Varios sectores políticos de Medellín y Antioquia se pronunciaron tras la reanudación de conversaciones entre el Gobierno nacional y cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí.
En el caso de los mandatarios regionales, la reactivación del espacio sociojurídico sirvió para criticar una vez más la política de paz total de la saliente administración de Gustavo Petro.
El alcalde Federico Gutiérrez manifestó que debe continuar la labor de la fuerza pública para combatir a todos los grupos ilegales que operan en la ciudad.
También destacó que se trata de una iniciativa que no debe continuar el próximo Gobierno nacional, pero además lanzó duros cuestionamientos a uno de los principales compromisos con los que se reactiva el espacio: desmontar a partir del 11 de junio el microtráfico en el Parque Bicentenario, cerca al Museo Casa de la Memoria, en el centro de Medellín.
"Ahora salen y dicen, no, es que vamos a dejar de distribuir droga ahí en una esquinita. Primero están reconociendo que sí son los distribuidores de esas estructuras criminales, y que desde la cárcel son quienes dan la orden de distribución y muchos otros delitos", indicó el mandatario.
Frente a otra de las situaciones mencionadas por parte de las estructuras criminales relacionadas con la disuasión para el consumo de sustancias psicoactivas como el tusi, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que no se trata de un anuncio para celebrar o reconocer, pues demuestra el poder que siguen teniendo quienes se encuentran recluidos en el penal del sur del Valle de Aburrá.
"Nada que agradecer ni celebrar. Después de esta confesión, deberían es trasladar a todos estos criminales a otras cárceles y quitarles de paso esa renta ilícita, mortal de sus manos, que está matando a nuestros jóvenes", expresó el gobernador de Antioquia.
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Hay que recordar que el espacio sociojurídico se reanudó tras la polémica parranda vallenata en el establecimiento de reclusión y que derivó en investigaciones para más de una decena de funcionarios del Inpec y el traslado de cárcel de alias ‘Pocho’, uno de los voceros de la mesa.
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