En las últimas horas fueron capturados el alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, y cinco funcionarios de la administración municipal, dentro de una investigación de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a cubrir la logística de transporte y viáticos de los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral del pasado 8 de marzo.
Las capturas fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en Mutatá, Antioquia.
De acuerdo con la Fiscalía, los procedimientos están relacionados con posibles irregularidades detectadas en los recursos destinados a garantizar el transporte y los viáticos de las personas que participaron como jurados y delegados durante la jornada electoral.
En las próximas horas, un fiscal de la Seccional Chocó, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentará al alcalde y a los cinco funcionarios ante un juez de control de garantías. En esa diligencia, el ente investigador les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La captura del alcalde Juan Moreno Mena se suma a un antecedente disciplinario relacionado con su administración. La Procuraduría General de la Nación le formuló cargos por la presunta omisión de sus deberes frente a la atención de la población en condición de detención preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, el mandatario habría omitido su obligación de apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del establecimiento penitenciario de Apartadó, Villa Inés, El Reposo, y de la estación de Policía de Riosucio.
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Para la Procuraduría, esta actuación podría haber comprometido principios de igualdad, eficiencia y celeridad, al considerar que no se habrían coordinado las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.