El cabo primero Gersson Jalava , el sargento segundo Jeisson Ricardo Barrera y el subteniente Juan Daniel Hernández, quienes estaban a cargo de las operaciones en ese municipio del nordeste antioqueño, fueron capturados este viernes ysegún la Fiscalía Penal Militar y Policial, legalizaron y reportaron coordinadas que no coincidían con la ubicación de las tropas.
La fiscal del caso detalló que el subteniente Hernández, en su rol como comandante del pelotón Buitre 2, debía asumir control efectivo de sus hombres, el mando operacional y tenía el deber jurídico de evitar la muerte y lesiones de su personal bajo su mando.
"Sabía de la existencia de peligro para su unidad porque había de la existencia de esos radiogramas, de los avisos dados por sus superiores que era probable el resultado de muertos y lesiones en contra de sus hombres por la zona tan peligrosa que es Anorí y no informó la irregularidad presentada ante el comando o jefe de operaciones de la unidad omitiendo su función como reemplazante de pelotón", aseguró el fiscal del caso
Es decir, la fiscal recordó que pese a que los militares a cargo sabían que los movimientos de tropas debían hacerse en horarios nocturnos, no cumplieron con esa instrucción, aumentando la vulnerabilidad ante los grupos ilegales.
A eso se le suma que el subteniente tenía todos los recursos para abastecimiento durante al menos 15 días y traslados oportunos para continuar con su labor en garantizar la seguridad de los 47 reincorporados y sus familias que están en el antiguo ETCR de La Plancha.
Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía Penal Militar y Policial, desde el 8 y 9 de noviembre de 2024, el comando de la Séptima División y otras unidades emitieron alertas operacionales sobre la posibilidad de coordinaciones armadas por parte del frente compañero Tomás del ELN, y por ende ordenó movimientos.
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Luego, el 18 de noviembre de 2024, el comandante de Pelotón recibió la instrucción de desplazar a sus hombres en cada noche ya que había sido abastecido pero no lo hizo, y se quedó en el mismo punto durante cuatro días sin protección con el agravante de entregar información falsa con coordenadas inexactas.
Y fue justamente el 21 de noviembre cuando se dio el ataque con tatucos por el ELN evidenciando la irregularidad, pues el hecho se dio en una ubicación muy distante.
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Tras horas de audiencia, el juzgado 1227 Penal Militar y Policial de control de garantías envió a un centro de detención militar a los tres implicados, decisión que fue apelada por su defensa.
"Sean receptores de esa medida cautelar de medida aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión militar dispuesto para miembros de la fuerza pública, no antes sin dejar constancia que la medida es temporal es provisional mientras se continúa con las etapas siguientes", manifestó el juez.
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Vale la pena recordar que los militares fallecidos en Anorí fueron el cabo segundo Fredys David Robles Romero y los soldados profesionales Carlos Andrés Ramos Martínez, Iván Darío Reina Carabalí, Fabián José Regino Mora y Yoiser David Redondo Arias.
Por estos hechos, la Fiscalía Penal Militar les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, desobediencia y homicidio culposo.
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