En buses de transporte público urbano de empresas de Medellín llegaron a inmediaciones de la cárcel La Paz de Itagüí decenas de personas para protestar por el posible traslado de los cabecillas que tienen asiento en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional, luego de la polémica que se desató por la fiesta vallenata protagonizada por Nelson Velásquez hace 10 días.
Aunque en un principio circuló una imagen que indicaba que se trataba de un plantón ciudadano exigiendo que se respete la paz como un derecho "de Estado, no de gobiernos", la concejala Claudia Carrasquilla denunció que se trata de un campamento en el que "usan jóvenes de las diferentes comunas como escudos", trayendo incluso habitantes de barrios como Granizal de Medellín, de donde es José Leonardo Muñoz Martínez, alias 'Douglas'.
"Tienen carpas, están allí pernoctando, y son jóvenes, la mayoría. Tienen carteles, inclusive, donde dicen que 'Douglas' es el jefe de la paz y que no hay por qué atacar. Realmente, esto lo que deja en evidencia es que estas estructuras criminales y estos cabecillas están instrumentalizando, no solamente a los jóvenes, sino a los residentes del sector", aseguró al exfiscal.
En los alrededores del penal, como ha quedado en videos, hay personas jóvenes con cárteles, reunidos con mesas y sillas como esperando y hasta cocinando en el sitio. Carrasquilla fue enfática en que la pregunta es de dónde sacan recursos para estar allí.
"¿De dónde salió el dinero para pagar los buses, para pagarles a esos jóvenes que están allí sentados para pagar su alimentación, su pernocta y su estadía allí? Pues, no pueden ir sino precisamente esas estructuras criminales que nuevamente están utilizando el dinero que obtienen de las economías ilícitas para patrocinar, supuestamente, una protesta en beneficio de ellos", aseveró la concejala.
Por lo pronto, hay que recordar que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, dijo desde Armenia que los traslados de los internos que estuvieron en la escandalosa fiesta aún están en estudio tratando de definir quiénes participaron y quiénes no.
Aunque reconoció que debe tenerse en cuenta la voluntad de continuar o no los diálogos que están suspendidos, aseguró que el proceso de traslado es complejo teniendo en cuenta que inicialmente los voceros que pagan sus penas estaban asignados a otros centros de reclusión y fueron trasladados precisamente a Itagüí para facilitar el avance del espacio sociojurídico.
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Este punto ha generado controversia si se tiene en cuenta que el anuncio del presidente Gustavo Petro era que salían de este establecimiento carcelario de máxima seguridad hacia uno de Bogotá.
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