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Destituyeron e inhabilitaron por 10 años a funcionario de El Retiro por acoso sexual a contratista

De acuerdo con la Procuraduría, las conductas ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, periodo en el que el funcionario habría hecho comentarios de contenido sexual.

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Procuraduría General de la Nación
Foto: Procuraduría General de la Nación.

Destituyeron e inhabilitaron a un funcionario del municipio de El Retiro por acoso sexual a una contratista. Comentario, insinuaciones y acercamientos físicos no consentidos hicieron parte de las conductas.

Una sanción disciplinaria que le impide ejercer funciones públicas durante una década fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación a Elkin Darío Franco García, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Cobro Coactivo y Fiscalización de El Retiro, Oriente antioqueño, por hechos relacionados con el acoso sexual a una contratista de la administración municipal.

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De acuerdo con el organismo de control, las conductas ocurrieron entre abril y diciembre de 2024, periodo en el que el funcionario habría hecho comentarios de contenido sexual, formulado insinuaciones inapropiadas y tenido acercamientos físicos sin consentimiento en distintos espacios de trabajo.

La Procuraduría estableció que estos comportamientos afectaron la dignidad de la contratista y vulneraron sus derechos fundamentales. En su valoración, el ente disciplinario advirtió que las situaciones de esta naturaleza pueden generar ambientes laborales hostiles y poner a las víctimas en una posición de vulnerabilidad, especialmente cuando temen que sus denuncias sean minimizadas o que se les responsabilice por lo ocurrido.

El fallo de primera instancia calificó la conducta atribuida a Franco García como una falta gravísima cometida a título de dolo. Según la entidad, el comportamiento desconoció los principios que deben orientar el ejercicio de la función pública y lesionó la dignidad humana de la mujer.

La decisión contempla la destitución del cargo y una inhabilidad general por 10 años para ejercer funciones públicas. Sin embargo, la decisión podrá ser apelada.

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