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Cerca de 15.000 uniformados vigilarán más de 1.200 puestos de votación en Antioquia este 31 de mayo

Según el Índice Compuesto de Riesgo Electoral, Antioquia tiene 21 municipios en nivel extraordinario de riesgo electoral, siete en nivel relevante, 64 en nivel potencial y 33 en nivel moderado.

Riesgo electoral en Antioquia

La Gobernación de Antioquia aseguró que ya está listo el dispositivo de logística y seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en los 125 municipios del departamento. En total, más de 5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en 1.280 puestos de votación y 15.801 mesas.

Las autoridades informaron que la jornada contará con un amplio despliegue de la Fuerza Pública. Según el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, Luis Martínez, el operativo estará integrado por casi 9.000 uniformados del Ejército Nacional, 6.393 efectivos de la Policía Nacional y 227 integrantes de la Armada Nacional.

"El principal riesgo para la fase pre, durante y postelectoral es la intención de estos grupos armados ilegales de realizar acciones contra los dispositivos de la Fuerza Pública asignados para los comicios. Desde ya, la Fuerza Pública está avanzando, especialmente el Ejército, en los movimientos para llegar a estos sitios rurales", señaló.

Durante los últimos meses, la Secretaría de Gobierno adelantó algunos Comités de Garantías Electorales en distintas subregiones del departamento con el propósito de revisar las alertas tempranas y las condiciones de seguridad y logística en Mutatá, Ciudad Bolívar, Santa Rosa de Osos, Abejorral, El Bagre, Santa Fe de Antioquia, Segovia y Caracolí.

Sin embargo, las autoridades también advirtieron sobre riesgos en algunos territorios. De acuerdo con el Índice Compuesto de Riesgo Electoral (ICRE), Antioquia tiene 21 municipios en nivel extraordinario de riesgo electoral, siete en nivel relevante, 64 en nivel potencial y 33 en nivel moderado.

Por ahora, las autoridades buscan que la Fuerza Pública y los gobiernos locales tomen las medidas correspondientes de acuerdo con el nivel de riesgo y la clasificación en temas de orden público, arrojados en un ejercicio técnico que integra las observaciones de diferentes fuentes, entre ellas la MOE y la Defensoría del Pueblo.

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