La investigación por el manejo de los recursos destinados a garantizar la logística de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo en Riosucio, Chocó, terminó con la judicialización del alcalde y otros cinco funcionarios de su administración.
El caso se originó en presuntas irregularidades detectadas en la destinación de recursos públicos para cubrir necesidades como transporte, alimentación, combustible y viáticos de jurados y delegados que participaron en la jornada electoral.
Los otros funcionarios investigados son Roberto Bayron Tipton Caicedo, secretario de Hacienda; Francisco Calvo Romaña, jefe de Presupuesto; Wilmer Enrique Romaña Vargas, auxiliar administrativo; Jair García Rodríguez, coordinador de la Oficina de Riesgo, y Ariel Alejandro Moreno Ayala, recaudador de impuestos.
Para la Fiscalía, el problema no estaría únicamente en la destinación final de los recursos por 200 millones de pesos divididos en cinco partidas presupuestales, sino en la manera como fueron tramitados.
Esa fragmentación habría permitido evitar un procedimiento de contratación que exigiera la participación de una pluralidad de oferentes y, en su lugar, habría facilitado el giro directo de los recursos.
"Ordenó, de manera irresponsable, improvisada, sin ningún tipo de planificación ni motivación suficiente, el giro de 200 millones de pesos para un supuesto apoyo logístico a las elecciones de Congreso, desconociendo mandatos constitucionales y legales, así como los principios de moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad", dijo el fiscal sobre la actuación del mandatario.
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Uno de los aspectos que ahora deberá esclarecerse en el proceso es qué ocurrió con el dinero después de su desembolso. Las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que solo una parte de los recursos habría terminado respaldando gastos efectivamente relacionados con la logística electoral.
Entre esos soportes están cuentas de cobro relacionadas con la entrega de almuerzos, algunas de ellas sin fecha, así como facturas de combustible que habrían sido expedidas después de la realización de las elecciones.
También, se encontraron documentos en los que los valores cobrados por combustible no coincidirían con los precios reales y constancias utilizadas para sustentar supuestos pagos de viáticos a jurados electorales por montos que, de acuerdo con la investigación, resultarían elevados.
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Los seis procesados ya fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.