Para evitar estafas inmobiliarias, los vendedores de vivienda en Medellín ahora tendrán que demostrar su capacidad financiera. Retrasos en entrega de información podrían acarrear sanciones.
Con el propósito de blindar a los compradores de vivienda frente a posibles fraudes e incumplimientos en proyectos inmobiliarios, la Alcaldía de Medellín anunció el refuerzo en los mecanismos de vigilancia sobre las empresas dedicadas a la comercialización de inmuebles.
La principal medida consiste en exigir a los enajenadores de vivienda la entrega anual de sus estados financieros, información que permitirá a la Administración Distrital hacer un seguimiento más riguroso a la solidez económica de las compañías y advertir señales de alerta antes de que se materialicen afectaciones para los compradores.
La obligación quedó establecida mediante una circular expedida por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la cual fija como fecha límite el primer día hábil de julio de cada año para la presentación de los documentos contables y demás soportes requeridos.
Según destacó Juan Manuel Velásquez, Secretario de Control y Gestión Territorial, con esta información, el Distrito podrá fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control sobre un sector que mueve millonarias inversiones y en el que la confianza resulta fundamental.
“Respetar estas disposiciones permite garantizar un crecimiento equilibrado, proteger el interés colectivo y asegurar la disponibilidad de espacios para obras que mejoren la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de las comunidades en la comuna 9”, afirmó.
Además de fortalecer los controles preventivos, la Alcaldía recordó que mantiene habilitados canales de orientación para los propietarios que ya adquirieron vivienda y consideran que sus derechos han sido vulnerados. Entre las situaciones que pueden ser objeto de acompañamiento se encuentran fallas en la construcción, retrasos injustificados en la entrega de los inmuebles, incumplimientos frente a las condiciones inicialmente ofrecidas por el vendedor, problemas económicos que afecten la ejecución de los proyectos y la comercialización de viviendas sin contar con los requisitos legales exigidos.
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