Un nuevo episodio de violencia volvió a afectar la movilidad y la seguridad en el corredor vial que comunica a Chocó con Risaralda. En las últimas horas, un camión de carga fue interceptado e incendiado por hombres armados en un tramo de la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó, en un hecho que mantiene en alerta a las autoridades.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo transportaba un cargamento de cerveza y fue obligado a detenerse en el sector de Playa de Oro. Allí, los responsables le prendieron fuego al automotor antes de huir del lugar.Tras el incendio, varias personas que se encontraban en la zona habrían retirado parte de la mercancía que quedó sobre la carretera mientras el camión continuaba en llamas. Este presunto saqueo también es objeto de verificación por parte de las autoridades.A esto se suman las denuncias de varios conductores que transitaban por la vía, quienes aseguraron que sus vehículos fueron marcados con banderas y grafitis alusivos al ELN, situación que generó temor entre quienes se desplazaban por este corredor que conecta los dos departamentos.El ataque ocurre apenas días después de otro grave episodio de orden público registrado en esta región. El pasado 14 de julio, hombres del ELN interceptaron dos buses de la empresa Rápido Ochoa en el sector de Toldas, entre los kilómetros 17 y 18 de la vía Medellín-Quibdó, en jurisdicción de Carmen de Atrato, y retuvieron a 45 personas. Horas más tarde, el Ejército logró liberar a todos los pasajeros tras intensos combates con la guerrilla, operación que dejó dos soldados profesionales muertos y cinco más heridos.En respuesta a esta nueva situación, tropas de la Séptima División del Ejército harán presencia en las próximas horas sobre este importante corredor vial para reforzar la seguridad y acompañar las labores que permitan garantizar la movilidad de los viajeros.
Luego de intensos combates con el ELN, el Ejército logró la liberación de las 45 personas que permanecían retenidas en la vía Medellín-Quibdó. Se ha podido establecer que hombres del grupo guerrillero llegaron al sector conocido como Toldas, en el municipio de Carmen de Atrato, entre los sectores 17-18, en donde interceptaron dos buses de servicio público, de la empresa Rápido Ochoa.Así lo confirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, a través de un trino en su cuenta de X: “Todos los pasajeros se encuentran bien. No obstante, el ICBF hará presencia en la XV Brigada para verificar formalmente la condición de los menores. Agradecemos a nuestra Fuerza Pública por su rápida acción para salvaguardar la integridad de las víctimas de estos hechos. A esta hora continúan las operaciones para normalizar las condiciones de orden público en este importante corredor vial”.Sin embargo, como resultado de los combates, resultaron asesinados dos soldados profesionales y cinco heridos. Los uniformados participaron en el operativo que buscaba la liberación de las 39 personas.Como Helbert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas fueron identificados los dos soldados profesionales que murieron en los enfrentamientos con el grupo subversivo cerca al municipio de Carmen de Atrato, en la frontera con el departamento de Antioquia.En un comunicado, la Séptima División del Ejército Nacional rechazó, tanto la incursión guerrillera, como la intención de secuestrar a la población civil.“Constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, al atentar contra la vida e integridad de nuestros hombres, quienes cumplían con su deber constitucional de garantizar la seguridad y soberanía en el territorio nacional”, resalta el comunicado.A renglón seguido, la nota subraya que se mantienen despliegues y operaciones orientadas a restablecer la normalidad en este tramo vial, garantizar la seguridad de quienes transitan por él y contrarrestar las intenciones criminales.“Como institución, reiteramos nuestro compromiso con la protección de la población civil y el restablecimiento del orden público en este departamento, donde continuará el despliegue de capacidades para contrarrestar las acciones de este grupo criminal.”El brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División, explicó los hechos sobre lo ocurrido en el departamento del Chocó.“Lo que podemos establecer es que los secuestrados se encuentran bien, y se desarrolló toda la capacidad de las fuerzas militares, del Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de lograr la liberación de las 39 personas”, dijo.
El aeropuerto Reyes Murillo del municipio de Nuquí, en las costas de pacífico chocoano, amaneció por tercera vez en el año cerrado. La razón, los habitantes de esta cabecera municipal cerraron los pasos de acceso a la terminal aérea.Así lo informó la Aeronáutica Civil a través de su cuenta de X: “Informamos que debido a protestas sociales en Nuquí y el ingreso de manifestantes a las instalaciones del aeropuerto, la terminal se encuentra temporalmente bloqueada”.A renglón seguido el trino revela que la entidad emitirá un NOTAM (aviso vital en la aviación que contiene información de carácter temporal o crítico) de cierre por seguridad. “Invitamos a los usuarios a ponerse en contacto con sus aerolíneas”, subrayó.Cabe recordar que el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí estuvo cerrado temporalmente debido a bloqueos de la pista por parte de la comunidad en abril de 2026.Y en esa ocasión, como hoy, las operaciones aéreas hacia el terminal fueron suspendidas temporalmente mientras la Aeronáutica Civil atendía las demandas de la población local.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, denunció la crisis y pidió un plan de choque urgente para estabilizar la atención y proteger la vida de los pacientes.“En los últimos días el hospital ha tenido que declarar la alerta roja hospitalaria por una sobreocupación del 340%, con el servicio de urgencias colapsado. El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud. Es necesario un plan de choque urgente que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios”, señaló la gobernadora en su cuenta de X.La mandataria advirtió que el hospital, que es el único de segundo nivel en todo el departamento y que está intervenido por el Gobierno nacional, ha tenido que declarar alerta roja hospitalaria en los últimos días.La administración departamental extendió la declaratoria de emergencia sanitaria ante el colapso de la red y, dentro de los límites que impone la intervención, ofreció sumar esfuerzos en las obras necesarias para ampliar la capacidad del centro médico.El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud desde el 28 de noviembre de 2025, tras ocho meses de vigilancia especial (1 de marzo de 2025).La Supersalud confirmó fallas graves en la atención, la gestión administrativa y las condiciones de seguridad para los pacientes. La entidad removió a la gerente y a la junta directiva, y designó a Osiris del Carmen Casas Mena como agente especial interventora.La crisis del San Francisco de Asís tiene un problema estructural, donde la oferta de servicios especializados es limitada. Las deudas de las EPS, la escasez de medicamentos y la dificultad para remitir pacientes a centros de mayor complejidad agravan la congestión. Según un reporte del 10 de agosto de 2025, el hospital ya enfrentaba una sobreocupación cercana al 200%, el doble de su capacidad instalada.
Una emergencia ambiental encendió las alarmas en el municipio de Carmen del Darién, luego de que un proceso de erosión fluvial provocara el deslizamiento de tierra en la cabecera municipal y afectara varias viviendas. Así lo confirmó Antonio Beltrán Mosquera, comunicador del colectivo Los Rostros de Mi Pueblo.Según el líder social, el movimiento de tierra se originó en la parte alta del casco urbano, generando daños en casas cercanas a la ribera. “Tuvimos un suceso bastante importante en el medio ambiente (…) varias viviendas resultaron damnificadas”, explicó, al advertir sobre la fragilidad del terreno en la zona.Beltrán Mosquera señaló que esta situación se da en medio de la paralización de un proyecto clave para mitigar riesgos: la construcción de un muro malecón. “Es uno de los proyectos más importantes del municipio, pero lleva cerca de 30 meses detenido sin la atención suficiente”, afirmó, responsabilizando tanto al contratista como a la Gobernación del Chocó.La problemática no se limita al casco urbano. En el corregimiento de Domingo, al menos 30 viviendas han sido afectadas y varias familias han tenido que ser reubicadas. “Ya tenemos dos emergencias activas en el municipio”, indicó el vocero comunitario.Además, las comunidades advierten que el riesgo se extiende a otros sectores ubicados en las riberas de los ríos Atrato y Curvaradó, así como en distintas cuencas del territorio. La temporada invernal podría agravar el panorama si no se toman medidas urgentes.Frente a la emergencia, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció su desplazamiento hacia las zonas afectadas y la llegada de una comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entretanto, líderes comunitarios y consejos locales reiteraron el llamado a las autoridades para reactivar las obras y evitar nuevas afectaciones en Carmen del Darién.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó sobre la grave situación que enfrenta el departamento tras el anuncio de un nuevo constreñimiento armado ilegal por parte del ELN en la región del Bajo Baudó. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria aseguró que este tipo de acciones coinciden con movimientos estratégicos de economías ilícitas, lo que intensifica el impacto sobre comunidades vulnerables.Según Córdoba, el anuncio del grupo armado se conoció desde el martes mediante comunicados escritos y audios difundidos en redes sociales. La medida afecta directamente a comunidades asentadas en los ríos Campador, Arpúa y Juá, zonas cercanas a la costa pacífica chocoana.“Se emitió una comunicación […] donde anunciaban un paro indefinido en tres ríos del municipio de Bajo Baudó”, explicó la gobernadora, quien insistió en que no se trata de un “paro armado”, sino de un “constreñimiento armado ilegal contra la ciudadanía”.Coincidencia con economías ilegalesUno de los puntos más delicados expuestos por la mandataria es la correlación entre estas acciones del ELN y el movimiento de actividades ilícitas en la región. De acuerdo con información de las Fuerzas Militares, estos confinamientos no son aleatorios.“Esto suele coincidir con movilización de tropas, con movilización de insumos, o con movilización de algo que tenga que ver tanto con coca como con oro”, afirmó Córdoba, tras subrayar que el ELN y otros grupos como el Clan del Golfo operan en función de economías ilegales en el departamento.La gobernadora agregó que estos grupos restringen la movilidad de la población civil para facilitar sus operaciones: “Se trata justamente de la necesidad de que no haya movilización en algunas zonas para ellos poder generar otras movilizaciones”. Este fenómeno, según explicó, se ha repetido en múltiples ocasiones. Córdoba aseguró que ya ha perdido la cuenta de estos episodios, aunque estima que este sería al menos el duodécimo evento de este tipo durante su administración.Crisis humanitaria en el Bajo BaudóEl impacto inmediato de este constreñimiento armado recae sobre más de 6.000 personas que permanecen confinadas en la zona, además de 16 familias indígenas del Litoral del San Juan. Las comunidades, en su mayoría campesinas, afrodescendientes e indígenas, enfrentan severas restricciones para acceder a alimentos, salud y educación.“Hay un riesgo muy importante de que la gente se quede literalmente sin con qué subsistir alimentariamente”, advirtió la gobernadora.La situación es especialmente crítica debido a las características geográficas del Chocó, donde la movilidad depende en gran medida de rutas fluviales y marítimas. La prohibición de desplazamiento impide a los habitantes pescar, cultivar o trasladarse a cabeceras municipales para abastecerse. “Hoy no pueden ni siquiera dirigirse a su cabecera municipal […] ni tampoco salir al mar a buscar el pescado”, señaló.Afectaciones en salud y educaciónOtro de los efectos colaterales más graves es la interrupción de servicios básicos. La gobernadora confirmó que cientos de niños han quedado sin acceso a la educación, mientras que la atención médica también se ha visto suspendida.“Para poder ir a buscar la atención en salud […] tienen que hacerse de manera fluvial […] y esa ruta está en este momento flanqueada”, explicó.Se estima que entre 400 y 500 menores están actualmente sin clases debido a las restricciones impuestas por el grupo armado. Frente a esto, la administración departamental ha activado protocolos de emergencia para intentar garantizar servicios básicos en medio de la crisis.Respuesta institucional y limitacionesEn respuesta a la emergencia, la Gobernación del Chocó ha coordinado acciones con la Fuerza Pública y organismos de atención humanitaria. Córdoba anunció el envío de cinco toneladas de ayuda para las comunidades afectadas, con apoyo logístico de la Policía Nacional.“Ya tengo previsto […] llegar con las primeras 5 toneladas de ayuda al municipio de Bajo Baudó”, indicó. Sin embargo, la mandataria también cuestionó las limitaciones estructurales del Estado en territorios como el Chocó, especialmente en materia de presencia militar fluvial.“En un país tan fluvial y tan marítimo como Colombia […] la posibilidad de que hayan embarcaciones con capacidad de combate […] permite el acceso y la presencia”, explicó, al tiempo que solicitó un fortalecimiento de la Armada Nacional.Actualmente, la jurisdicción en la zona está a cargo de la Fuerza Naval del Pacífico, que mantiene operaciones en algunos ríos, aunque persisten dificultades para cubrir la totalidad del territorio.Un patrón que se repiteEl caso del Bajo Baudó refleja una dinámica recurrente en el conflicto armado colombiano, donde la población civil queda atrapada entre disputas territoriales y economías ilícitas. Para la gobernadora Córdoba, estos hechos evidencian no solo la persistencia del ELN, sino también los desafíos de la política de paz en regiones periféricas.“Son comunidades que no tienen ningún tipo de parte en este conflicto y que hoy se llevan las peores consecuencias”, concluyó.Mientras tanto, el departamento enfrenta una nueva crisis humanitaria que pone en evidencia la fragilidad institucional y la urgencia de respuestas integrales frente a la violencia armada en el Pacífico colombiano.
Este lunes inicia el calendario escolar en Chocó tras el pago de salarios atrasados a docentes y directivos por cuentas embargadas de la Secretaría de Educación. Intervención de la Agencia Jurídica del Estado fue clave para lograr decisiones judiciales.A pesar del complejo panorama financiero para la administración departamental, pocos retrasos tendrán estudiantes en Chocó para el inicio del año escolar.Así lo confirmó la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, quien anunció el regreso a las aulas en todo el departamento este lunes 2 de febrero tras lograr el pago de salarios adeudados a docentes y directivos que no se habían podido desembolsar por el embargo de las cuentas de la Secretaría de Educación.La mandataria destacó que, tras el levantamiento de la medida judicial, lograron el pago del mes de diciembre y se garantizó desde la Nación la prelación en los próximos días para el giro de los recursos correspondientes al mes de enero.“Sigue un reto jurídico importante, pero no vamos a claudicar en la tarea de la defensa de los intereses que permitan que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan gozar del servicio educativo que se merecen con total dignidad como el resto de la nación”, aseguró la gobernadora Córdoba.En medio de este proceso, Córdoba agradeció la gestión de diferentes sindicatos y de la Agencia Jurídica del Estado para lograr el desembargo de las cuentas y así garantizar el retorno a clases con todo el componente del Programa de Alimentación Escolar.Desde la administración departamental también se mostraron optimistas de cara a las acciones legales que adelanten en los pleitos que produjeron el embargo de las cuentas y cuyas pretensiones rondan los 15.000 millones de pesos.
Los padres de familia en el departamento del Chocó se encuentran sumamente preocupados porque aún no saben cuándo iniciará el calendario escolar de 2026, debido a un paro de profesores que hoy tiene en veremos a más de 100.000 niños y niñas.La medida indefinida tomada por el magisterio se debe a que las cuentas fueron embargadas y, por ende, no se pudo hacer el pago del salario correspondiente al mes de diciembre. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, indicó que se buscan soluciones prontas para no afectar el inicio de la temporada escolar.“La crisis que afrontan los docentes del Chocó tiene que ver con el embargo de la Cuenta Maestra de Educación, que, en todo caso, representa para nosotros, para la ley, un escenario de inembargabilidad, precisamente para garantizar el servicio a la educación”, aseguró.Lo que destacan los docentes del departamento del Chocó es que, hasta no tener una solución viable, van a continuar realizando plantones y marchas pacíficas para que las autoridades los escuchen y hagan los pagos correspondientes al mes adeudado.Los maestros aseguraron que van a esperar lo que sea necesario para que las cuentas sean desembargadas y los pagos se normalicen para los más de 4.000 profesores afectados en el departamento.“Están esperando que los juzgados desembarguen las cuentas del departamento. Si no hay una solución, seguimos en pie de lucha. Ciento cuatro mil estudiantes que se van a ver afectados; entonces, más de cuatro mil maestros y administrativos”, manifestaron algunos docentes.De momento, sigue la angustia y la incertidumbre por parte de los acudientes de los menores de edad, pues no se sabe cuánto durará el paro y preocupa a muchos que sea una manifestación prolongada que afecte el normal desarrollo académico de sus hijos o familiares.
Por protestas de comunidades indígenas está incomunicado el departamento del Chocó, se encuentran bloqueadas las vías Medellín - Quibdó y Pereira - Quibdó. Desde la Gobernación temen que posiblemente las comunidades hayan sido instrumentalizadas por grupos ilegales.En medio de los problemas que tiene el departamento del Chocó por la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN, este último que atacó tropas del Ejército en la vereda Alto del Oso del municipio de San José del Palmar, dejando 10 militares heridos, ahora afronta protestas sociales.La propia gobernadora Nubia Carolina Córdoba, relató en Mañanas Blu que el bloqueo vial que tiene este jueves esta región del país, obedece a inconformidades administrativas y no por temas de fondo, afectando la economía de Chocó, especialmente el tránsito de víveres."Algunas comunidades indígenas que por otros temas que son, digamos, netamente internos y administrativos, están cerrando las vías de. Hay una comunidad a la altura del doce, que ya hizo el cierre de la vía Quibdó - Medellín, municipio de Carmen de El Atrato, y procederían, entonces, a la altura del el Colonia Santa Cecilia a cerrar la otra vía", aseguró la mandataria.Como ha ocurrido en otras regiones del país, posiblemente cuando hay operaciones del Ejército o la Policía, habría instrumentalización de los grupos armados, es lo que se investiga según la gobernadora."Justo en los momentos más graves de presión y tensión entre el Ejército Nacional y particularmente el ELN, no lo estoy afirmando, porque, de hecho, hemos tenido que pasar, incluso, por temas judiciales en torno a esto. Le da a uno mucho temor que pudiera el ELN estar utilizando a las comunidades, puede ser afroindígenas, en el desarrollo de también sus actividades y sus movimientos", destacó Córdoba.Por ahora, se envió una comisión de la Gobernación del Chocó para atender la situación de las dos vías, aunque las comunidades estarían solicitando la presencia de representantes del Gobierno Nacional.
En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.