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A pesar de tener una administración nueva, los últimos actos de la Alcaldía de Medellín saliente siguen dando de qué hablar, esta vez se trata del contrato que entregó la EDU al consorcio vial Avenida 34 a pesar de los procesos que se adelantaban por presuntas irregularidades en la adjudicación.
Desde el primero de diciembre el concejal Sebastián López denunció el contrato de ampliación de la avenida 34, paso a desnivel con la Loma de los González y obras complementarias pues habría sido entregado por un valor inferior a lo que realmente cuestan las obras para evitar así la licitación pública.
A la denuncia interpuesta por el concejal se sumó la solicitud que hizo la Personería Distrital de Medellín, el 28 de diciembre para evitar suspender esa asignación, por el mismo motivo argumentado por López.
Sin embargo, el consorcio Avenida 34, conformado por las empresas Ingeniería y Vías e Ingeniería, Transporte y Maquinaria, ese 28 de diciembre aceptó el contrato, lo que para el concejal denunciante es un acto de mala fe.
"Se ve una mala fe en la asignación de este contrato, porque lo denuncio el primero de diciembre, el 27 de diciembre la Personería solicita suspender esa asignación de contrato y el 28 aceptan el contrato, ya generando la obligación contractual", contó López.
El contrato está asignado por un valor superior a los 9.900 millones de pesos, cuando en realidad, según expertos consultados por los denunciantes, la obra puede ascender a los 30.000 millones, lo que constituye un delito por fraccionar un contrato para evitar la licitación.
"Entonces lo que hacen es que dicen que la obra vale 9.800 millones, pero en el transcurso de la obra le van diciendo a la Alcaldía. que se sube a 15, que a 20, que no, que a 30. Eso es un delito", explicó el concejal.
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A esto se suma el desconocimiento de la situación que los supervisores y evaluadores del proceso de contratación argumentaron durante una reunión ocurrida en las últimas horas para evaluar precisamente el por qué fue entregado por la EDU y aceptado por el consorcio.
Por esta razón, mientras la Fiscalía revisa la denuncia, el concejal espera que el consorcio que aceptó el contrato se acerque a la EDU y decida renunciar a él, pues de encontrar culpables, habría una responsabilidad penal.
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