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Hacia las 10:00 de la mañana de este martes, 24 de septiembre, se espera que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presente ante la Cámara de Representantes el nuevo proyecto de reforma política, el segundo intento del Gobierno luego del hundimiento del proyecto en marzo de 2023.
Aunque se desconoce el texto final, Blu Radio pudo acceder a una presentación del Ministerio del Interior en el que presentan como objeto del proyecto: “Promover la democracia interna de partidos y movimientos políticos y la transparencia en la financiación de las campañas electorales y las organizaciones políticas, para garantizar una mejor representación ciudadana, y calidad en la democracia colombiana e implementar el Acuerdo de Paz”.
Entre las principales modificaciones que tendría el proyecto está la modificación de la conformación y mecanismo de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que en estos momentos está enfrentado con el Gobierno por cuenta de las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro, Ricardo Roa y el Pacto Histórico por presuntas violaciones de topes e irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, y presunta campaña extemporáneas.
Según la iniciativa, el nuevo CNE estaría conformado por nueve magistrados por un periodo de seis (6) años, servidores públicos de carrera administrativa especial, los cuales serán elegidos por convocatoria pública organizada por la Rama Judicial a partir del 2026. Para ello, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán tres integrantes cada uno mediante lista de elegibles y concurso de méritos.
No podrán ser elegidos quienes hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan sido candidatos a cargos elección popular en los últimos siete (7) años. Así mismo, durante los dos años (2) posteriores a su retiro, los magistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos, ni ser postulados a cargos de elección popular.
Entre las funciones que modifica el proyecto el más polémico es la eliminación de las funciones de autoridad con capacidad de realizar investigaciones administrativas y emitir sanciones por el control de financiación de campañas electorales; cambiándolo ahora por una función colaborativa a otras autoridades que se encargarán de este tipo de procesos. Y le entrega funciones como ejercer la depuración del censo electoral, realizar la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular.
Frente a temas como la democracia interna y la participación electoral de los partidos y movimientos políticos, el proyecto concibe garantizar y fortalecer la libre organización de partidos y movimientos políticos y la participación de los afiliados en las consultas internas e interpartidistas. Adicionalmente se concibe la participación en elecciones mediante listas cerradas y bloqueadas, y se mantiene la posibilidad de que los partidos minoritarios puedan construir coaliciones para participar en la elección de corporaciones públicas.
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Por último, frente a la financiación de campañas el proyecto concibe la prohibición de aportes por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, la preponderancia de la financiación estatal mediante anticipos y reposición de votos, así como la implementación del Registro Nacional de Proveedores Electorales para que las campañas electorales puedan adquirir bienes y servicios de quienes aparezcan en el Registro, con excepción de las adquisiciones de mínima cuantía que defina el CNE.
La presentación del Ministerio no define nada respecto a transfuguismo, uno de los puntos claves que busca implementar el Pacto Histórico para las elecciones de 2026.
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