Tras la reunión entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y la defensora del Pueblo, Iris Marín, se comprometieron a reforzar protocolos de atención a la protesta social en la ciudad, luego de polémica por pintar un mural. Marín solicitó medidas para prevenir la estigmatización de la Institución y de sus funcionarios.
Tras las recientes tensiones entre la Alcaldía de Medellín y la Defensoría del Pueblo por la presencia de funcionarios de esa entidad del Ministerio Público mientras se pintaba un mural a pocos metro de La Alpujarra, en las últimas horas se llevó a cabo un encuentro entre el alcalde Federico Gutiérrez y la defensora del Pueblo, Iris Marín.
El encuentro dejó como principal resultado el compromiso de ambas partes de fortalecer y revisar los protocolos que rigen la atención de las protestas sociales en la ciudad. Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de trabajo orientadas a revisar y aclarar los procedimientos que se aplican durante las manifestaciones, con el propósito de garantizar tanto el ejercicio del derecho a la protesta como la convivencia y el respeto por los derechos de todos los actores involucrados.
Durante el encuentro, la defensora del Pueblo reiteró que la presencia de la entidad en las manifestaciones responde exclusivamente al cumplimiento de su mandato constitucional de proteger los derechos humanos, mediar cuando las circunstancias lo requieren y promover espacios de diálogo, siempre bajo criterios de independencia, autonomía e imparcialidad.
En ese sentido, indicó la Defensoría, también planteó la posibilidad de desarrollar procesos pedagógicos con las principales ciudades del país para explicar el papel que desempeña la entidad durante las jornadas de protesta y evitar interpretaciones erróneas sobre sus funciones.
Las dos partes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones en un escenario marcado por el pluralismo y las diferencias sociales, al tiempo que insistieron en la importancia de evitar cualquier forma de estigmatización contra quienes ejercen el derecho a la protesta de manera pacífica.
Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la solicitud de la defensora Iris Marín para que desde la administración distrital se adopten medidas encaminadas a prevenir la estigmatización de la Defensoría del Pueblo y de sus funcionarios, con el fin de preservar la independencia con la que la entidad desarrolla sus funciones.
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Esto a propósito de la solicitud del mandatario de la capital antioqueña para que se investigara la actuación de funcionarios de la Defensoría que se encontraban acompañando la construcción de mural que aparentemente no contaba con los permisos requeridos y contenía mensajes relacionados con un grupo internacional de izquierda radical.
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