En medio de la polémica que ha generado el foto reportaje del periodista Federico Ríos de The New York Times y las aclaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el predio La Mandinga, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó con diferentes autoridades la subregión del Bajo Cauca antioqueño y desmintió que se está haciendo una extracción ilícita de yacimientos mineros dentro de la unidad militar.
Durante la verificación, el alto funcionario confirmó que no existe explotación minera del Clan del Golfo dentro de las instalaciones del Batallón Rifles entre Caucasia y Cáceres, aunque el exparamilitar alias ‘Nico’ aseguró en diálogo con Blu Radio que desde el 2011 emitió diferentes alertas sobre la presencia de ilegales allí y que, incluso, este grupo armado le cobra el 12 % de la producción a los mineros que por años han explotado este bien destinado a la reparación de víctimas del conflicto armado.
La principal precisión que hicieron desde el MinDefensa es que sí existe extracción de oro por parte de mineros artesanales en terrenos contiguos (pero por fuera de los predios) a la unidad militar, administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas. A la par, reconocieron que el uso de maquinaria amarilla sigue generando una grave afectación ambiental, por lo que se espera que pronto las autoridades competentes tomen medidas.
"Lo más preocupante no es hasta dónde va el batallón. ¿Quiénes están haciendo esa actividad ilegal? No es la Fuerza Pública. Ahora, la Fuerza Pública tampoco puede tolerar. No vamos a avanzar en esta depredación del medio ambiente en este año, en esta masacre ambiental, pero también que tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias de violencia, donde unos criminales de todo tipo, armados y otros de civil, son los que se están beneficiando del daño que le hacen acá", indicó el funcionario.
Sánchez confirmó el inicio de una misión de trabajo por parte de Inspección del Ejército Nacional, además de la verificación jurídica y técnica de los linderos del predio, teniendo en cuenta tras verificar las coordenadas y registros del terreno, hay diferencias entre lo que figura en Catastro y los límites definidos en escrituras públicas del Batallón Rifles.
"Contratar estas escrituras con la realidad espacial de la uso y la costumbre, vemos que es necesario revisar todo lo concerniente a estos linderos para garantizar que no estemos violando ninguna norma. Una tiene que ver con esto es esperar el informe oficial. Una vez tengamos ese informe oficial, ya miraremos qué estrategias hay que hacer con respecto a la claridad de hasta dónde va el batallón", manifestó Sánchez.
De otro lado, las autoridades anunciaron que reforzarán el control operacional en la zona, incluyendo la incautación y destrucción de maquinaria, la judicialización de responsables y la coordinación con autoridades competentes.
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Finalmente, el Gobierno Nacional anunció que se iniciará un diálogo directo con los líderes de Mandinga, que como ya había revelado el Ejército son entre 2.000 y 2.500 mineros los que adelantan labores de extracción allí de manera informal.
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