Senador defiende rebaja de pena por trabajo en cárceles: “No es para sacar presos”

Controversia generó la proposición añadida al proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado y que establece que los presos que trabajen durante su tiempo en la cárcel podrán reconocer el tiempo trabajado como experiencia laboral previamente certificada y, además, podrán recibir una reducción de dos días de pena por cada tres días trabajados.

El senador Gustavo Moreno defendió con firmeza su propuesta. Según explicó en Mañanas Blu, el objetivo no es "sacar presos", sino incentivar el trabajo y la resocialización dentro de los centros penitenciarios del país.

Moreno aseguró que la medida hace parte de una política más amplia aprobada recientemente por el Congreso: la ley de cárceles productivas, sancionada hace un mes por el presidente de la República. Esta legislación busca que las prisiones dejen de ser centros de ocio y pasen a convertirse en espacios de formación laboral, producción y reintegración.

"Hoy, un privado de la libertad se levanta, desayuna y queda libre todo el día dentro del centro carcelario. ¿A qué se dedica? A seguir delinquiendo", afirmó el congresista, quien insiste en que el ocio es una de las principales causas del alto índice de delitos como la extorsión desde las cárceles.

Moreno enfatizó que no se trata de una liberación masiva de delincuentes ni de un beneficio excesivo: “Lo que estamos haciendo es aumentar medio día de redención por cada ciclo de tres días de trabajo. No es un mico, ni es un perdón disfrazado”.

Si un interno trabajara de manera continua durante todo un año, podría descontar hasta 121 días de su condena, es decir, aproximadamente un tercio del año. Así las cosas, alguien que trabaje cuatro años podría reducir un año completo de prisión.

Foto: AFP

Uno de los puntos clave de la propuesta es que el trabajo carcelario sea certificado como experiencia laboral válida. Para esto, el Ministerio de Trabajo será la entidad encargada de determinar qué tipos de actividades serán válidas para otorgar el beneficio, y de emitir la respectiva certificación, en coordinación con el Inpec y el sistema penitenciario.

Entre los oficios contemplados estarían los relacionados con confección, calzado y manufactura básica, actividades que ya han comenzado a implementarse con apoyo de algunas empresas privadas como parte de la ley de cárceles productivas.

¿A quiénes aplica y cómo se controla?

Frente a las preocupaciones por la aplicabilidad del beneficio a condenados por delitos graves, el senador Moreno evitó dar una respuesta categórica. No mencionó si habría exclusiones por tipo de delito, como ocurre en países como El Salvador, donde personas condenadas por homicidio o secuestro no pueden acceder a este tipo de redenciones.

Tampoco detalló quién sería el encargado de verificar que el interno efectivamente esté trabajando de forma constante y real. “No se puede obligar a un preso a trabajar, pero sí se puede incentivar con beneficios reales”, añadió.

Moreno sostuvo que su iniciativa se inspira en experiencias internacionales. Mencionó casos de cárceles en Estados Unidos y América Latina donde los internos participan en industrias penitenciarias como la automotriz. También hizo referencia al modelo salvadoreño de “cero ocio”, que busca mantener ocupados a los reclusos para evitar que sigan delinquiendo.