El Ministerio de Educación Nacional advirtió sobre la detección de más de 1.200 presuntas irregularidades relacionadas con vacantes y nombramientos docentes en Antioquia, en medio de un proceso de seguimiento y verificación adelantado junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
Según esta dependencia del Gobierno nacional, las inconsistencias identificadas podrían afectar la prestación del servicio educativo público y están relacionadas con posibles fallas en la administración del talento humano y el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP).
En total en Antioquia fueron revisadas cerca de 170 vacantes docentes y 240 nombramientos en cargos definitivos que habrían sido realizados por fuera del Sistema Maestro, que es por donde debe hacerse. Además, indicó esta cartera, se detectaron 38 encargos que no habrían cumplido con el procedimiento establecido por la CNSC.
Durante la revisión, el Ministerio también reportó un caso de doble asignación salarial correspondiente a la vigencia 2026 entre las nóminas de Antioquia y Sabaneta. El ministro Daniel Rojas explicó que es el gobierno, a través del SGP, el que gira los recursos a los entes territoriales para la educación, por lo que tras estas labores de inspección podrán en conocimiento de los entes de control los hallazgos.
"En Medellín, por ejemplo, 390 vacantes, quiere decir que hay 390 profesores que debieron haberse asignado y estos niños no cuentan con esos profesores y tienen los recursos para asignarlo. Son 2.429 nombramientos por fuera del Sistema Maestro. ¿Por qué los nombran sin el debido registro en el Sistema Maestro?", cuestionó el ministro.
Según esta cartera, ya han adelantado estas mismas labores de vigilancia en Magdalena, Santa Marta, Popayán, Cauca, Nariño y Pasto, y continuarán durante mayo y junio en otras regiones del país. Entre los principales riesgos detectados están duplicidades en nómina, pagos por encima de los topes normativos y nombramientos fuera de los mecanismos oficiales.
Por lo pronto, MinEducación señaló que estas acciones hacen parte de una estrategia nacional de inspección, vigilancia y control que busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a educación y proteger los derechos de carrera de los docentes.