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En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, en especial por las amenazas de las que fue objeto, fue asesinado Alexander de Jesús Echavarría, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento La Granja, de Ituango, Norte de Antioquia.
De manera preliminar se conoce que al hombre lo llamaron y salió, momento desde el cual no se conocía su ubicación, hasta que fue hallado sin vida en la madrugada de este martes, a las afueras del centro poblado de esa zona rural.
El crimen de Echavarría, quien también era fiscal de Asocomunal, ha despertado de nuevo el debate sobre las garantías de protección a los líderes sociales en Antioquia, en especial porque según la ONG Corpades “pese a reiteradas alertas, los gobiernos nacional y departamental no han garantizado condiciones de seguridad para defensores de derechos humanos”.
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la fundación Sumapaz, también alertó sobre la necesidad de acciones por parte del Gobierno frente a esta problemática.
"Rechazamos de manera contundente este crimen contra este líder social. Hemos exigido en diferentes momentos garantías de seguridad al estado colombiano para los líderes y las lideresas en el departamento y en el país, y el exterminio continúa. El llamado a los actores armados ilegales a respetar la vida e integridad de la población civil. Es una obligación que todo grupo debe tener", remarcó Zapata.
“Esta omisión agrava una ola de homicidios que debilita la participación democrática, especialmente en contextos electorales, y refleja la grave crisis que enfrentan las comunidades campesinas en Colombia”, agregó a su turno Corpades.
Por lo pronto, se conoce que Echavarría se desplazó a la capital antioqueña por amenazas, retornó el año pasado y fue víctima de nuevas intimidaciones. Esto en medio de la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN, que se disputan el territorio.
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"Seguiremos insistiendo en cómo las autoridades por acción omisión permiten que este tipo de grupos se sigan fortaleciendo en diferentes zonas del departamento. Estrechamos y enviamos un abrazo solidario a estas familias. Esperamos que ese crimen no quede en la impunidad y que los perpetradores paguen", destacó.
En el municipio adelantaron un consejo de seguridad ante la situación, para determinar acciones o refuerzo por parte de las autoridades, en especial, en zonas rurales.
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