La Contraloría General de Antioquia encontró posibles irregularidades en 31 empresas públicas de municipios pequeños del departamento. Hay un posible detrimento patrimonial de más de 15 mil millones de pesos y al menos 10 entidades que fueron constituidas sin demostrar plenamente su viabilidad técnica.
Las auditorías realizadas por la Contraloría General de Antioquia a 31 Empresas de Desarrollo Urbano y Empresas Industriales y Comerciales del Estado de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría encendieron las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en varias subregiones del departamento.
El organismo de control reportó presuntas irregularidades que podrían haber ocasionado un detrimento patrimonial superior a los 15.983 millones de pesos, además de identificar hechos con posibles implicaciones disciplinarias, fiscales y penales en 13 de las entidades examinadas.
Las actuaciones de fiscalización abarcaron empresas de Chigorodó, Dabeiba, Giraldo, Murindó, Necoclí, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Donmatías, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Ituango, San Carlos y Andes.
Según el contralor departamental, Juan Carlos Herrera, entre los principales hallazgos aparecen fallas en la administración financiera, retrasos en el traslado de recursos públicos, incumplimientos tributarios y otras deficiencias que, según el funcionario, comprometen la correcta gestión del patrimonio estatal.
"También encontram
os 10 de esas empresas con posibles errores en su constitución, lo que podría degenerar en que tengamos que promover acciones para pedir la nulidad de los actos de creación de esas empresas ante la jurisdicción contenciosa administrativa", expuso el contralor.
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Las acciones de control también permitieron identificar que 22 empresas registraron incumplimientos relacionados con el pago de obligaciones tributarias y la transferencia oportuna de recursos provenientes de estampillas.
El ente de control también destacó que las acciones permitieron el mejoramiento de la gestión en las localidades, pues 15 entidades regularizaron obligaciones fiscales, tributarias y financieras, lo que hizo posible recuperar más de 7.373 millones de pesos que hacen parte de las finanzas públicas.
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