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Fijan fecha para juicio contra exsenador Juan Diego Gómez y su hermano por caso de estafa

Diligencias por la supuesta venta de terrenos en el municipio de Sabaneta se llevarán a cabo en marzo de 2027.

BLU Radio, Juan Diego Gómez // Foto: Partido Conservador
BLU Radio, Juan Diego Gómez // Foto: Partido Conservador
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El proceso judicial que involucra al exsenador antioqueño Juan Diego Gómez y a su hermano, David Orlando Gómez, por una presunta estafa inmobiliaria continuará con la etapa de juicio ante el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.

Según pudo conocer Blu Radio, las audiencias ante este despacho ya fueron programadas para los días 1, 2 y 3 de marzo de 2027 donde se discutirán asuntos relacionados con la presunta negociación inconclusa de dos terrenos en el municipio de Sabaneta por más de 1.700 millones de pesos en el año 2021.

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Los denunciantes, los empresarios Alejandro y Jorge Mario Ramírez Osorio, aseguran que entregaron dinero, propiedades, vehículos y otros bienes como parte de los acuerdos para adquirir estos inmuebles, cuya escrituración, según la Fiscalía, nunca se concretó en los términos esperados.

La Fiscalía ha sostenido que los hermanos Gómez habrían incurrido en el delito de estafa agravada porque los bienes negociados no pertenecían a ellos, sino a una tercera persona.

Una de las víctimas, Alejandro Ramírez, había indicado en su momento a Blu Radio que el político antioqueño puso la condición de que el negocio se hiciera a través de su hermano, David Orlando, y confiaron en esta solicitud porque ya habían tenido un acercamiento al excongresista.

“Las reuniones que yo celebraba siempre eran todas con Juan Diego Gómez. Lo que pasa es que él me decía que para no perjudicar la investidura que él tenía en su momento que él no se quería ver pues como como en temas de plata ni en temas”, sostuvo.

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Frente al caso que está a punto de examinarse a la luz de los elementos probatorios presentados por cada una de las partes, Juan Diego Gómez ha manifestado que: “No he hecho negocio alguno con el señor Ramírez. Me extraña profundamente esta situación. Lo segundo, es que para la época del presunto negocio, yo era Congresista de la República, razón por la cual, la competencia le correspondería a la Corte Suprema de Justicia y no a la Fiscalía General de la Nación”.

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