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En firme quedaron vigencias futuras por más de 176.000 millones de pesos para llevar a cabo obras propuestas con la tasa de seguridad en Antioquia, ante grave panorama de seguridad en algunas subregiones del departamento.
Con 21 votos a favor y solo 3 en contra la Asamblea de Antioquia aprobó en segundo y último debate la ordenanza que busca apropiar 176.131 millones de pesos vía vigencias futuras para que la administración departamental ejecute obras contempladas con el recaudo de la polémica tasa de seguridad.
Los recursos recientemente aprobados estarán destinados al proyecto denominado “Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia”, con el cual se busca inicialmente adecuar y construir placas polideportivas como escenarios que fomentan la convivencia y previenen en el ingreso de jóvenes a actividades delictivas.
Ante diferentes dudas y posturas contrarias durante la discusión en plenaria frente a la pertinencia de aprobar estos recursos y su inversión, Marta Patricia Giraldo, delegada de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, manifestó que habrá un seguimiento riguroso de la contratación y ejecución de estos dineros que ya tienen luz verde, sino de aquellos recaudados hasta el momento a través de la facturación a los contribuyentes y que están rodando los 60.000 millones de pesos.
“Nosotros tendremos la supervisión de cada uno de esos proyectos que efectivamente se están invirtiendo en lo que en lo que es, que es mejorar la convivencia, poder en esos sitios donde hoy hay focos de inseguridad por el microtráfico, por el consumo de drogas, se vuelven precisamente sitios de sano esparcimiento”, afirmó.
A pesar del desembolso de estos recursos, contra la tasa de seguridad aún avanza el estudio de tres demandas que pretenden suspender su entrada en funcionamiento desde el pasado 1 de enero.
Precisamente este fue uno de los puntos clave manifestado durante el debate por sectores opositores a estas vigencias futuras, pues no hay claridad frente a lo que ocurriría con recursos desembolsados a contratistas para obras en caso de que la tasa quede sin vigencia.
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