En diálogo con María Jimena Duzán, en su podcast A Fondo, el presidente Gustavo Petro habló sobre varios temas. Uno de los primeros temas que despejó fue quien será el reemplazo de la saliente ministraIrene Vélezy de paso confirmar que su política de hidrocarburos sigue intacta.
Camacho fue candidato al Congreso por Farc, partido político formado tras la desmovilización de la antigua guerrilla, y era candidato para presidir la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Doctorando y licenciado en Ingeniería Eléctrica y Física, ha sido docente universitario de la Universidad Distrital Francisco de Caldas y cuenta con una maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables, lo que da cuenta de la apuesta del Gobiernoporque este ministerio se enfoque en nuevas fuentes de energía más allá de los hidrocarburos.
Además, fue asesor de Vélez, que presentó el pasado miércoles su dimisión, después de que se revelara que supuestamente incurrió en un caso de abuso de poder en beneficio propio al conocerse que presionó a un agente migratorio con el fin de que permitiera la salida del país de su hijo menor de edad sin cumplir todos los requisitos legales.
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Gustavo Petro también analizó la realidad política que le espera a sus principales reformas en el Congreso de la República para la segunda legislatura de su periodo presidencial.
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El presidente planteó que sería un hecho histórico que las reformas se hundan en el Congreso, pero que al mismo tiempo eso serviría para cuestionar si la sociedad colombiana quería o no un cambio, si su elección solo fue un asunto de moda o por qué fue que los colombianos votaron por él.
Por otro lado, también respondió por el proceso que se adelanta en la justicia ordinaria por el caso del supuesto uso indebido del polígrafo en el caso de Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia, quien fue su jefa de Gabinete.
El presidente admitió que no le gustó lo que pasó, pero al mismo tiempo alegó que no es justo que lo señalen a él y a su gobierno de hacer interceptaciones ilegales de comunicaciones, pues lo que pasó no fue ordenado por la Casa de Nariño si no por la fiscalía general de la Nación.
Asimismo, también cuestionó que se esté interpretando su llamado a un “acuerdo nacional” con la premisa de que va a abandonar puntos fundamentales de su plan de Gobierno.
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