Aunque para algunos lo ocurrido fue una “censura a la memoria”, en realidad, tal como ocurrió meses atrás, en Medellín el espacio público tiene reglas y según el Acuerdo 010 de 2020 exige autorización para intervenir, caso que no ocurrió en este caso.
Esta historia comenzó cuando un grupo de jóvenes llegaron hasta el deprimido de la avenida San Juan a pocos metros de la Alpujarra y pintaron un mural que decía “Ofensiva Antifa por el derecho de los pueblos a liberarse”, pero, además, a quienes transitaban por este corredor que conecta al occidente con el centro de la ciudad, distribuyeron panfletos alusivos al 50 aniversario del 'Cartel de Argel', un grupo investigado como terrorista a nivel internacional, donde se leía “construimos ciudades en llamas de dignidad”.
Hay que recordar que “Antifa” es un movimiento extremista de izquierda y anarquista que, desafortunadamente, se ha deslegitimado por el uso de la violencia en los Estados Unidos, por lo que, de inmediato, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez ordenó su intervención y se tapó de pintura gris.
En su cuenta de X aseguró lo siguiente:
"A los que les gusta que vuelvan nada la ciudad, los invito para que sean voluntarios y donen las fachadas de sus casas para que la pinten como quieran.Mientras yo sea alcalde de Medellín, haré respetar la ciudad”.
Por último, el alcalde Gutiérrez, le envió una carta a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, para que se investigue la participación de dos funcionarios de esta entidad en la actividad de pintada del mural. Ellos fueron identificados como Lucas Ochoa y Luis Fernando Sucerquia
El mandatario, al insistir que el mural se pintó sin los permisos y autorizaciones del Distrito, calificó como “impresentable que ver cómo un servidor público de un órgano que pertenece al Ministerio Público, encargado de velar por los derechos humanos, termine actuando respaldando un acto que no cumple con la normativa, haciéndose necesario explicar por qué estaban ahí, y si contaban con autorización para estar ahí los funcionarios y cómo explican respaldar un acto sin el cumplimientos de la norma”.
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Lo que agrava la actuación de los dos funcionarios, según Federico Gutiérrez, es que no fue un acto artístico o cultural, si no de apología al 50 aniversario del 'Cartel de Argel', por lo que le insistió a la Defensora que en Medellín no se va a permitir que se utilicen los muros públicos sin autorización legal y por tal motivo de acuerdo a la ley con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana se actuó y se tapó el mural.
Por medio de su cuenta de X, la defensora Iris Marín Ortiz le respondió al mandatario:
“Señor alcalde, gracias por su comunicación. Daremos la respuesta formal que procede. Mientras tanto, como comentamos y usted ha planteado su disposición, espero que podamos abordar el asunto presencialmente el próximo martes”.
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Insistió que la Defensoría del Pueblo es y seguirá siendo garante de derechos constitucionales, mediadora y puente en favor de la armonía y la convivencia.