Según denuncias conocidas en las últimas horas, hay otra víctima de abusos sexuales por parte de funcionarios del Inpec al interior de la cárcel El Pedregal de Medellín, que se suma al caso de la mujer privada de la libertad quien en 2024, incluso quedó embarazada a causa de la violación.
El caso lo reveló la concejala Claudia Carrasquilla este nuevo caso involucra a dos dragoneantes y un auxiliar, quienes son señalados de abusar de una interna de 18 a 19 años de edad en un área de aislamiento, además de presuntamente intentar sobornar a la policía judicial para ocultar el hecho, por lo que la Fiscalía emitió órdenes de captura y los implicados ya enfrentan medidas de aseguramiento en centro carcelario.
"¿Cómo es posible que se haya realizado la captura de 13 servidores del Inpec que abusaron en el 2024 de una mujer y aquí no se haya dicho absolutamente nada? Fueron dos dragoneantes, uno de apellido Cartagena y el otro de apellido Parra, y un auxiliar que también, al parecer, estaba prestando su servicio allí para esa época", indicó.
Carrasquilla indicó que la víctima ha sido trasladada varias veces y sigue sin protección adecuada, a pesar de ser reconocida como sujeto de derechos, además de que fue crítica por la falta de control y el incumplimiento de estándares internacionales que prohíben la vigilancia de mujeres privadas de la libertad por parte de hombres.
"Ya hemos visto el comportamiento que tiene el director de la cárcel de Pedregal, director nacional del INPEC, y es que siempre niegan que a ellos no les conviene que se sepa que ellos no están cumpliendo con esos controles, no están cumpliendo con lo que regla la ONU. Para las mujeres privadas de la libertad no las pueden vigilar. Su reclusión, hombres y no mujeres", señaló.
En agosto de 2025, casi un año después de haberse conocido públicamente el primer aberrante caso, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra el guarda del Inpec Diego Stiven Castaño Sánchez, señalado de abusar sexualmente y dejar en embarazo a Andrea Valdés, una reclusa de 30 años. Esta había sido condenada por homicidio agravado y permanecía en la celda 15 de la Unidad de Tratamiento Especial, donde habrían ocurrido los hechos.
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