Aplazan para marzo de 2027 las audiencias judiciales de los 11 campesinos de Jericó procesados por presuntos delitos durante protestas contra el proyecto minero Quebradona. Abogados del caso revelaron que la Fiscalía evalúa la renuncia a la persecución penal de los procesados.
La expectativa que había en Jericó por el inicio de las audiencias contra 11 campesinos investigados por los hechos ocurridos durante las protestas contra el proyecto minero Quebradona tendrá que esperar varios meses más.
Aunque las diligencias judiciales estaban programadas para comenzar este 3 de agosto, quedaron para los días 8, 9 y 10 de marzo de 2027, prolongando un proceso que se ha convertido en uno de los principales símbolos del conflicto entre las comunidades del Suroeste antioqueño y la minería a gran escala.
Sobre el caso, Ana María Gallego, una de las abogadas defensoras de los procesados, manifestó que la Fiscalía avanza en la posibilidad que se renuncie a la persecución penal y las disputas jurídicas tengan otro abordaje.
"La Fiscalía está evaluando la posibilidad, la viabilidad, y solicitó conceptos sobre esto, de aplicar un principio de oportunidades. Todavía no conocemos a profundidad cuáles son las modalidades o la modalidad bajo que ese principio se va a aplicar, si es una suspensión o una renuncia a la persecución penal", indicó.
Pese a la cancelación de la diligencia judicial, organizaciones sociales, ambientales y defensoras de derechos humanos mantendrán una jornada de respaldo a los campesinos en el parque principal de Jericó.
Durante la actividad, anunciaron actos culturales, intervenciones públicas y manifestaciones de solidaridad con los habitantes vinculados al expediente, quienes sostienen que su actuación respondió a la defensa del territorio y del agua.
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Los 11 campesinos son investigados por hechos registrados en medio de las movilizaciones desarrolladas en predios donde se proyecta la mina de cobre Quebradona, iniciativa de la multinacional AngloGold Ashanti.
De acuerdo con la Fiscalía, durante algunas de esas protestas se habrían presentado acciones que derivaron en presuntos delitos relacionados con obstrucción de vías, daño en bien ajeno y perturbación a la posesión, entre otros comportamientos que son materia de investigación.
Sin embargo, las organizaciones que acompañan a los procesados aseguran que las actuaciones judiciales constituyen una forma de criminalización de la protesta social y de quienes han liderado la oposición al proyecto minero.
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