Un fuerte llamado de atención a la defensa de Nicolás Petro lanzó el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, luego de que el abogado suplente que reemplazó a Alejandro Carranza en la diligencia de este martes no llegara preparado para sustentar su apelación en la audiencia preparatoria al juicio que se le adelanta al hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.“Esta fecha se concertó con la defensa y debió venir preparado para que, en cualquier momento, cuando terminaran sus antecesores, comenzara con la sustentación de los recursos. Entiende el juzgado que cuando se designa un abogado suplente es para que actúe y no para que simplemente haga presencia de conectividad”, enfatizó el juez Carbonó.Asimismo, indicó que “la defensa no insertó excusa alguna” para que el abogado titular de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, no acudiera a la diligencia que se programó con muchos días de anticipación, pese a que hoy, a través de su suplente, informó que se encontraba fuera del país cumpliendo una citación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.“Al correo del juzgado no ha llegado nada al respecto. Ante esto, el juzgado tiene que exhortar a la defensa por haber desaprovechado esta tarde, cuando pudo haber iniciado la sustentación del recurso y si el abogado suplente no está preparado, entonces no debe aceptar presentarse”, subrayó el juez.La fiscal Lucy Laborde manifestó su inconformidad por la suspensión de la audiencia y pidió al juez que compulsara copias, tanto al abogado suplente como a Alejandro Carranza, por no iniciar con su intervención.“Fueron más de 10 aplazamientos de la defensa durante este año, por eso me opongo a que se aplace esta audiencia y se retome en febrero. Esta diligencia fue programada de común acuerdo entre todas las partes y tenemos al doctor Jerry Deazar, quien pudiera iniciar su intervención. A la Fiscalía es a la que se le acusa de realizar un engavetamiento, cuando lleva el doctor Carranza más de 10 aplazamientos, incluidos el del día de hoy”, sustentó la fiscal.Finalmente, el juez Carbonó decidió no compulsar copias ni a Alejandro Carranza ni a su abogado suplente, pero enfatizó que no permitirá que este episodio se repita, pues, en ese caso, sí ordenará una investigación por entorpecer el proceso.Así las cosas, la continuación de las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se retomará los días 23, 24 y 26 de febrero, comenzando con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos sobre las pruebas y testigos que el juez admitió y los que no se llevarán al juicio oral.
La representante de la abogada y fiscal seccional Liceth Córdoba cuestionó la reciente celebración pública del cantante Luis Eduardo “Lowe” León sobre su absolución en España por el caso de violencia intrafamiliar, al recordar que actualmente cursa un recurso de apelación ante la justicia de ese país.Aunque el fallo absolutorio fue proferido a inicios de este año, solo recientemente el equipo del artista difundió un comunicado anunciando la victoria judicial, lo que generó inconformidad en la representación de Córdoba debido a que el proceso sigue activo en sede internacional.Según explicó su abogada, Wendy Herrera, la sentencia que absolvió al cantante fue proferida el 19 de mayo de 2025 y apelada el 23 de mayo del mismo año. Aseguró que la decisión se recibió con respeto, pero también con “profundo asombro” por la rapidez con la que se resolvió y por los argumentos utilizados para absolver a León.La representación sostiene que la sentencia no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por la víctima, que no se admitieron testigos esenciales y que se produjo un fallo “inusualmente rápido”.También cuestionó la falta de perspectiva de género en el análisis del testimonio de Córdoba, señalando que el juez consideró que ella buscaba obtener ventajas en el proceso de divorcio, pese a que para la representación, la víctima habría actuado por el miedo y la urgencia de regresar a Colombia con su hijo.Frente a la publicación del comunicado del cantante en noviembre, la abogada del artista en España, Silvia Aucejo, afirmó que el contenido se divulgó en la fecha que su cliente consideró oportuna, alegando que había información incorrecta circulando sobre su situación judicial.A la controversia internacional se suma la disputa por la custodia del hijo de la pareja. La abogada de Córdoba confirmó que actualmente enfrentan un proceso de restitución internacional iniciado supuestamente por León, quien solicita que el menor regrese a España.Sin embargo, la defensa de la madre sostiene que el niño ha vivido en Barranquilla y que no existe fundamento para enviarlo a un país donde ninguno de los padres es ciudadano. La abogada calificó la solicitud como preocupante y consideró que la reciente exposición pública del caso podría responder a “una estrategia de marketing” vinculada a los proyectos musicales del cantante.En paralelo, continúa en Colombia el proceso penal por presunta violencia intrafamiliar agravada contra León. La abogada que integra la defensa de Córdoba recordó que la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación. La audiencia concentrada está programada para el 23 de febrero de 2026.Por su parte, la defensa de León en Colombia, la abogada Luz Marina Berrio, explicó que el caso avanza bajo el procedimiento penal abreviado establecido en la Ley 1959 de 2019, en la cual la denuncia penal por violencia intrafamiliar, se une la investigación y la imputación, en un escrito de Acusación.Detalló que la audiencia concentrada, que reúne en un solo acto la acusación y la preparatoria, ya inició con la verbalización del escrito por parte de la Fiscalía, pero la intervención de la defensa técnica aún está pendiente debido a la suspensión de la diligencia, que continuará en febrero de 2026. Sostuvo que en esa próxima sesión la defensa de León podrá descubrir y presentar sus pruebas “en igualdad de armas” con el ente acusador.
La tarde de este martes, el juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, sigue anunciando cuáles pruebas permitirá y cuáles no en el juicio contra Nicolás Petro. Indicó que, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, defensa del hijo mayor del presidente, de no admitir varios informes financieros presentados por la Fiscalía, estos sí podrán ser llevados al juicio como parte de los elementos con los que el ente acusador busca sustentar la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.“A partir de las consideraciones puesta, el despacho observa que los informes de contexto económico y financiero elaborados por los funcionarios del cuerpo técnico investigación aún cuando no provienen de perito formalmente acreditado, como lo sostiene la defensa, no pierden su valor como documento dentro de un acervo probatorio, siempre que su incorporación se realice conforme a las reglas de autenticidad, cadena de custodia y contradicción”, precisó.El juez también indicó que sí permitirá que se presenten los informes sobre una camioneta Chevrolet Tahoe, que aunque no está a nombre del exdiputado del Atlántico, presuntamente le fue entregada como dádiva. Consideró que esta prueba es importante teniendo en cuenta que la Fiscalía en su teoría ha manifestado que el procesado tiene varios bienes a nombre de otras personas.“El procesado, conforme lo sostiene la Fiscalía, se le atribuye presuntamente haber incrementado para sí y para otros su patrimonio de una manera justificada y a su vez lo hizo adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes provenientes del delito de enriquecimiento ilícito de terceros. En este contexto, la Fiscalía indica que el referido vehículo Tahoe haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádiva, o beneficio patrimonial.Informes de Day VásquezDurante la diligencia, el juez también hizo referencia al informe con datos extraídos del teléfono celular que le fue incautado a Day Vásquez, y el cuál el abogado Alejandro Carranza pretendía que se quedara por fuera del juicio contra Nicolás Petro. Frente a este elemento, el juez también consideró admitirlo como una de las pruebas que podrá usar la Fiscalía en el juicio.Carbonó consideró que el equipo telefónico fue entregado de forma voluntaria, sin ninguna violación de los derechos e ilegalidad en el procedimiento.“Se advierte que la declaración rendida por la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro no vulneró derechos fundamentales ni constituyó afrenta a la dignidad humana, a la intimidad o al debido proceso, ni desconoció la inviolabilidad de su domicilio. Por lo contrario, ella prestó voluntariamente su consentimiento y en pleno uso de sus facultades cognitivas permitió la práctica de la diligencia en su residencia. En el video aportado por la defensa de Nicolás se observa que la testigo se muestra conforme con la diligencia practicada sin evidencia de presión alguna por parte del fiscal o del investigador presente”, precisó el juez.Asimismo, el juez rechazó la solicitud de la defensa que pedía excluir del juicio los registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025, al considerar que estos “conservan relación con los hechos jurídicamente relevantes” para la investigación que se adelanta.Juez reitera exclusión de interrogatorio de Nicolás PetroEl juez Hugo Carbonó insistió la tarde de este marte en acoger la petición del abogado Alejandro Carranza sobre excluir del juicio a Nicolás Petro, todos los documentos que resultaron del intento de preacuerdo con la Fiscalía que inició el procesado. El juzgado resolvió no permitir que sean llevadas a juicio luego de que estos documentos no fueran aprobados ante una autoridad penal. La audiencia fue suspendida y el juez continuará el miércoles 5 de noviembre a las 8:00 de la mañana.
Justicia condenó este jueves a 10 años de prisión a un acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación celebrado en Francia, un año más que la pena que recibió en primera instancia."El tribunal y el jurado condenan a Husamettin Dogan a 10 años de prisión", anunció Christian Pasta, presidente del tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia, tras casi tres horas de deliberación.Dogan fue el único de los 51 hombres condenados en diciembre en recurrir la sentencia. La fiscalía había pedido una pena de 12 años por participar en una acción de "destrucción masiva" de Pelicot.Este exobrero de la construcción de 44 años, de pie en el banquillo de los acusados, no reaccionó al anuncio de la sentencia.Los tres magistrados y los nueve miembros del jurado popular no siguieron la línea de la defensa, que aseguraba que su cliente no tenía intención de violarla."Nunca quise hacer daño a esta mujer", reiteró el hombre en sus últimas palabras ante el tribunal.Con la postura de Dogan, "que no quiere asumir responsabilidades", "esta pena de 12 años que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido", pidió poco antes el fiscal, Dominique Sié.El acusado defendió que fue manipulado en 2019 por el entonces marido de la víctima, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.La defensa sostuvo que su cliente creía participar en una fantasía de una pareja libertina. "En [el concepto] libertino, hay libertad: todo es concebible, todo se puede transgredir", dijo su letrado Jean-Marc Darrigade.Sin embargo, durante el juicio iniciado el lunes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente" de la situación, una hipótesis confirmada por el propio Pelicot.El tribunal también proyectó videos de los hechos. Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones y penetrándola.Dogan es un hombre "totalmente responsable de sus actos", que "negó la humanidad de la señora Pelicot" y "participó como todos los demás en una obra de destrucción masiva de una mujer abandonada a merced", aseguró Sié.¿"Consentimiento"?"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada por que el acusado no se considere un violador.El fiscal abundó en esta línea: "Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento".Este caso conmocionó al mundo. Además de Dominique Pelicot, los magistrados condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial."La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva", dijo a la víctima el representante del ministerio público.Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.
Kate McCann, la madre de la pequeña Madeleine, desaparecida en 2007 en Portugal, relató el miércoles ante la justicia británica la "ansiedad" que le causó una joven polaca, juzgada por acoso, que afirmaba ser su hija.El juicio de Julia Wandelt, de 24 años, comenzó el lunes en el tribunal de Leicester, en el centro de Inglaterra.Esta polaca, arrestada en febrero de 2025, está acusada de haber llamado y escrito en numerosas ocasiones durante más de dos años y medio a los padres de Maddie, Kate y Gerry McCann, y de haberse presentado en su domicilio."El nivel de estrés y ansiedad que esto me causó aumentó con el tiempo", relató Kate McCann ante el tribunal. La madre de la pequeña solo se sintió "realmente más tranquila" después del arresto de Julia Wandelt.Madeleine McCann, que entonces tenía 3 años, desapareció en mayo de 2007 de un apartamento de vacaciones en el Algarve, en el sur de Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.Su desaparición, que nunca se ha esclarecido, tuvo una gran repercusión mundial.En abril de 2024, Julia Wandelt llamó más de 60 veces en un solo día a los padres de Maddie, según la acusación. "Déjenme una oportunidad, no soy una mentirosa", suplicó en un mensaje dejado en el contestador familiar.Julia Wandelt está siendo juzgada junto a Karen Spragg, de 61 años, también acusada de acoso.Las dos acusadas, que niegan los cargos, se habían presentado juntas en el domicilio de los McCann en diciembre de 2024.
Tras ser juzgado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, un juez sancionó con siete años de privación de la libertad en centro de reclusión al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuando le disparó varias veces mientras realizaba un acto de campaña en Modelia, Bogotá, el pasado 7 de junio. Este miércoles, 27 de agosto, se realizó la lectura de la sentencia por parte de un juez especializado en infancia y adolescencia, en contra alias ‘Tianz’, quien disparó contra el senador. La decisión es una sanción en un sitio de reclusión especial.La audiencia fue virtual y reservada por tratarse de un menor de edad. Al no ser mayor, hay un límite de condena máximo de ocho años.“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses”, manifestó el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de la víctima.Señaló que respeta la decisión, “pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”. No obstante, se fue contra la ley porque consideró que “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.La defensa de la familia de la víctima apeló la decisión de primera instancia.Alias 'Tianz' aceptó los cargosUn aspecto importante en este caso es que el imputado aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; por eso no se le aplicó la máxima sanción.“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El costeño’. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”, explicó la Fiscalía. Los demás detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe TurbayHay que resaltar que los demás detenidos tienen un proceso diferente y va menos avanzado.Los demás procesados son Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El costeño’, señalado de coordinar el material del magnicidio; Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, mencionada como responsable de entregar el arma al sicario; Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El veneco’, conductor del vehículo Spark gris donde el responsable de disparar recibió el arma; William González Cruz, alias ‘El viejo’, quien habría sacado a ‘El costeño’ y ‘Gabriela’ de la zona del atentado en un volkswagen azul; y, finalmente, Christian González Ardila, conductor de una moto donde sacarían de la escena de crimen al sicario.El día del atentado en BogotáEn ese momento, luego de disparar entre la multitud, el joven salió corriendo y tras una persecución por parte de la Policía y miembros del esquema de seguridad del senador, fue capturado esa misma tarde. Tenía una herida en la pierna y fue encontrado con un arma. Fue puesto bajo disposición de las autoridades y el ICBF, al tratarse de un menor de edad. Mientras su proceso se adelantaba, Miguel Uribe murió en la Fundación Santa Fe.
En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Óscar Santiago Gómez, expareja de la periodista Laura Camila Blanco, un juez de control de garantías no solo avaló su detención preventiva, sino que además le cuestionó la actitud que asumió durante el proceso judicial.Gómez fue capturado en Bogotá por funcionarios del CTI de la Fiscalía, señalado del delito de feminicidio agravado. La investigación apunta a que, en la madrugada del 21 de agosto, la joven comunicadora de 26 años perdió la vida tras caer desde un noveno piso en un edificio del barrio El Salitre, en el occidente de la ciudad.Aunque inicialmente el caso se indagó bajo la hipótesis de un posible suicidio, los hallazgos forenses y testimoniales cambiaron el rumbo de la investigación. Según la Fiscalía, Blanco fue víctima de violencia de género ejercida por su entonces pareja, quien habría atacado a la joven antes de arrojarla por la ventana.Durante la diligencia, el ente acusador expuso que el procesado habría estrangulado y sofocado a Laura, aprovechando su fuerza física, y que posteriormente la lanzó al vacío cuando ella se encontraba debilitada. “Sería falaz e imaginario pretender que en la medida que iba cayendo al vacío se iba estrangulando. Según la prueba científica, fue un hecho sucedido antes de la caída”, señaló el juez al analizar la necropsia.El togado enfatizó que en la escena solo se encontraban Gómez y la víctima, y que los gritos y la discusión escuchada por vecinos refuerzan la inferencia de responsabilidad. “La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez”, sentenció.El comportamiento de Óscar Gómez que cuestionó el juezSin embargo, lo que más llamó la atención fue el comportamiento del imputado en sala. El juez lo calificó como un “comportamiento distractor”, al advertir que intentó aparentar un colapso emocional para sostener la versión de que se trataba de un suicidio. “Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo (…) con un fin distractor”, dijo.Al cierre de la audiencia, la justicia concluyó que el acusado representa un peligro para la sociedad y ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
En una jornada judicial sin precedentes, Colombia se mantuvo en vilo este lunes, 28 de julio, a la espera del veredicto del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (ver en vivo aquí), acusado de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. Antes de dar a conocer el sentido del fallo, la jueza Sandra Heredia, encargada del caso, ofreció un discurso inicial buscando sentar un precedente sobre la naturaleza de la justicia en el país.La jueza Heredia inició la audiencia con una declaración que resonó fuertemente, enfatizando que el derecho no cede ante presiones externas: Subrayó que, a pesar de las pasiones, opiniones divididas y emociones movilizadas por el juicio, la administración de justicia se mantiene incólume.En su intervención, la jueza Heredia dejó claro que la decisión no tendría motivaciones políticas ni de otra índole ajena a la ley. Explicó que "la justicia como Temis no ve nombres, ni cargos, ni estatuas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia". Remarcó que la administración de justicia no está al servicio de la política, la prensa o la historia, sino al "pueblo colombiano que merece exige una justicia imparcial, transparente, libre libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente".La jueza insistió en que el juicio ha sido un proceso garantista y profundamente respetuoso del debido proceso y la presunción de inocencia, a pesar de haber enfrentado "tormentas de la opinión pública" e "intentos de legitimación" y ataques contra la judicatura. En un punto crucial de su discurso, la jueza fue enfática al desvincular el juicio de cualquier connotación política o de revancha: Además, la jueza hizo una mención especial al rol de las mujeres en la conducción de este proceso, destacando su valentía frente a ataques y cuestionamientos que, a su juicio, quizá no se habrían formulado si quien decidiera fuera un hombre. Resaltó que "la toga no tiene género, pero sí carácter" y que las mujeres administran justicia "con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial".Antes de la lectura del veredicto, la jueza Heredia sentenció que la decisión se centraría únicamente en los hechos y no en el nombre del acusado. "Hoy este estrado no decide sobre un nombre de Decide sobre unos hechos. Y esa distinción es vital. El sentido del fallo que se dará a conocer no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral".Finalmente, la jueza hizo un llamado a la sensatez y al respeto, pidiendo que el momento fuera entendido con la altura y madurez que merece. Agradeció la confianza depositada en la judicatura, invitó a quienes dudaban a escuchar con atención y solicitó a los medios informar con responsabilidad, recordando que el valor de un Estado radica en cómo se construyen, sustentan y defienden sus decisiones.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante legal del testigo clave Juan Guillermo Monsalve y de Deyanira Gómez, afirmó este martes que ve altamente probable una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que se le sigue por fraude procesal y soborno en actuación penal. En entrevista en Mañanas Blu 10:30 con Camila Zuluaga, del Río ofreció detalles técnicos y procesales del caso, que ha captado la atención nacional desde 2018.“La Fiscalía General de la Nación solicita un sentido de fallo condenatorio”, señaló del Río, en relación con los alegatos finales presentados recientemente ante la jueza 44 penal del circuito.El proceso entra en su fase finalEl juicio contra el expresidente Uribe, quien renunció a su curul en el Senado para enfrentar este proceso en la justicia ordinaria, ha tenido múltiples etapas, incluyendo investigaciones de la Corte Suprema, la Fiscalía General y ahora la judicatura ordinaria. Durante los últimos días se han escuchado los alegatos finales de las partes: Fiscalía, Procuraduría, defensa y víctimas.Según explicó del Río, “la jueza se tomará un mes aproximadamente para emitir su decisión”, lo que permitiría conocer el sentido del fallo en la primera semana de agosto.“El delito tendría en este momento un carácter de intramural, frente a la decisión o a la sanción penal establecida por la jueza 44”, explicó.Apelación y riesgo de prescripciónEl fallo, sin importar su naturaleza (condenatorio o absolutorio), podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, el proceso enfrenta una limitación de tiempo clave: la prescripción de la acción penal sería el 16 de octubre de 2025.“Si el tribunal no decide antes del 16 de octubre de 2025, prescribiría la acción penal y se terminaría el proceso”, advirtió del Río. Esto implica que la segunda instancia deberá resolverse antes de esa fecha, o de lo contrario el caso quedaría sin una decisión ejecutoriada, cerrando sin condena ni absolución firme.Monsalve, testigo clave en el juicioUna parte importante del proceso se sostiene en la declaración de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y considerado “testigo estrella” en el caso. Según el abogado del Río, la credibilidad de Monsalve se ha mantenido firme, pese a los intentos por desacreditar su testimonio.“Nada de lo que él ha podido establecer ha sido desvirtuado”, aseguró del Río, subrayando que incluso los intentos por desacreditarlo a través de familiares no lograron desmontar su versión de los hechos.Monsalve declaró haber presenciado la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en la Hacienda Guacharacas, una finca de propiedad de la familia Uribe Vélez, en compañía de otros actores del conflicto armado como los hermanos Gallón Henao.“Parte del andamiaje de estos hechos jurídicamente relevantes se soportan en su declaración”, afirmó.
Tras la suspensión del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, por acusaciones contra una de las juezas por su presunta vinculación con un documental sobre el proceso, una de las personas señaladas como realizadoras se presentó este sábado ante la Fiscalía como "amiga" de la magistrada y confesó la existencia de una película amateur."Nuestra 'idea creativa', era mostrar la cuestión de un juicio de mucha trascendencia desde la perspectiva de una jueza y, por supuesto, de poder concretarse sería luego de que el juicio terminara", declaró este sábado María Liada Vidal Alemán, quien se presentó como una amiga de la infancia de la magistrada Julieta Maktintach.Tras la suspensión el pasado martes del juicio por la muerte de Maradona, la Justicia argentina investiga la existencia del documental y la supuesta vinculación de la jueza Julieta Makintach con el mismo.En el contexto de dicha investigación, una de las dos personas señaladas como realizadoras se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía y contó que, si bien hace tiempo que tiene ganas de entrevistar a su amiga, "el hecho de que hubiera sido asignada como jueza para uno de los juicios orales más trascendentes del país" le potenció la idea de hacer algo al respecto."El proyecto que yo tenía en mente era y es absolutamente amateur, ya que no soy periodista y solo tengo admiración por mi amiga y por eso me divertía tener esta posibilidad de entrevistarla", declaró la testigo espontánea.Con dicho objetivo en mente, Vidal Alemán involucró al marido de una de sus amigas, Juan Manuel d'Emilio -con experiencia en publicidad, sorprendido grabando dentro de la sala-, quien a su vez convocó al documentalista José Arnal.Según su relato, en la entrevista que finalmente le realizaron a Makintach en su despacho de tribunales previo al comienzo del debate, la jueza dio respuestas "absolutamente profesionales"."En ningún momento manifestó algo vinculado al futuro juicio, ni siquiera su opinión personal", aseguró la amiga de la jueza.Al margen de la entrevista, Vidal Alemán y el camarógrafo José Arnal hicieron una producción de fotos y capturaron escenas de la jueza "en su despacho, caminando por Tribunales y entrando a la sala de audiencias"."Estas fotos o videos formarían parte de lo que con Juan Manuel (d'Emilio) habíamos pensado hacer en algún futuro y cuando el juicio ya hubiera terminado", expresó Vidal Alemán.También confesó que la magistrada autorizó el registro clandestino de las imágenes durante la primera audiencia del juicio: "La jueza nos dijo que sí, pero que solamente la enfocáramos a ella, y en pocos planos".Además de imágenes de la magistrada registradas en alta calidad halladas en un domicilio ligado a la producción audiovisual, dos agentes policiales a cargo de la sala en donde se desarrolla el debate declararon que Vidal Alemán y d´Emilio venían de parte de la magistrada y fueron autorizados por ella para registrar imágenes en la sala.Las pruebas recopiladas durante la semana de suspensión del juicio deberán ser presentadas a todas las partes antes del martes 27 de mayo, día en el que se reanudará el debate y se decidirá sobre la recusación de la jueza.En caso de que Makintach sea apartada del tribunal, las partes deberán acordar si retrotraer el proceso a su inicio, declarar su nulidad o bien validar los testimonios ya brindados a través de un acuerdo probatorio.El juicio comenzó el 11 de marzo y ya se celebraron 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista: Dalma, Gianinna y Jana Maradona.
La Selección Colombia se despide de su hinchada el próximo 1 de junio en el estadio El Campín de Bogotá, enfrentando a Costa Rica en el evento denominado 'La Recta Final'. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la venta de boletería para el público general iniciará el 19 de mayo, tras finalizar las etapas de preventa exclusiva.Este encuentro amistoso representa la última oportunidad para que los aficionados acompañen al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de su participación en la cita mundialista. El pitazo inicial está programado para las 6:00 p.m., en una jornada donde se espera un lleno total para respaldar al combinado nacional.Precios de las boletas para Colombia vs. Costa RicaEl costo de las entradas varía según la ubicación en el escenario deportivo. Para las zonas preferenciales, la tribuna Occidental tiene un valor de $490.000 más $70.000 de servicio. Por su parte, la localidad de Oriental Central se fijó en $390.000 (+$56.000 de servicio) y Oriental Lateral en $270.000 (+$39.000 de servicio).Las opciones más económicas se encuentran en las cabeceras. Tanto para la tribuna Norte como para Sur, el precio de la entrada es de $85.000, con un recargo adicional de $13.000 por concepto de servicio de la tiquetera oficial, TuBoleta.Fecha de venta al público general y preventa BancolombiaEl proceso de adquisición de entradas se dividió en dos fases principales. La primera etapa, dirigida exclusivamente a clientes de Bancolombia, se desarrolla entre el 14 y el 15 de mayo. Una vez agotado este cupo o finalizado el plazo, el resto de la afición podrá comprar sus ingresos a partir del martes 19 de mayo.Desde la FCF se extendió una invitación para que los asistentes vistan los colores de la bandera y hagan sentir el rigor de la localía en la capital. "La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial", señaló la federación.
Mujer le pidió 500.000 pesos a su exnovio policía por no publicar material íntimo y la capturaron en Venecia, Antioquia. Las autoridades en el departamento la sorprendieron cuando recibía el efectivo; otros dos presuntos miembros del Clan del Golfo señalados de ese delito fueron capturados en Barbosa y ConcordiaDurante un operativo de la Policía en el Suroeste de Antioquia fue capturada una mujer, expareja sentimental de un miembro de esa institución, cuando se disponía a recibir 500.000 pesos que le había exigido a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo, lo que es considerado un delito.Según detallaron las autoridades, la víctima corresponde es un patrullero activo, quien venía siendo objeto de presiones y exigencias económicas por parte de la hoy capturada.“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable expareja sentimental de la víctima se disponía a recibir la suma de la acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la cultura en flagrancia de esta persona. Invitamos de esta manera a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o constreñimiento a través de la línea gratuita nacional 165 del Gaula", señaló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.En otro operativo, en zona urbana de los municipios de Barbosa y Concordia fueron capturados alias 'Sebas' y alias 'Papa', presuntos integrantes del Clan del Golfo requeridos por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional en Antioquia, alias 'Sebas' tendría una trayectoria criminal aproximada de dos años dentro de esta estructura criminal, desempeñándose presuntamente como uno de los principales dinamizadores de cobros extorsivos y acciones de presión contra las víctimas en diferentes sectores.Por su parte, alias 'Papa' registraría una trayectoria criminal cercana a un año y sería el encargado de apoyar la materialización de las exigencias económicas ilegales mediante actos de intimidación dirigidos a las víctimas. Se estableció que las rentas criminales derivadas de estas actividades ilícitas oscilarían entre los 500 mil y 5 millones de pesos mensuales.
La Jurisdicción Especial para la Paz deberá decidir en las próximas semanas si acepta o no el sometimiento del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, luego de escuchar durante dos jornadas sus aportes de verdad relacionados con presuntos vínculos políticos y electorales con estructuras paramilitares en el departamento.La diligencia fue adelantada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, encabezada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, tras una orden de la Sección de Apelación que le otorgó a Aguilar una última oportunidad para ampliar y profundizar sus declaraciones luego de que, en primera instancia, su solicitud de sometimiento fuera rechazada por insuficiencia en los aportes de verdad.Durante la audiencia, el exmandatario habló sobre sus relaciones políticas con integrantes del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y reconoció haber tenido conocimiento del respaldo paramilitar a su candidatura a la Gobernación de Santander en 2003.“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, afirmó Aguilar durante una de las sesiones ante los magistrados.En sus declaraciones también se refirió a reuniones con exjefes paramilitares como alias “Don Berna”, “Camilo Morantes” y “Ernesto Báez”, además de acuerdos políticos relacionados con candidaturas avaladas por el partido Convergencia Ciudadana en Santander.La magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08, participó en la audiencia debido a que el testimonio del exgobernador podría convertirse en una pieza clave para esclarecer posibles vínculos entre agentes del Estado y estructuras paramilitares en esa región del país.Durante la diligencia, Aguilar también fue interrogado sobre el incremento de su patrimonio entre 2002 y 2015, calculado por las autoridades en cerca de 1.999 millones de pesos y que actualmente es objeto de investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.El exgobernador además negó que el Bloque de Búsqueda hubiera recibido financiación del Cartel de Cali o de Ecopetrol, y aseguró que esa unidad operaba con recursos estatales provenientes de entidades como la Policía, el Ejército, el extinto DAS y apoyo logístico de la DEA.La audiencia contó con la participación de representantes de víctimas, entre ellos la Unión Sindical Obrera, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y delegados del Ministerio Público.El caso de Hugo Aguilar ha sido uno de los más representativos del fenómeno de la parapolítica en Santander. El exgobernador y exoficial de la Policía ya había sido condenado por vínculos con grupos paramilitares, en medio de investigaciones que durante años revelaron la influencia de las AUC en procesos electorales y estructuras de poder político en varias regiones del país.Con los aportes entregados en estas sesiones, la JEP evaluará ahora si las declaraciones cumplen con los estándares de verdad exigidos para otorgarle beneficios jurídicos dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz con las FARC.
El proyecto de ley de jurisdicción agraria está a punto de hundirse en medio de una pelea que se está subiendo cada vez más de tono entre el Gobierno de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, los productores agrícolas y el Congreso de la República. Para la administración de Gustavo Petro, quienes se están oponiendo a su proyecto representan el poder de "gamonales, terratenientes" y son gente que no debería llamarse a sí misma demócrata.Mientras tanto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los críticos de la iniciativa advierten que aquí se quiere dejar a los jueces agrarios de adorno y concentrar poder en el Gobierno, abriéndole paso a decisiones arbitrarias.En el centro de la pelea hay millones de hectáreas de tierras baldías que el Gobierno necesita para sacar adelante su promesa de hacer una reforma agraria. La disputa está en pleno desarrollo y aquí están las claves para entender la pelea.¿El Gobierno busca un poder excesivo?: La polémica por el artículo 9Hoy en día, los procesos sobre baldíos tienen que pasar por un juez de la República, algo que para el Gobierno es engorroso y, en la práctica, ha hecho más lenta la reforma agraria. Por eso, en el artículo 9 del proyecto quieren que se le dé a la Agencia Nacional de Tierras la tarea de decidir todos los procesos relacionados con los baldíos de la Nación, mientras que los jueces agrarios entrarían al tema únicamente cuando exista una oposición. La lista incluye la "recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa".Sin embargo, esa propuesta genera una enorme resistencia, incluso de los propios magistrados."Al atribuir a la Agencia Nacional de Tierras el trámite predominante de procedimientos que inciden directamente en derechos subjetivos consolidados, como la recuperación de baldíos, la reversión de adjudicaciones o la extinción de dominio agrario, el proyecto debilita el control judicial especializado que, precisamente, justifica la creación de esta jurisdicción. No se trata de desconocer las facultades administrativas de la ANT, se trata de garantizar que el juez agrario sea el eje central del control sobre decisiones que afecten derechos fundamentales vinculados a la tierra", explicó la magistrada Martha Patricia Guzmán.Las críticas de los magistrados van en línea con las advertencias de los gremios del sector, que temen que darle superpoderes a la Agencia de Tierras puede prestarse para actuaciones arbitrarias."Si una entidad del Gobierno tiene todo el poder de investigar y tomar las decisiones de la tierra en Colombia, los ciudadanos quedarán totalmente vulnerables frente al poder excesivo del Gobierno nacional. Por eso, es necesario que se respete el acuerdo de paz, que se respete lo que ha dicho la Corte Constitucional y que se brinden las garantías judiciales y el debido proceso a todos los colombianos. La justicia rural la deben definir los jueces de la República y no el Gobierno nacional", explicó el presidente de la SAC, Jorge Bedoya.No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria: la defensa del GobiernoEn un discurso el jueves, el presidente Gustavo Petro dijo que la Corte "ha cerrado el camino de la reforma agraria". Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, escribió en sus redes sociales: "No puede llamarse demócrata quien quiere detener la reforma agraria o quien facilita las lógicas de acaparamiento y concentración". Para rematar, el presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que "al poder gamonal y terrateniente" le molestan las facultades administrativas de su entidad y no quieren que se usen.Vale recordar que el Gobierno prometió en su Plan de Desarrollo entregar 1,5 millones de nuevas hectáreas de tierra a través del Fondo de Tierras de la reforma agraria, usando mecanismos como la venta voluntaria de tierras por parte de quienes tienen la tierra en Colombia. A finales de marzo, el Fondo de Tierras tenía apenas 763.545 hectáreas, de las cuales entregó poco más de 303.000.En un panorama de dificultades para sacar adelante la reforma, los baldíos no son un tema menor. El propio Harman dijo recientemente que el Gobierno tiene identificadas 2,85 millones de hectáreas con una "presunta" condición de baldíos y, mientras esa condición no se aclare, el Gobierno no puede comprarlas ni hacer nada con ellas. El Gobierno pretende aclararlas por sí mismo y ponerle el acelerador al proceso.Aunque el centro de la polémica es el artículo 9, el Gobierno ha incluido varios artículos que les atribuyen a los jueces el deber de defender la soberanía alimentaria y otros objetivos de política pública en un proyecto de ley que, en realidad, debería concentrarse en el procedimiento legal.¿Para dónde va la pelea? El Gobierno se acerca a una nueva derrotaSi la ley de jurisdicción agraria no está aprobada para cuando acaben las sesiones ordinarias, se hundirá por tiempos, y ese parece ser el escenario.En la Cámara de Representantes, donde el Gobierno tiene una mayoría cómoda, no se ha votado ni siquiera el primer artículo porque no había quórum suficiente. Se necesitan 94 representantes presentes en la sesión para que la votación sea válida, pero ayer solo estaban 61 y por eso se suspendió el conteo. La discusión quedó aplazada para el próximo martes.Sin embargo, lo más retador para el Gobierno será lograr mayorías en el Senado, que ha hundido varias iniciativas clave, incluyendo dos reformas tributarias.La ley de jurisdicción agraria se perfila como una derrota más para el Gobierno en el Congreso. Si se hunde, la reforma agraria llegará al final del mandato con resultados muy por debajo de lo prometido: menos de la mitad de las hectáreas comprometidas entregadas y 2,85 millones de hectáreas de baldíos sin resolver. El siguiente Gobierno heredará no solo el debate, sino también las tensiones entre el Ejecutivo, la justicia y el sector productivo sobre quién debe tener el poder de decidir el futuro de la tierra en Colombia.
Debido a la crisis en el Hospital Alma Máter de Medellín, desde este viernes, especialistas de 24 áreas anunciaron la suspensión de servicios ambulatorios por la falta de pagos. Mientras profesionales denuncian el cierre de 100 camas de hospitalización, directivos de la entidad responsabilizan a Savia Salud y Nueva EPS que no les han girado los recursos por $162.000 millonesLas deudas asfixian cada vez más al hospital universitario de la Universidad de Antioquia, que aunque ya se conocía que enfrenta una grave crisis financiera, se agudizó en las últimas horas tras el anuncio de un grupo de profesionales de la salud sobre la suspensión desde este viernes 15 de mayo de 24 especialidades médicas ante la insostenibilidad económica y el déficit de talento humano del centro médico.Según el cuerpo médico, se trata de los servicios de consulta externa, cirugía ambulatoria y cirugía electiva o programada. El servicio de hematología mantendrá como única excepción la atención a través de consulta externa de pacientes que requieran la aplicación de esquemas de quimioterapia para enfermedades malignas.De igual manera, en el caso del servicio de urgencias solo recibirán a pacientes clasificados como triage 1 y 2. Además, los pacientes remitidos de otras instituciones deberán ser comentados, sin excepción, con los especialistas correspondientes para definir la aceptación, basada en la disponibilidad de insumos, imágenes diagnósticas y capacidad locativa para su cuidado.Según las cuentas de la gerencia del hospital, la cartera pendiente de las EPS asciende a 330.000 millones de pesos, mientras que lo que está entidad le debe a proveedores, empleados y otros se estima en 420.000 millones, lo que termina afectando a aproximadamente 3.200 familias de empleados, así como a pacientes y estudiantes.Élmer Gaviria Rivera, director general del Hospital Alma Máter, expuso que de cada 10 pacientes ocho son de las dos EPS que acumulan una deuda por 162.000 millones: nueva EPS por 55.000 millones y Savia Salud por 107.000.“Y lo que uno evidencia es una tragedia en cada familia que no está teniendo el mínimo vital para funcionar y vivir. Uno trabaja porque necesita el salario y hoy, producto de esa falta de pago sistemático y progresivo de algunas EPSs, el 80% de los pacientes que nosotros atendemos acá son básicamente de Sabia Salud y de nueva EPS”; afirmó Gaviria Rivera.Gaviria precisó que si bien un grupo importante de especialistas ha decidido suspender procedimientos y consultas ambulatorias, dejando la atención sólo para los pacientes en condiciones críticas que amenacen la vida, otros han optado por continuar con sus labores, en especial porque muchas personas llegan a la institución cuando su salud está seriamente deteriorada, ante la crisis del sistema.“Se dice vamos a atender solamente pacientes de triaje uno y triaje dos. No se va a recibir ni atender a ningún otro paciente. Hay algunos especialistas que han planteado que no, que ellos continúan con el compromiso de atender pacientes porque al final no son los pacientes ni los estudiantes los responsables de la crisis. Es un sistema que no permite que a esta institución le lleguen efectivamente los recursos”, aseveró.Otro punto que abordó es que se han realizado reuniones y diálogos con el Gobierno nacional, en específico con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los interventores de las EPS, pero esto no se ha traducido en desembolsos efectivos, lo que mantiene la crisis.Por lo pronto, hay que mencionar que el hospital también es un centro académico clave, con 1.200 estudiantes al mes, 11.000 prácticas anuales y 1.440 estudiantes de posgrado, lo que agrava el impacto de la crisis en la formación de talento humano en salud.
