Autoridades colombianas y estadounidenses siguen tras la pista de grupos armados que delinquen en Antioquia y que en los últimos meses han generado particularmente temor en subregiones como el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca.
Las investigaciones llevaron al despliegue de un megaoperativo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y el FBI para desmantelar un centro logístico de una red criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de armas y material bélico.
La información recopilada durante varios meses permitió establecer que varios inmuebles en la capital antioqueña eran utilizados como puntos estratégicos para el acopio y distribución de armamento con destino a estructuras como el frente 36 de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales con presencia en el departamento.
Uno de los lugares más llamativos de las diligencias fue un taller clandestino subterráneo, acondicionado para la modificación, ensamblaje y reparación de fusiles. Allí incautaron un significativo arsenal de uso exclusivo de las fuerzas militares, entre ellos tres fusiles Galil calibre 5.56, 22 cañones para ametralladora, 17 proveedores y más de 350 cartuchos de distintos calibres.
De igual manera, según el coronel Ferney Martín Romero, subdirector encargado de de Investigación Criminal e Interpol, se identificó un dron que al parecer iba a ser destinado para atentar contra la fuerza pública.
"Un dron de última generación, cuya capacidad máxima era de diez kilogramos, que, de acuerdo a la información recopilada, sería utilizado para atentar en contra de la fuerza pública. Se logró la incautación de alrededor de doscientos millones de pesos y tres celulares, cuyo análisis nos permitirá fortalecer el proceso investigativo", mencionó el uniformado.
En los epicentros de los allanamientos también fueron encontrados cientos de componentes especializados para armamento como cerrojos, disparadores, miras y estructuras de fusiles.
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Desde la Policía Nacional destacaron el reciente resultado como la posibilidad de adquirir más información que permita la desarticulación de estructuras armadas que operan en el departamento y que se han convertido en objetivos estratégicos para la justicia estadounidense.
Este es el caso de personajes como alias ‘Primo Gay’ y ‘Chejo’, reconocidos cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc y por los que el gobierno del país norteamericano mantiene vigente la recompensa de hasta cinco millones de dólares al ser señalados de perpetrar el atentado contra el helicóptero de la policía en zona rural de Amalfi que cobró la vida de 13 uniformados el año anterior.
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