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La Contraloría abrió indagaciones previas por los contratos de la demolición del edificio Mónaco durante el primer periodo de Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín y la estrategia de comunicación para la promoción de la imagen del alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, durante la administración de Daniel Quintero.
Durante su visita a Medellín, el vicecontralor de la República, Carlos Mario Zuluaga, explicó que entre el 20 de octubre de 2022 y el 5 de julio de 2023 se realizó una intervención funcional excepcional a contratos realizados por la Alcaldía de Medellín, a través de Telemedellín.
En esa intervención hubo 20 hallazgos administrativos, de los que 8 tienen una presunta incidencia disciplinaria y uno ya tiene traslado a indagación preliminar, por valores que ascienden a los 749 millones de pesos.
Zuluaga explicó que se trata del contrato para la realización de una pieza audiovisual de 40 minutos para la demolición del edificio Mónaco, llevada a cabo en 2019, durante el primer periodo de Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín.
Se configuró debido a la deficiencia en la planeación y en la estructuración del contrato 0329 del 2019, que tenía como objeto la elaboración de piezas audiovisual de 40 minutos sobre la demolición del edificio Mónaco
A esta, se suma una intervención funcional de oficio realizada entre 2019 y 2022, en la que hubo 15 hallazgos administrativos, 6 de ellos con presunta incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia fiscal y uno con traslado a indagación previa, por valores que suman 187 millones de pesos.
En este caso, se trata de la estrategia de comunicaciones “Un mentor, no un héroe” (2020-2023), para la autopromoción en función del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
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“En relación alguna incidencia relacionada a la expedición o a la estrategia de comunicación un mentor no un héroe con el efecto de hacer uso de las prácticas de autopromoción en función de la figura del alcalde de Medellín”, agregó.
Dependiendo de los resultados de las indagaciones en ambos casos, será la Contraloría la que determine si habrá medidas disciplinarias o sancionatorias por las irregularidades encontradas.
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