Si se cumple el que el presidente Gustavo Petro decrete el presupuesto para 2025, ante su falta de aprobación en el Congreso, como lo anunció recientemente, Antioquia se vería golpeada pues dejaría de recibir más de 2 billones de pesos.
Y es que la destinación de recursos para Antioquia disminuyó del $8,8 billones en el 2024 a $6,5 billones para la próxima vigencia, que es la propuesta del Gobierno que saldría vía decreto, representando un 26 % menos.
Ante la situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que el presupuesto general de la Nación para el 2025 es un castigo para las regiones y agregó que los programas sociales serán los más afectados.
"Nosotros somos el 15 % del PIB, a precios del año 2022 Antioquia le manda a la nación 30 billones de pesos y le devuelven vía SGP (Sistema General de Participaciones) la sexta parte y después toca esta rogadera para que la inversión regionalizada de las demás entidades tome lugar para atender las necesidades que se requieren atender en las regiones. Este centralismo está acabando con el país", dijo Rendón.
A su vez, defendió que la autonomía fiscal para las regiones es el camino, una iniciativa que viene recolectando firmas para lograr ese objetivo en el país, pues en su concepto, de lo contrario los departamentos “seguirán a merced de las decisiones del centralismo asfixiante”.
El representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, detalló que varios sectores se verán sumamente afectados por este recorte, como lo son el agro, el transporte, la cultura y los programas de inclusión social.
"Nuestra región sufre una tremenda afectación en sectores estratégicos. Vamos nosotros, en lo que sea posible, ante este Gobierno Nacional, que bastante indiferente ha sido con nuestra región, a tratar de corregir lo que allí se está planteando", dijo el representante.
Según expuso Cadavid, el sector de la agricultura sufre un recorte de 510.000 millones en el presupuesto de la nación para el 2025; serán 471.000 millones de pesos menos para la atención de la población más vulnerable y en condición de víctima y una reducción de 30.000 millones en educación.
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