El polémico proyecto sobre la tasa de seguridad que busca implementar el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no fue decidido en primer debate, pues se suspendió la votación por una recusación interpuesta por Luis Peláez contra dos diputados del Centro Democrático. La comisión ética sesionará este martes para decidir si hay conflicto de intereses.
Así se cobraría impuesto de seguridad en Antioquia
No logró hacerse la votación del polémico proyecto del gobernador Andrés Julián Rendón este lunes, pese a que antes del mismo, cerca de cien alcaldes de los municipios se hicieron presentes en la capital antioqueña, para mostrar su respaldo a la propuesta de implementar la tasa para temas de seguridad que sería gravada a través de la factura de energía de todos los usuarios de estratos 4, 5 y 6.
Aunque se tenía previsto el primer debate en la Comisión Primera de la Asamblea, este tuvo que ser suspendido por una recusación que presentó el diputado Luis Peláez ( del movimiento político Dignidad y Compromiso) contra los diputados Luis Gabriel Gómez Grisales y Carlos Humberto García Velázquez, del Centro Democrático por presunto conflicto de intereses para deliberar en este tema. Ahora, la Comisión de Ética sesionará sobre las 7:00 de la mañana para analizar este recurso legal.
Según detalló Peláez en el documento, el partido Centro Democrático recibió varias donaciones con destinación específica para las elecciones territoriales de 2023, donde se muestran varias empresas con asentamiento en Antioquia, una de ellas de una compañía cervecera por cerca de $600 millones de pesos. De momento, dejó ver que su intención es que otros diputados desistan de votar positivo al proyecto.
“Son muchas las empresas que se podrían beneficiar o perjudicar de esta situación y por esa razón, llamamos a la Comisión de Ética que tome una decisión frente a la recusación por conflicto de interés, intentamos lograr, no solo una reflexión en torno a este nocivo impuesto, sino también la posibilidad de que el gobernador lo retire”, afirmó.
Por lo pronto, tendrá que reprogramarse, aunque este mismo sábado 30 de noviembre será la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias. Se estima que por lo menos en la Comisión Primera, Rendón sumaría 6 votos positivos y tres negativos.
A la par, el gobernador insiste en que es necesario, pese a la oposición de diferentes sectores industriales y gremios económicos de la región y el país a la iniciativa. El mandatario reconoció que es algo incómodo, pero que se requiere para mejorar la calidad de vida en todos los municipios del departamento.
“Pagar tributos no le gusta a nadie a ningún ciudadano a ningún comerciante a ningún industrial a nadie, pero son necesarios cuando de financiar bienes públicos se trata que tienen una desfinanciación tan protuberante como infortunadamente acontece en el tema de seguridad”, aseveró.
De igual manera, la abogada Martha Patricia Correa, secretaria General, salió al paso a posibles inhabilidades de EPM para cobrar estos recursos, asegurando que están bajo el marco legal.
“Eso es una figura jurídica que llamamos exequibilidad extendida y es potestad de la Corte Constitucional desconocer un fallo de la Corte Constitucional revisando una ley es desconocer la salvaguarda y la potestad que tiene”, aseguró la funcionaria.
En caso de que la iniciativa supere por mayoría simple el primer debate en esta comisión en la nueva fecha que sea designada, será la plenaria de la Asamblea la que dé la última palabra sobre el proyecto que busca reanudar 1.2 billones de pesos hasta 2027 para inversión en seguridad.
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