Quejas por ruido, problemas de convivencia y uso inadecuado de apartamentos por parte de extranjeros motivaron a las autoridades en Medellín a poner la lupa a las viviendas de renta corta en El Poblado. A la fecha han sido atendido más de 79 solicitudes por perturbación
Las constantes quejas de residentes por problemas de convivencia y presuntas irregularidades en apartamentos utilizados para renta corta llevaron a la Alcaldía de Medellín y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá endurecieran los controles en edificios residenciales de El Poblado.
Las autoridades en la capital de Antioquia aseguran que el auge del turismo y la llegada de extranjeros a la ciudad han incrementado el uso de inmuebles como hospedajes temporales, incluso en copropiedades donde esta actividad no estaría autorizada.
Según informó la Administración Distrital, ya han sido atendidas 71 solicitudes relacionadas con perturbaciones a la convivencia y situaciones asociadas a renta corta en edificios residenciales de este exclusivo sector de la ciudad. Además, se han recibido 18 peticiones de verificación por posibles irregularidades en el uso del suelo.
El secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez, advirtió que incluso han detectado posibles maniobras para evadir los controles, como contratos de arrendamiento superiores a 30 días que serían utilizados para ocultar actividades de hospedaje turístico ilegal.
“Hemos identificado posibles prácticas para evitar controles como contratos simulados de arrendamiento superiores a 30 días que estarían siendo utilizados para ocultar actividades de renta corta o a los alojamientos turísticos sin las autorizaciones correspondientes”, dijo.
Entre las principales denuncias aparecen el ruido excesivo, el constante ingreso de turistas, fiestas en apartamentos y el uso de inmuebles residenciales como alojamientos turísticos sin cumplir con los permisos exigidos.
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Además, la Alcaldía avanza en un intercambio de información con Migración Colombia para identificar inmuebles donde se hospedan extranjeros y verificar si los propietarios están realizando los reportes obligatorios ante las autoridades migratorias.