La audiencia de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por el delito de violación de topes de campaña se realizará el próximo 30 de octubre a las 2 de la tarde, en una nueva etapa del proceso relacionado con los recursos que presuntamente no fueron reportados de manera correcta durante la primera y segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con lo señalado por el ente acusador durante la imputación de cargos, el exceso total en los gastos de campaña habría ascendido a aproximadamente 1.664 millones de pesos.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos materiales que demostrarían el conocimiento que tenía Roa sobre los gastos y reportes entregados a las autoridades electorales. El delegado del ente investigador aseguró que varias facturas fueron emitidas directamente a nombre del entonces gerente de campaña y contenían sus datos de facturación electrónica, dirección, teléfono y correo electrónico.
De acuerdo con el ente acusador, el gasto real de la campaña en primera vuelta presidencial ascendió a 29.924 millones de pesos, cifra que habría superado en 1.388 millones el límite permitido por la ley electoral. Mientras tanto, en segunda vuelta, la campaña habría excedido el tope autorizado en 276 millones de pesos.
Para el ente investigador, estas presuntas irregularidades comprometerían la transparencia electoral y afectarían el principio de igualdad entre los distintos competidores dentro del proceso democrático.
Recordemos que por este caso hubo una reunión entre Ricardo Roa y el fiscal Elkin Ardila quien investiga la presunta violación de topes electorales, sin embargo, la Fiscalía le aclaró las condiciones necesarias para tramitar una eventual negociación. Para ello, Roa deberá presentar una solicitud formal por escrito, radicar una matriz de colaboración que identifique hechos y personas de interés para la investigación, y someterse a un interrogatorio previo.
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Con base en esta información, el ente acusador determinará si es viable otorgar un preacuerdo, que implica la aceptación de cargos a cambio de una rebaja de pena, o un principio de oportunidad, el cual suspende la acción penal a cambio de servir como testigo contra otros implicados.