Aunque desde el 4 de diciembre fue aprobado en la Asamblea de Antioquia el controvertido proyecto de ordenanza sobre la tasa de seguridad para los estratos 4, 5 y 6 en Antioquia y empresas, se conoció que el Juzgado Cuarto Municipal de pequeñas causas laborales de Medellín declaró improcedente la acción de tutela que buscaba frenar el trámite.
Esta fue interpuesta por el diputado Luis Peláez, quien se abstuvo de votar y justo mientras avanzaba la discusión, se supo que dicho juzgado admitió esta tutela contra la Asamblea de Antioquia, aunque de momento se negó la medida provisional solicitada, que era precisamente frenar el trámite mientras tomaban una decisión de fondo.
Según el documento, dos días después de ser admitida la tutela, se vinculó a la Gobernación de Antioquia y tras evaluar los argumentos de que se protegiera el debido proceso, este juzgado decidió que era improcedente porque “existe un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión”.
Frente a la tutela, el diputado Peláez había insistido a Blu Radio que ninguna Asamblea del país puede crear impuestos y criticó la expuesto por el gobernador Andrés Julián Rendón frente a la falta de recursos de seguridad.
"Entutelamos básicamente porque la asamblea departamental de Antioquia, ni ninguna asamblea del país, puede imponer impuestos, esto es un impuesto, le ponen el nombre técnico de sobretasa, pero las asambleas departamentales de cada uno de los departamentos no tienen la facultad legal para crear impuestos y más en los servicios públicos domiciliarios", manifestó. Ante la decisión negativa, Peláez cuenta con tres días para presentar una impugnación, como lo indica la decisión del juzgado.
Por lo pronto, Peláez ha reiterado que cursan otras dos demandas contra esta ordenanza, la 059 de 2024, que son una de nulidad contra la misma y otra contra la creación de la empresa Valor Más, que será la encargada de hacer estos cobros, pues en su concepto es también cuestionable.
"Nosotros entutelamos por el debido proceso, pero también anunciamos dos acciones más, una de nulidad a la ordenanza ya aprobada y otra, resulta que el gobernador ha dicho que a través de la empresa ValorMás, que ha tenido múltiples cuestionamientos en épocas pasadas, iba a tratar de cobrar este impuesto de los servicios públicos ya que EPM ha dicho que no lo puede cobrar, entonces básicamente nosotros también vamos a entablar una demanda de nulidad contra la personería jurídica de la empresa ValorMás", detalló el diputado.
Recordemos que también el exalcalde de Medellín Daniel Quintero solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos una revisión de esta tasa de energía, porque a su juicio, está violando el artículo 148 de la Ley 142, que establece que no se pueden cobrar en facturas de servicios públicos situaciones no previstas o no aprobadas expresamente por los usuarios en sus contratos.
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