Un grupo de 38 juristas manifestó su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía dentro de la investigación relacionada con los casos de "La Granja", "El Aro" y el homicidio de Jesús María Valle, en la que se vincula procesalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un comunicado, los abogados hicieron un llamado para que las actuaciones judiciales se desarrollen con estricto respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas.Los firmantes sostienen que, en procesos que han sido objeto de investigaciones durante varios años, las decisiones deben adoptarse únicamente después de agotar, de manera suficiente y razonable, las posibilidades de esclarecimiento de los hechos, incluida la práctica de las pruebas solicitadas por las partes. Asimismo, señalaron que ninguna consideración política, mediática o coyuntural debe sustituir la valoración integral y rigurosa de los elementos probatorios.“Resulta fundamental reiterar la independencia con la que la administración de justicia debe operar en este y en cualquier proceso penal en Colombia. Este proceso penal, al igual que todos, debe también garantizar al procesado el ejercicio legítimo y pleno de su actividad defensiva", señaló Amir Nayi Abusihab, integrante del grupo.En el documento, el grupo plantea cuatro aspectos que, a su juicio, merecen reflexión desde una perspectiva constitucional. Entre ellos, menciona que el llamado a la vinculación formal del expresidente se produjo después de más de una década de investigaciones, sin que se conozcan públicamente nuevos elementos que hayan modificado los fundamentos de una decisión inhibitoria adoptada anteriormente por la Fiscalía. También expresa inquietud por la reapertura de líneas de investigación previamente cerradas; por la existencia de solicitudes probatorias de la defensa que, según lo informado por los medios de comunicación, no habrían sido resueltas; y por el hecho de que estas decisiones coincidan con un contexto de alta polarización política en el país.Finalmente, los juristas hicieron un llamado a las autoridades competentes para que todas las actuaciones se adelanten con transparencia, independencia, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales. Agregaron que la vigencia del Estado de derecho exige que los procesos judiciales sean valorados por sus fundamentos jurídicos y probatorios, preservando las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
Un fuerte llamado de atención a la defensa de Nicolás Petro lanzó el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, luego de que el abogado suplente que reemplazó a Alejandro Carranza en la diligencia de este martes no llegara preparado para sustentar su apelación en la audiencia preparatoria al juicio que se le adelanta al hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.“Esta fecha se concertó con la defensa y debió venir preparado para que, en cualquier momento, cuando terminaran sus antecesores, comenzara con la sustentación de los recursos. Entiende el juzgado que cuando se designa un abogado suplente es para que actúe y no para que simplemente haga presencia de conectividad”, enfatizó el juez Carbonó.Asimismo, indicó que “la defensa no insertó excusa alguna” para que el abogado titular de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, no acudiera a la diligencia que se programó con muchos días de anticipación, pese a que hoy, a través de su suplente, informó que se encontraba fuera del país cumpliendo una citación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.“Al correo del juzgado no ha llegado nada al respecto. Ante esto, el juzgado tiene que exhortar a la defensa por haber desaprovechado esta tarde, cuando pudo haber iniciado la sustentación del recurso y si el abogado suplente no está preparado, entonces no debe aceptar presentarse”, subrayó el juez.La fiscal Lucy Laborde manifestó su inconformidad por la suspensión de la audiencia y pidió al juez que compulsara copias, tanto al abogado suplente como a Alejandro Carranza, por no iniciar con su intervención.“Fueron más de 10 aplazamientos de la defensa durante este año, por eso me opongo a que se aplace esta audiencia y se retome en febrero. Esta diligencia fue programada de común acuerdo entre todas las partes y tenemos al doctor Jerry Deazar, quien pudiera iniciar su intervención. A la Fiscalía es a la que se le acusa de realizar un engavetamiento, cuando lleva el doctor Carranza más de 10 aplazamientos, incluidos el del día de hoy”, sustentó la fiscal.Finalmente, el juez Carbonó decidió no compulsar copias ni a Alejandro Carranza ni a su abogado suplente, pero enfatizó que no permitirá que este episodio se repita, pues, en ese caso, sí ordenará una investigación por entorpecer el proceso.Así las cosas, la continuación de las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se retomará los días 23, 24 y 26 de febrero, comenzando con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos sobre las pruebas y testigos que el juez admitió y los que no se llevarán al juicio oral.
La representante de la abogada y fiscal seccional Liceth Córdoba cuestionó la reciente celebración pública del cantante Luis Eduardo “Lowe” León sobre su absolución en España por el caso de violencia intrafamiliar, al recordar que actualmente cursa un recurso de apelación ante la justicia de ese país.Aunque el fallo absolutorio fue proferido a inicios de este año, solo recientemente el equipo del artista difundió un comunicado anunciando la victoria judicial, lo que generó inconformidad en la representación de Córdoba debido a que el proceso sigue activo en sede internacional.Según explicó su abogada, Wendy Herrera, la sentencia que absolvió al cantante fue proferida el 19 de mayo de 2025 y apelada el 23 de mayo del mismo año. Aseguró que la decisión se recibió con respeto, pero también con “profundo asombro” por la rapidez con la que se resolvió y por los argumentos utilizados para absolver a León.La representación sostiene que la sentencia no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por la víctima, que no se admitieron testigos esenciales y que se produjo un fallo “inusualmente rápido”.También cuestionó la falta de perspectiva de género en el análisis del testimonio de Córdoba, señalando que el juez consideró que ella buscaba obtener ventajas en el proceso de divorcio, pese a que para la representación, la víctima habría actuado por el miedo y la urgencia de regresar a Colombia con su hijo.Frente a la publicación del comunicado del cantante en noviembre, la abogada del artista en España, Silvia Aucejo, afirmó que el contenido se divulgó en la fecha que su cliente consideró oportuna, alegando que había información incorrecta circulando sobre su situación judicial.A la controversia internacional se suma la disputa por la custodia del hijo de la pareja. La abogada de Córdoba confirmó que actualmente enfrentan un proceso de restitución internacional iniciado supuestamente por León, quien solicita que el menor regrese a España.Sin embargo, la defensa de la madre sostiene que el niño ha vivido en Barranquilla y que no existe fundamento para enviarlo a un país donde ninguno de los padres es ciudadano. La abogada calificó la solicitud como preocupante y consideró que la reciente exposición pública del caso podría responder a “una estrategia de marketing” vinculada a los proyectos musicales del cantante.En paralelo, continúa en Colombia el proceso penal por presunta violencia intrafamiliar agravada contra León. La abogada que integra la defensa de Córdoba recordó que la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación. La audiencia concentrada está programada para el 23 de febrero de 2026.Por su parte, la defensa de León en Colombia, la abogada Luz Marina Berrio, explicó que el caso avanza bajo el procedimiento penal abreviado establecido en la Ley 1959 de 2019, en la cual la denuncia penal por violencia intrafamiliar, se une la investigación y la imputación, en un escrito de Acusación.Detalló que la audiencia concentrada, que reúne en un solo acto la acusación y la preparatoria, ya inició con la verbalización del escrito por parte de la Fiscalía, pero la intervención de la defensa técnica aún está pendiente debido a la suspensión de la diligencia, que continuará en febrero de 2026. Sostuvo que en esa próxima sesión la defensa de León podrá descubrir y presentar sus pruebas “en igualdad de armas” con el ente acusador.
La tarde de este martes, el juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, sigue anunciando cuáles pruebas permitirá y cuáles no en el juicio contra Nicolás Petro. Indicó que, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, defensa del hijo mayor del presidente, de no admitir varios informes financieros presentados por la Fiscalía, estos sí podrán ser llevados al juicio como parte de los elementos con los que el ente acusador busca sustentar la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.“A partir de las consideraciones puesta, el despacho observa que los informes de contexto económico y financiero elaborados por los funcionarios del cuerpo técnico investigación aún cuando no provienen de perito formalmente acreditado, como lo sostiene la defensa, no pierden su valor como documento dentro de un acervo probatorio, siempre que su incorporación se realice conforme a las reglas de autenticidad, cadena de custodia y contradicción”, precisó.El juez también indicó que sí permitirá que se presenten los informes sobre una camioneta Chevrolet Tahoe, que aunque no está a nombre del exdiputado del Atlántico, presuntamente le fue entregada como dádiva. Consideró que esta prueba es importante teniendo en cuenta que la Fiscalía en su teoría ha manifestado que el procesado tiene varios bienes a nombre de otras personas.“El procesado, conforme lo sostiene la Fiscalía, se le atribuye presuntamente haber incrementado para sí y para otros su patrimonio de una manera justificada y a su vez lo hizo adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes provenientes del delito de enriquecimiento ilícito de terceros. En este contexto, la Fiscalía indica que el referido vehículo Tahoe haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádiva, o beneficio patrimonial.Informes de Day VásquezDurante la diligencia, el juez también hizo referencia al informe con datos extraídos del teléfono celular que le fue incautado a Day Vásquez, y el cuál el abogado Alejandro Carranza pretendía que se quedara por fuera del juicio contra Nicolás Petro. Frente a este elemento, el juez también consideró admitirlo como una de las pruebas que podrá usar la Fiscalía en el juicio.Carbonó consideró que el equipo telefónico fue entregado de forma voluntaria, sin ninguna violación de los derechos e ilegalidad en el procedimiento.“Se advierte que la declaración rendida por la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro no vulneró derechos fundamentales ni constituyó afrenta a la dignidad humana, a la intimidad o al debido proceso, ni desconoció la inviolabilidad de su domicilio. Por lo contrario, ella prestó voluntariamente su consentimiento y en pleno uso de sus facultades cognitivas permitió la práctica de la diligencia en su residencia. En el video aportado por la defensa de Nicolás se observa que la testigo se muestra conforme con la diligencia practicada sin evidencia de presión alguna por parte del fiscal o del investigador presente”, precisó el juez.Asimismo, el juez rechazó la solicitud de la defensa que pedía excluir del juicio los registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025, al considerar que estos “conservan relación con los hechos jurídicamente relevantes” para la investigación que se adelanta.Juez reitera exclusión de interrogatorio de Nicolás PetroEl juez Hugo Carbonó insistió la tarde de este marte en acoger la petición del abogado Alejandro Carranza sobre excluir del juicio a Nicolás Petro, todos los documentos que resultaron del intento de preacuerdo con la Fiscalía que inició el procesado. El juzgado resolvió no permitir que sean llevadas a juicio luego de que estos documentos no fueran aprobados ante una autoridad penal. La audiencia fue suspendida y el juez continuará el miércoles 5 de noviembre a las 8:00 de la mañana.
Justicia condenó este jueves a 10 años de prisión a un acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación celebrado en Francia, un año más que la pena que recibió en primera instancia."El tribunal y el jurado condenan a Husamettin Dogan a 10 años de prisión", anunció Christian Pasta, presidente del tribunal de apelación de Nimes, en el sur de Francia, tras casi tres horas de deliberación.Dogan fue el único de los 51 hombres condenados en diciembre en recurrir la sentencia. La fiscalía había pedido una pena de 12 años por participar en una acción de "destrucción masiva" de Pelicot.Este exobrero de la construcción de 44 años, de pie en el banquillo de los acusados, no reaccionó al anuncio de la sentencia.Los tres magistrados y los nueve miembros del jurado popular no siguieron la línea de la defensa, que aseguraba que su cliente no tenía intención de violarla."Nunca quise hacer daño a esta mujer", reiteró el hombre en sus últimas palabras ante el tribunal.Con la postura de Dogan, "que no quiere asumir responsabilidades", "esta pena de 12 años que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido", pidió poco antes el fiscal, Dominique Sié.El acusado defendió que fue manipulado en 2019 por el entonces marido de la víctima, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.La defensa sostuvo que su cliente creía participar en una fantasía de una pareja libertina. "En [el concepto] libertino, hay libertad: todo es concebible, todo se puede transgredir", dijo su letrado Jean-Marc Darrigade.Sin embargo, durante el juicio iniciado el lunes, el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente" de la situación, una hipótesis confirmada por el propio Pelicot.El tribunal también proyectó videos de los hechos. Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones y penetrándola.Dogan es un hombre "totalmente responsable de sus actos", que "negó la humanidad de la señora Pelicot" y "participó como todos los demás en una obra de destrucción masiva de una mujer abandonada a merced", aseguró Sié.¿"Consentimiento"?"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada por que el acusado no se considere un violador.El fiscal abundó en esta línea: "Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento".Este caso conmocionó al mundo. Además de Dominique Pelicot, los magistrados condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial."La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva", dijo a la víctima el representante del ministerio público.Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.
Kate McCann, la madre de la pequeña Madeleine, desaparecida en 2007 en Portugal, relató el miércoles ante la justicia británica la "ansiedad" que le causó una joven polaca, juzgada por acoso, que afirmaba ser su hija.El juicio de Julia Wandelt, de 24 años, comenzó el lunes en el tribunal de Leicester, en el centro de Inglaterra.Esta polaca, arrestada en febrero de 2025, está acusada de haber llamado y escrito en numerosas ocasiones durante más de dos años y medio a los padres de Maddie, Kate y Gerry McCann, y de haberse presentado en su domicilio."El nivel de estrés y ansiedad que esto me causó aumentó con el tiempo", relató Kate McCann ante el tribunal. La madre de la pequeña solo se sintió "realmente más tranquila" después del arresto de Julia Wandelt.Madeleine McCann, que entonces tenía 3 años, desapareció en mayo de 2007 de un apartamento de vacaciones en el Algarve, en el sur de Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano.Su desaparición, que nunca se ha esclarecido, tuvo una gran repercusión mundial.En abril de 2024, Julia Wandelt llamó más de 60 veces en un solo día a los padres de Maddie, según la acusación. "Déjenme una oportunidad, no soy una mentirosa", suplicó en un mensaje dejado en el contestador familiar.Julia Wandelt está siendo juzgada junto a Karen Spragg, de 61 años, también acusada de acoso.Las dos acusadas, que niegan los cargos, se habían presentado juntas en el domicilio de los McCann en diciembre de 2024.
Tras ser juzgado bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, un juez sancionó con siete años de privación de la libertad en centro de reclusión al menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuando le disparó varias veces mientras realizaba un acto de campaña en Modelia, Bogotá, el pasado 7 de junio. Este miércoles, 27 de agosto, se realizó la lectura de la sentencia por parte de un juez especializado en infancia y adolescencia, en contra alias ‘Tianz’, quien disparó contra el senador. La decisión es una sanción en un sitio de reclusión especial.La audiencia fue virtual y reservada por tratarse de un menor de edad. Al no ser mayor, hay un límite de condena máximo de ocho años.“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses”, manifestó el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia de la víctima.Señaló que respeta la decisión, “pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado”. No obstante, se fue contra la ley porque consideró que “incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.La defensa de la familia de la víctima apeló la decisión de primera instancia.Alias 'Tianz' aceptó los cargosUn aspecto importante en este caso es que el imputado aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; por eso no se le aplicó la máxima sanción.“En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El costeño’. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”, explicó la Fiscalía. Los demás detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe TurbayHay que resaltar que los demás detenidos tienen un proceso diferente y va menos avanzado.Los demás procesados son Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El costeño’, señalado de coordinar el material del magnicidio; Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, mencionada como responsable de entregar el arma al sicario; Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El veneco’, conductor del vehículo Spark gris donde el responsable de disparar recibió el arma; William González Cruz, alias ‘El viejo’, quien habría sacado a ‘El costeño’ y ‘Gabriela’ de la zona del atentado en un volkswagen azul; y, finalmente, Christian González Ardila, conductor de una moto donde sacarían de la escena de crimen al sicario.El día del atentado en BogotáEn ese momento, luego de disparar entre la multitud, el joven salió corriendo y tras una persecución por parte de la Policía y miembros del esquema de seguridad del senador, fue capturado esa misma tarde. Tenía una herida en la pierna y fue encontrado con un arma. Fue puesto bajo disposición de las autoridades y el ICBF, al tratarse de un menor de edad. Mientras su proceso se adelantaba, Miguel Uribe murió en la Fundación Santa Fe.
En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Óscar Santiago Gómez, expareja de la periodista Laura Camila Blanco, un juez de control de garantías no solo avaló su detención preventiva, sino que además le cuestionó la actitud que asumió durante el proceso judicial.Gómez fue capturado en Bogotá por funcionarios del CTI de la Fiscalía, señalado del delito de feminicidio agravado. La investigación apunta a que, en la madrugada del 21 de agosto, la joven comunicadora de 26 años perdió la vida tras caer desde un noveno piso en un edificio del barrio El Salitre, en el occidente de la ciudad.Aunque inicialmente el caso se indagó bajo la hipótesis de un posible suicidio, los hallazgos forenses y testimoniales cambiaron el rumbo de la investigación. Según la Fiscalía, Blanco fue víctima de violencia de género ejercida por su entonces pareja, quien habría atacado a la joven antes de arrojarla por la ventana.Durante la diligencia, el ente acusador expuso que el procesado habría estrangulado y sofocado a Laura, aprovechando su fuerza física, y que posteriormente la lanzó al vacío cuando ella se encontraba debilitada. “Sería falaz e imaginario pretender que en la medida que iba cayendo al vacío se iba estrangulando. Según la prueba científica, fue un hecho sucedido antes de la caída”, señaló el juez al analizar la necropsia.El togado enfatizó que en la escena solo se encontraban Gómez y la víctima, y que los gritos y la discusión escuchada por vecinos refuerzan la inferencia de responsabilidad. “La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez”, sentenció.El comportamiento de Óscar Gómez que cuestionó el juezSin embargo, lo que más llamó la atención fue el comportamiento del imputado en sala. El juez lo calificó como un “comportamiento distractor”, al advertir que intentó aparentar un colapso emocional para sostener la versión de que se trataba de un suicidio. “Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo (…) con un fin distractor”, dijo.Al cierre de la audiencia, la justicia concluyó que el acusado representa un peligro para la sociedad y ordenó su reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
En una jornada judicial sin precedentes, Colombia se mantuvo en vilo este lunes, 28 de julio, a la espera del veredicto del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (ver en vivo aquí), acusado de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. Antes de dar a conocer el sentido del fallo, la jueza Sandra Heredia, encargada del caso, ofreció un discurso inicial buscando sentar un precedente sobre la naturaleza de la justicia en el país.La jueza Heredia inició la audiencia con una declaración que resonó fuertemente, enfatizando que el derecho no cede ante presiones externas: Subrayó que, a pesar de las pasiones, opiniones divididas y emociones movilizadas por el juicio, la administración de justicia se mantiene incólume.En su intervención, la jueza Heredia dejó claro que la decisión no tendría motivaciones políticas ni de otra índole ajena a la ley. Explicó que "la justicia como Temis no ve nombres, ni cargos, ni estatuas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia". Remarcó que la administración de justicia no está al servicio de la política, la prensa o la historia, sino al "pueblo colombiano que merece exige una justicia imparcial, transparente, libre libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente".La jueza insistió en que el juicio ha sido un proceso garantista y profundamente respetuoso del debido proceso y la presunción de inocencia, a pesar de haber enfrentado "tormentas de la opinión pública" e "intentos de legitimación" y ataques contra la judicatura. En un punto crucial de su discurso, la jueza fue enfática al desvincular el juicio de cualquier connotación política o de revancha: Además, la jueza hizo una mención especial al rol de las mujeres en la conducción de este proceso, destacando su valentía frente a ataques y cuestionamientos que, a su juicio, quizá no se habrían formulado si quien decidiera fuera un hombre. Resaltó que "la toga no tiene género, pero sí carácter" y que las mujeres administran justicia "con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial".Antes de la lectura del veredicto, la jueza Heredia sentenció que la decisión se centraría únicamente en los hechos y no en el nombre del acusado. "Hoy este estrado no decide sobre un nombre de Decide sobre unos hechos. Y esa distinción es vital. El sentido del fallo que se dará a conocer no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral".Finalmente, la jueza hizo un llamado a la sensatez y al respeto, pidiendo que el momento fuera entendido con la altura y madurez que merece. Agradeció la confianza depositada en la judicatura, invitó a quienes dudaban a escuchar con atención y solicitó a los medios informar con responsabilidad, recordando que el valor de un Estado radica en cómo se construyen, sustentan y defienden sus decisiones.
El abogado Miguel Ángel del Río, representante legal del testigo clave Juan Guillermo Monsalve y de Deyanira Gómez, afirmó este martes que ve altamente probable una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso que se le sigue por fraude procesal y soborno en actuación penal. En entrevista en Mañanas Blu 10:30 con Camila Zuluaga, del Río ofreció detalles técnicos y procesales del caso, que ha captado la atención nacional desde 2018.“La Fiscalía General de la Nación solicita un sentido de fallo condenatorio”, señaló del Río, en relación con los alegatos finales presentados recientemente ante la jueza 44 penal del circuito.El proceso entra en su fase finalEl juicio contra el expresidente Uribe, quien renunció a su curul en el Senado para enfrentar este proceso en la justicia ordinaria, ha tenido múltiples etapas, incluyendo investigaciones de la Corte Suprema, la Fiscalía General y ahora la judicatura ordinaria. Durante los últimos días se han escuchado los alegatos finales de las partes: Fiscalía, Procuraduría, defensa y víctimas.Según explicó del Río, “la jueza se tomará un mes aproximadamente para emitir su decisión”, lo que permitiría conocer el sentido del fallo en la primera semana de agosto.“El delito tendría en este momento un carácter de intramural, frente a la decisión o a la sanción penal establecida por la jueza 44”, explicó.Apelación y riesgo de prescripciónEl fallo, sin importar su naturaleza (condenatorio o absolutorio), podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, el proceso enfrenta una limitación de tiempo clave: la prescripción de la acción penal sería el 16 de octubre de 2025.“Si el tribunal no decide antes del 16 de octubre de 2025, prescribiría la acción penal y se terminaría el proceso”, advirtió del Río. Esto implica que la segunda instancia deberá resolverse antes de esa fecha, o de lo contrario el caso quedaría sin una decisión ejecutoriada, cerrando sin condena ni absolución firme.Monsalve, testigo clave en el juicioUna parte importante del proceso se sostiene en la declaración de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y considerado “testigo estrella” en el caso. Según el abogado del Río, la credibilidad de Monsalve se ha mantenido firme, pese a los intentos por desacreditar su testimonio.“Nada de lo que él ha podido establecer ha sido desvirtuado”, aseguró del Río, subrayando que incluso los intentos por desacreditarlo a través de familiares no lograron desmontar su versión de los hechos.Monsalve declaró haber presenciado la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en la Hacienda Guacharacas, una finca de propiedad de la familia Uribe Vélez, en compañía de otros actores del conflicto armado como los hermanos Gallón Henao.“Parte del andamiaje de estos hechos jurídicamente relevantes se soportan en su declaración”, afirmó.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
