
Paro armado en Chocó: Defensoría del Pueblo advierte que afecta a 32.000 personas
Autoridades regionales pidieron acompañamiento urgente por parte de la fuerza pública, ante la situación que se está repitiendo en el territorio.

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Al tiempo que avanza una escalada violenta contra miembros de la fuerza pública en varias zonas del país, en el departamento del Chocó se viven horas de tensión por cuenta del paro armado decretado por el ELN desde el mediodía de este 2 de mayo y que se extenderá por 72 horas.
Aparte de las voces de rechazo de autoridades regionales frente a este tipo de medidas que ponen en riesgo a la población civil y vulneran el acceso a derechos fundamentales, quien más recientemente se pronunció fue la Defensoría del Pueblo.
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Desde el Ministerio Público destacaron que alrededor de 32.000 personas de 153 comunidades se están viendo afectadas por estas acciones violentas en las márgenes del río Baudó y sus afluentes. Al respecto, se pronunció Jenny Rivas, secretaria del Interior de este departamento.
"Estas cifras son alarmantes porque es un número grande de población que tendríamos en medio de un conflicto donde ellos no tienen absolutamente nada que ver", indicó Rivas.
La funcionaria también expresó los sentimientos de impotencia que tienen las comunidades sometidas a este tipo de bloqueos, que en esta ocasión ocurren, según el grupo guerrillero, para evitar que civiles queden en medio de confrontaciones que sostienen con el Clan del Golfo.
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"Definitivamente es una situación que deja una gran impotencia en la comunidad chocoana y que recurrentemente nos veamos sometidos a este tipo de medidas ilegales", apuntó la secretaria del Interior.
La Defensoría remarcó que se “hace necesaria una efectiva coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de acciones urgentes de los gobiernos nacional, departamental y local, para que sea atendida y protegida la población civil en riesgo”.
Este es el segundo paro armado decretado en el departamento en lo corrido de 2025, una situación que, de acuerdo con cifras entregadas por la secretaria Rivas, ha perjudicado a unas 100.000 personas.
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