry McCann, y de haberse presentado en su domicilio."El nivel de estrés y ansiedad que esto me causó aumentó con el tiempo", relató Kate McCann ante el tribunal. La madre de la pequeña solo se sintió "realmente más tranquila" después del arresto de Julia Wandelt.Madeleine McCann, que entonces tenía 3 años, desapareció en mayo de 2007 de un apartamento de vacaciones en el Algarve, en el sur de Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.Su desaparición, que nunca se ha esclarecido, tuvo una gran repercusión mundial.En abril de 2024, Julia Wandelt llamó más de 60 veces en un solo día a los padres de Maddie, según la acusación. "Déjenme una oportunidad, no soy una mentirosa", suplicó en un mensaje dejado en el contestador familiar.Julia Wandelt está siendo juzgada junto a Karen Spragg, de 61 años, también acusada de acoso.Las dos acusadas, que niegan los cargos, se habían presentado juntas en el domicilio de los McCann en diciembre de 2024.
Tras ser juzgado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, un juez sancionó con siete años de privación de la libertad en centro de reclusión al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuando le disparó varias veces mientras realizaba un acto de campaña en Modelia, Bogotá, el pasado 7 de junio. Este miércoles, 27 de agosto, se realizó la lectura de la sentencia por parte de un juez especializado en infancia y adolescencia, en contra alias ‘Tianz’, quien disparó contra el senador. La decisión es una sanción en un sitio de reclusión especial.La audiencia fue virtual y reservada por tratarse de un menor de edad. Al no ser mayor, hay un límite de condena máximo de ocho años.“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses”, manifestó el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de la víctima.Señaló que respeta la decisión, “pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”. No obstante, se fue contra la ley porque consideró que “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.La defensa de la familia de la víctima apeló la decisión de primera instancia.Alias 'Tianz' aceptó los cargosUn aspecto importante en este caso es que el imputado aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; por eso no se le aplicó la máxima sanción.“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El costeño’. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”, explicó la Fiscalía. Los demás detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe TurbayHay que resaltar que los demás detenidos tienen un proceso diferente y va menos avanzado.Los demás procesados son Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El costeño’, señalado de coordinar el material del magnicidio; Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, mencionada como responsable de entregar el arma al sicario; Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El veneco’, conductor del vehículo Spark gris donde el responsable de disparar recibió el arma; William González Cruz, alias ‘El viejo’, quien habría sacado a ‘El costeño’ y ‘Gabriela’ de la zona del atentado en un volkswagen azul; y, finalmente, Christian González Ardila, conductor de una moto donde sacarían de la escena de crimen al sicario.El día del atentado en BogotáEn ese momento, luego de disparar entre la multitud, el joven salió corriendo y tras una persecución por parte de la Policía y miembros del esquema de seguridad del senador, fue capturado esa misma tarde. Tenía una herida en la pierna y fue encontrado con un arma. Fue puesto bajo disposición de las autoridades y el ICBF, al tratarse de un menor de edad. Mientras su proceso se adelantaba, Miguel Uribe murió en la Fundación Santa Fe.
En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Óscar Santiago Gómez, expareja de la periodista Laura Camila Blanco, un juez de control de garantías no solo avaló su detención preventiva, sino que además le cuestionó la actitud que asumió durante el proceso judicial.Gómez fue capturado en Bogotá por funcionarios del CTI de la Fiscalía, señalado del delito de feminicidio agravado. La investigación apunta a que, en la madrugada del 21 de agosto, la joven comunicadora de 26 años perdió la vida tras caer desde un noveno piso en un edificio del barrio El Salitre, en el occidente de la ciudad.Aunque inicialmente el caso se indagó bajo la hipótesis de un posible suicidio, los hallazgos forenses y testimoniales cambiaron el rumbo de la investigación. Según la Fiscalía, Blanco fue víctima de violencia de género ejercida por su entonces pareja, quien habría atacado a la joven antes de arrojarla por la ventana.Durante la diligencia, el ente acusador expuso que el procesado habría estrangulado y sofocado a Laura, aprovechando su fuerza física, y que posteriormente la lanzó al vacío cuando ella se encontraba debilitada. “Sería falaz e imaginario pretender que en la medida que iba cayendo al vacío se iba estrangulando. Según la prueba científica, fue un hecho sucedido antes de la caída”, señaló el juez al analizar la necropsia.El togado enfatizó que en la escena solo se encontraban Gómez y la víctima, y que los gritos y la discusión escuchada por vecinos refuerzan la inferencia de responsabilidad. “La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez”, sentenció.El comportamiento de Óscar Gómez que cuestionó el juezSin embargo, lo que más llamó la atención fue el comportamiento del imputado en sala. El juez lo calificó como un “comportamiento distractor”, al advertir que intentó aparentar un colapso emocional para sostener la versión de que se trataba de un suicidio. “Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo (…) con un fin distractor”, dijo.Al cierre de la audiencia, la justicia concluyó que el acusado representa un peligro para la sociedad y ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
En una jornada judicial sin precedentes, Colombia se mantuvo en vilo este lunes, 28 de julio, a la espera del veredicto del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (ver en vivo aquí), acusado de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. Antes de dar a conocer el sentido del fallo, la jueza Sandra Heredia, encargada del caso, ofreció un discurso inicial buscando sentar un precedente sobre la naturaleza de la justicia en el país.La jueza Heredia inició la audiencia con una declaración que resonó fuertemente, enfatizando que el derecho no cede ante presiones externas: Subrayó que, a pesar de las pasiones, opiniones divididas y emociones movilizadas por el juicio, la administración de justicia se mantiene incólume.En su intervención, la jueza Heredia dejó claro que la decisión no tendría motivaciones políticas ni de otra índole ajena a la ley. Explicó que "la justicia como Temis no ve nombres, ni cargos, ni estatuas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia". Remarcó que la administración de justicia no está al servicio de la política, la prensa o la historia, sino al "pueblo colombiano que merece exige una justicia imparcial, transparente, libre libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente".La jueza insistió en que el juicio ha sido un proceso garantista y profundamente respetuoso del debido proceso y la presunción de inocencia, a pesar de haber enfrentado "tormentas de la opinión pública" e "intentos de legitimación" y ataques contra la judicatura. En un punto crucial de su discurso, la jueza fue enfática al desvincular el juicio de cualquier connotación política o de revancha: Además, la jueza hizo una mención especial al rol de las mujeres en la conducción de este proceso, destacando su valentía frente a ataques y cuestionamientos que, a su juicio, quizá no se habrían formulado si quien decidiera fuera un hombre. Resaltó que "la toga no tiene género, pero sí carácter" y que las mujeres administran justicia "con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial".Antes de la lectura del veredicto, la jueza Heredia sentenció que la decisión se centraría únicamente en los hechos y no en el nombre del acusado. "Hoy este estrado no decide sobre un nombre de Decide sobre unos hechos. Y esa distinción es vital. El sentido del fallo que se dará a conocer no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral".Finalmente, la jueza hizo un llamado a la sensatez y al respeto, pidiendo que el momento fuera entendido con la altura y madurez que merece. Agradeció la confianza depositada en la judicatura, invitó a quienes dudaban a escuchar con atención y solicitó a los medios informar con responsabilidad, recordando que el valor de un Estado radica en cómo se construyen, sustentan y defienden sus decisiones.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante legal del testigo clave Juan Guillermo Monsalve y de Deyanira Gómez, afirmó este martes que ve altamente probable una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que se le sigue por fraude procesal y soborno en actuación penal. En entrevista en Mañanas Blu 10:30 con Camila Zuluaga, del Río ofreció detalles técnicos y procesales del caso, que ha captado la atención nacional desde 2018.“La Fiscalía General de la Nación solicita un sentido de fallo condenatorio”, señaló del Río, en relación con los alegatos finales presentados recientemente ante la jueza 44 penal del circuito.El proceso entra en su fase finalEl juicio contra el expresidente Uribe, quien renunció a su curul en el Senado para enfrentar este proceso en la justicia ordinaria, ha tenido múltiples etapas, incluyendo investigaciones de la Corte Suprema, la Fiscalía General y ahora la judicatura ordinaria. Durante los últimos días se han escuchado los alegatos finales de las partes: Fiscalía, Procuraduría, defensa y víctimas.Según explicó del Río, “la jueza se tomará un mes aproximadamente para emitir su decisión”, lo que permitiría conocer el sentido del fallo en la primera semana de agosto.“El delito tendría en este momento un carácter de intramural, frente a la decisión o a la sanción penal establecida por la jueza 44”, explicó.Apelación y riesgo de prescripciónEl fallo, sin importar su naturaleza (condenatorio o absolutorio), podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, el proceso enfrenta una limitación de tiempo clave: la prescripción de la acción penal sería el 16 de octubre de 2025.“Si el tribunal no decide antes del 16 de octubre de 2025, prescribiría la acción penal y se terminaría el proceso”, advirtió del Río. Esto implica que la segunda instancia deberá resolverse antes de esa fecha, o de lo contrario el caso quedaría sin una decisión ejecutoriada, cerrando sin condena ni absolución firme.Monsalve, testigo clave en el juicioUna parte importante del proceso se sostiene en la declaración de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y considerado “testigo estrella” en el caso. Según el abogado del Río, la credibilidad de Monsalve se ha mantenido firme, pese a los intentos por desacreditar su testimonio.“Nada de lo que él ha podido establecer ha sido desvirtuado”, aseguró del Río, subrayando que incluso los intentos por desacreditarlo a través de familiares no lograron desmontar su versión de los hechos.Monsalve declaró haber presenciado la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en la Hacienda Guacharacas, una finca de propiedad de la familia Uribe Vélez, en compañía de otros actores del conflicto armado como los hermanos Gallón Henao.“Parte del andamiaje de estos hechos jurídicamente relevantes se soportan en su declaración”, afirmó.
Tras la suspensión del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, por acusaciones contra una de las juezas por su presunta vinculación con un documental sobre el proceso, una de las personas señaladas como realizadoras se presentó este sábado ante la Fiscalía como "amiga" de la magistrada y confesó la existencia de una película amateur."Nuestra 'idea creativa', era mostrar la cuestión de un juicio de mucha trascendencia desde la perspectiva de una jueza y, por supuesto, de poder concretarse sería luego de que el juicio terminara", declaró este sábado María Liada Vidal Alemán, quien se presentó como una amiga de la infancia de la magistrada Julieta Maktintach.Tras la suspensión el pasado martes del juicio por la muerte de Maradona, la Justicia argentina investiga la existencia del documental y la supuesta vinculación de la jueza Julieta Makintach con el mismo.En el contexto de dicha investigación, una de las dos personas señaladas como realizadoras se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía y contó que, si bien hace tiempo que tiene ganas de entrevistar a su amiga, "el hecho de que hubiera sido asignada como jueza para uno de los juicios orales más trascendentes del país" le potenció la idea de hacer algo al respecto."El proyecto que yo tenía en mente era y es absolutamente amateur, ya que no soy periodista y solo tengo admiración por mi amiga y por eso me divertía tener esta posibilidad de entrevistarla", declaró la testigo espontánea.Con dicho objetivo en mente, Vidal Alemán involucró al marido de una de sus amigas, Juan Manuel d'Emilio -con experiencia en publicidad, sorprendido grabando dentro de la sala-, quien a su vez convocó al documentalista José Arnal.Según su relato, en la entrevista que finalmente le realizaron a Makintach en su despacho de tribunales previo al comienzo del debate, la jueza dio respuestas "absolutamente profesionales"."En ningún momento manifestó algo vinculado al futuro juicio, ni siquiera su opinión personal", aseguró la amiga de la jueza.Al margen de la entrevista, Vidal Alemán y el camarógrafo José Arnal hicieron una producción de fotos y capturaron escenas de la jueza "en su despacho, caminando por Tribunales y entrando a la sala de audiencias"."Estas fotos o videos formarían parte de lo que con Juan Manuel (d'Emilio) habíamos pensado hacer en algún futuro y cuando el juicio ya hubiera terminado", expresó Vidal Alemán.También confesó que la magistrada autorizó el registro clandestino de las imágenes durante la primera audiencia del juicio: "La jueza nos dijo que sí, pero que solamente la enfocáramos a ella, y en pocos planos".Además de imágenes de la magistrada registradas en alta calidad halladas en un domicilio ligado a la producción audiovisual, dos agentes policiales a cargo de la sala en donde se desarrolla el debate declararon que Vidal Alemán y d´Emilio venían de parte de la magistrada y fueron autorizados por ella para registrar imágenes en la sala.Las pruebas recopiladas durante la semana de suspensión del juicio deberán ser presentadas a todas las partes antes del martes 27 de mayo, día en el que se reanudará el debate y se decidirá sobre la recusación de la jueza.En caso de que Makintach sea apartada del tribunal, las partes deberán acordar si retrotraer el proceso a su inicio, declarar su nulidad o bien validar los testimonios ya brindados a través de un acuerdo probatorio.El juicio comenzó el 11 de marzo y ya se celebraron 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista: Dalma, Gianinna y Jana Maradona.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
