Las comunidades de Acandí, Capurganá y Sapzurro han encendido las alarmas por la llegada masiva de sargazo marrón a sus costas. Esta macroalga marina, que suele encontrarse en el océano Atlántico y en el Mar Caribe, ha invadido las playas en niveles preocupantes, afectando tanto al turismo, el principal motor económico de la región, como también al equilibrio ecológico.Este fenómeno ya venía ocurriendo en años anteriores en Centroamérica y ahora volvió de manera más fuerte al territorio chocoano. Uno de los impactos más graves es la obstrucción de las zonas de anidación de tortugas marinas, especies protegidas que dependen de estas playas limpias para su reproducción. Además, la acumulación excesiva de sargazo, genera malos olores, contamina el agua superficial y altera el hábitat marino.Según Kary Sánchez, subdirectora Marino Costera y de Áreas Protegidas de Codechocó, lo más peligroso de esta macroalga es que cuando ya llega a las playas entra en un proceso de descomposición, emitiendo gases tóxicos para el ser humano."Lo peligroso de la especie es cuando ya llega a las playas y entra en un proceso de descomposición, pues ya empieza a emitir gases que son tóxicos, como lo son el ácido sulfídrico y el metano, y que, pues, obviamente pueden presentar afectaciones en la salud humana y en toda la vida presente en un ecosistema", detalló Sánchez.Expertos señalan que este fenómeno está relacionado con el aumento de la temperatura del mar, los cambios en las corrientes oceánicas y la descarga de nutrientes desde ríos y quebradas, elementos que favorecen la proliferación descontrolada del alga.Desde Codechoco en articulación con la Gobernación del Chocó, se han definido unas acciones inmediatas para mitigar la presencia del sargazo, especialmente en Capurganá, una de las zonas más afectadas en el territorio. Estas acciones están orientadas principalmente a la limpieza de playas. Vale la pena recalcar que las autoridades invitaron a la ciudadanía a usar tapabocas, guantes y a evitar cualquier contacto directo con esta macroalga.
Más de 3.600 efectivos del Ejército Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico y el Comando Aéreo de Combate No. 5 han sido desplegados en distintos puntos del departamento del Chocó, especialmente en la subregión del Baudó, tras el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).El Ejército Nacional calificó esta acción como un “mal llamado paro armado”, señalando que se trata de un acto de constreñimiento armado que busca intimidar a la población civil, afectar la libre movilidad y generar desabastecimiento en la región. Las autoridades aseguran que este tipo de acciones reflejan la debilidad de las estructuras criminales frente a la ofensiva sostenida de las Fuerzas Militares.El coronel Román Fonseca, segundo comandante de la Décima Quinta Brigada, explicó que estas acciones violentas del ELN tienen como trasfondo intereses relacionados con el narcotráfico. “Este constreñimiento armado que realizan estos terroristas a la población civil tiene como fin facilitar el movimiento de clorhidrato de cocaína por el río Baudó hacia el Pacífico, con el objetivo de exportar estos estupefacientes”, afirmó el oficial.Fonseca añadió que las Fuerzas Militares continúan desarrollando operaciones conjuntas para proteger a la población: “Como Ejército Nacional continuamos realizando operaciones militares contundentes junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, con el fin de seguir garantizando la seguridad a sus pobladores”.Finalmente, pidió a los habitantes del Baudó y otras zonas afectadas denunciar cualquier situación delictiva a la Línea 107. “Hacemos un llamado a la comunidad para que no se deje intimidar por las amenazas de este grupo al margen de la ley, que no hacen nada más que violar los derechos humanos e infringir el derecho internacional humanitario coartando su libre movilidad”, dijo. Las autoridades responsabilizaron al ELN de cualquier afectación que perturbe la tranquilidad y seguridad de los chocoanos, e insistieron en que mantendrán una presencia activa en el territorio para prevenir nuevos actos de violencia.
Al tiempo que avanza una escalada violenta contra miembros de la fuerza pública en varias zonas del país, en el departamento del Chocó se viven horas de tensión por cuenta del paro armado decretado por el ELN desde el mediodía de este 2 de mayo y que se extenderá por 72 horas.Aparte de las voces de rechazo de autoridades regionales frente a este tipo de medidas que ponen en riesgo a la población civil y vulneran el acceso a derechos fundamentales, quien más recientemente se pronunció fue la Defensoría del Pueblo.Desde el Ministerio Público destacaron que alrededor de 32.000 personas de 153 comunidades se están viendo afectadas por estas acciones violentas en las márgenes del río Baudó y sus afluentes. Al respecto, se pronunció Jenny Rivas, secretaria del Interior de este departamento."Estas cifras son alarmantes porque es un número grande de población que tendríamos en medio de un conflicto donde ellos no tienen absolutamente nada que ver", indicó Rivas.La funcionaria también expresó los sentimientos de impotencia que tienen las comunidades sometidas a este tipo de bloqueos, que en esta ocasión ocurren, según el grupo guerrillero, para evitar que civiles queden en medio de confrontaciones que sostienen con el Clan del Golfo."Definitivamente es una situación que deja una gran impotencia en la comunidad chocoana y que recurrentemente nos veamos sometidos a este tipo de medidas ilegales", apuntó la secretaria del Interior.La Defensoría remarcó que se “hace necesaria una efectiva coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de acciones urgentes de los gobiernos nacional, departamental y local, para que sea atendida y protegida la población civil en riesgo”.Este es el segundo paro armado decretado en el departamento en lo corrido de 2025, una situación que, de acuerdo con cifras entregadas por la secretaria Rivas, ha perjudicado a unas 100.000 personas.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha denunciado en repetidas ocasione, la crítica situación humanitaria en su departamento, donde hoy se reportan más de mil desplazados debido a los violentos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Según la gobernadora, esta crisis no es nueva, sino que se ha ido intensificando desde hace al menos dos años, especialmente en la cuenca media del río San Juan, donde los combates han generado una serie de paros armados que afectan a cerca de 50.000 personas en varios municipios. Las comunidades se encuentran atrapadas en un ciclo de violencia, y muchas han tenido que abandonar sus tierras debido al miedo y la presencia de minas antipersonales sembradas por los grupos armados. "La situación en Chocó es igual de grave a la del Catatumbo", aseguró la gobernadora en comparación con la situación que se presenta en esa zona del país y la cual ha sido epicentro de las noticias de los últimos días. Sobre la conmoción interior en el departamento, aseguró que cuando este fue decretado en Catatumbo también lo solicitó para su departamento. "Yo lo solicité cuando se tomaron las medidas para el Catatumbo. Dije las medidas extraordinarias. Si la razón es la arremetida del ELN y los efectos humanitarios, también el departamento del Chocó, después de ocho paros armados, debe entrar en esas medidas porque está probado porque está debidamente registrado por todas las agencias de humanitarias. Y lo que nosotros hemos dicho es, al igual que el Catatumbo, la situación de criticidad que tiene la cuenca del río requiere medidas extraordinarias y requiere una inversión extraordinaria que además, ya estaba comprometida para con la población desde hace dos años", señaló.Escuche aquí la entrevista:
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la más importantes del departamento, atraviesa un periodo de crisis. La separación del rector David Emilio Mosquera Valencia de su cargo dejó a la institución sin liderazgo claro, lo que ha llevado a la suspensión de las clases debido a un paro estudiantil que ya se prolonga por más de un mes.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la líder estudiantil Rosa Elena Mosquera Palacios denunció una serie de irregularidades y exigió la pronta elección del nuevo rector. Según dijo, la universidad “ha sido víctima” de una grave falta de gestión administrativa y dijo que es esencial que el Estado garantice la educación a los estudiantes.A esto se suma la polémica por un video que circula en redes sociales, en el que se aprecia una agresión a una representante estudiantil durante una asamblea, con fecha del 21 de octubre. Exactamente, fue contra una delegada de la Federación Nacional de Representantes de Estudiantes (Fenares)."En el video donde me ven pasando, transitando, es la carretera ye se no es el lugar donde se hace la asamblea; ellos la hacen en su costa derecho que es en una cafetería, lógico, cerrado. Esa es la carretera para ingresar a los bloques de atrás y, cuando yo voy pasando, la primera agresión, me detiene un estudiante. En el audio (que circula) yo digo: 'haga el favor' y ellos dicen que le monto la moto, pero no es así”, contó.“El video hay que analizarlo, yo retrocedo y salgo hacia mi derecha, como quien dice no tengo por qué atropellar a mi compañero. Cuando ya salgo yo voy desprevenida y no veo al docente, saca la mano y me agrede. Es allí donde yo ya paro y ya un poquito también lastimada", añadió.Las exigencias de la Federación son claras: instan al Ministerio de Educación a facilitar una sesión del consejo superior que permita abordar la crisis. Recalcó que es imperativo que el ministerio tome cartas en el asunto, pues no es justo que los estudiantes sigan sin clases debido a decisiones administrativas que “no dependen” de ellos.“Le hemos dicho al ministerio, en un momento político que se encuentra la universidad, que hay que separarnos de eso y buscar que se garantice el derecho para la que fue creada la misma, en este caso es el derecho a la educación. ¿Qué le pedimos al ministro? Que venga y dirima este problema, ¿cómo se dirima este problema? Sesionando el consejo superior, porque no es justo”, aseveró.A pesar de las promesas realizadas por los organismos educativos, puntualizó que la falta de comunicación y claridad ha mantenido a los estudiantes en una incertidumbre constante.El contexto es aún más complicado, ya que las elecciones para nuevos representantes aún no se han llevado a cabo debido a la ausencia de sesiones del consejo superior. Por eso, mencionó que desde junio han solicitado que se lleven a cabo elecciones, pero la presencia del viceministro, quien también preside el consejo, ha faltado, lo que ha provocado “este vacío de poder".Mosquera resaltó la necesidad de restaurar la actividad académica y crear un canal de diálogo que permita a los estudiantes volver a las aulas. Con un fallo reciente de un juez que ordena la reanudación de las clases, los estudiantes esperan respuestas inmediatas.
En este momento los diálogos con la guerrilla del ELN se encuentran congelados, el comisionado de paz, Otty Patiño, aseguró que el Clan del Golfo busca tomar el control de Quibdó, en Chocó, mientras que las conversaciones con las disidencias de las Farc en el Cauca terminaron hace unos meses por varios hechos violentos que se registraron en esa zona del país y que son responsabilidad de esa estructura.En ese contexto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, participó en el foro de la revista Cambio Acuerdo Nacional, y aseguró que aunque el Gobierno pudo tener éxito en la política de paz total, los grupos armados no entendieron el mensaje del presidente Gustavo Petro."Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total, que no los vamos a tener, creo que ya es claro eso; los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro y la mano generosa, se han levantado los cese al fuego en casi todas partes", señaló Cristo.Por otro lado, el ministro del Interior explicó que queda solo vigente el cese al fuego con las disidencias de las Farc que siguen en el proceso de paz, pues ya expiró esta medida con el ELN y no ha sido renovada, mientras que con el Clan del Golfo y con las disidencias del Cauca el cese fue suspendido por actos violentos."Con el bloque Magdalena Medio y con el frente Jorge Briceño, que son las disidencias de las Farc, que son 1.400 hombres en el país, no más. De resto las Fuerzas Militares lo que están haciendo en el Cauca, el esfuerzo es gigantesco y es positivo y hay que apoyarlas", aseguró Cristo.
En una operación conjunta entre el Ejército y la Armada Nacional, dieron con el paradero de una menor de edad que fue secuestrada por integrantes del Clan del Golfo en Riosucio, Chocó.Asimismo, en el sitio donde era retenida, y que era usado como depósito ilegal de explosivos y armamento, fueron hallados 34 artefactos explosivos improvisados y dos cilindros que iban a ser usados como explosivos.En la operación, cuatro sujetos integrantes de la subestructura ‘Pablo José Montalvo Cuitiva’ se entregaron voluntariamente, afirmando su voluntad de someterse a la justicia y formar parte del programa del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa.Dentro de las investigaciones se permitió identificar que esta subestructura estaría presente en el Chocó, donde tendría varias bodegas de armamento ilegal, y también en zona rural del departamento de Antioquia.
‘Justicia’ es el nombre de la canción que compuso e interpreta la joven Luz Angélica Madrigal en honor a Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Ibáñez, los tres jóvenes de Chochó (Sucre) asesinados por la Policía que los capturaron y les dispararon a quemarropa, tras señalarlos erróneamente como supuestos miembros del Clan del Golfo.Este jueves se cumplen dos años de aquella matanza y las familias aún siguen clamando justicia por esas tres almas."Qué pasó, se preguntan todos. Por qué nos duele tanto sus ausencias, la última vez que los vimos a los ojos, nunca imaginamos que esto iba a pasar", dice la primera parte de la conmovedora letra con la que este 25 de julio homenajean a las víctimas.Diomedes Díaz, padre de Jesús David, asegura que las familias de estos jóvenes han sido revictimizadas, porque no todos los responsables han pagado por los hechos ni las víctimas han sido reparadas."La plata no nos va a recuperar un familiar, pero tampoco nos han dado un peso todavía y estamos en espera. Ya hoy (jueves) hace dos años que eso pasó y el único que está preso es un coronel, porque a los demás los soltaron, los dejaron libres", expresó acongojado el padre de familia.Y es que a pesar de que varios uniformados se vieron involucrados en el triple asesinato, hasta ahora la justicia solo ha condenado al coronel (r) Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía de Sucre y quien reconoció haber disparado contra los muchachos.
Las familias de Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Ibáñez siguen dolidas en Chochó (Sucre) ante la posibilidad de que no haya completa justicia por la muerte de estos tres jóvenes a manos de la Policía, ya que hasta ahora solo ha sido condenado el entonces coronel Benjamín Núñez, mientras que otros ocho agentes involucrados quedaron en libertad por vencimiento de términos y un implicado más aún estaría por fuera de las investigaciones.Diomedes Díaz, papá de Jesús David, recuerda que ese fatídico 25 de julio de 2022 su hijo de 18 años fue atacado incluso antes de caer en el mortal retén de la Policía, en el que finalmente fue torturado y asesinado a quemarropa junto a los otros dos jóvenes del pueblo.Cuenta que en principio Jesús David, apenas un estudiante de undécimo grado, se encontraba en el sector de Las Palmas viendo a sus amigos practicar ‘stunt’, cuando la Policía arremetió de un momento a otro buscando a los delincuentes que acababan de asesinar a un patrullero en Sampués. Según testigos, allí la autoridad abrió fuego y Jesús recibió un balazo en una de sus rodillas.Al verse herido, Jesús David intentó llegar al hospital en compañía de su amigo José Carlos, quien lo auxilió en su moto; pero en el camino fueron detenidos y agredidos en un retén de la Policía que los inculpó erróneamente del asesinato del patrullero. Por el lugar del retén pasó Carlos Ibáñez e intervino para evitar que siguieran golpeando a los jóvenes, pero lo consideraron cómplice del homicidio, así que también fue atacado y posteriormente asesinado.La pregunta que ahora se hacen los Díaz es qué pasó con ese policía que le disparó inicialmente a Jesús David, si hasta ahora solo se están enfrentando a la justicia los uniformados que participaron en el violento retén."Yo quiero captura para ese policía, porque él no ha sido capturado y no sé dónde lo tendrán, si lo habrán destituido o sigue como si nada ahí mismo en la Institución", aseguró Diomedes, padre de unas de las víctimas.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Tras completar un año privados de la libertad por su presunta participación en el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, en hechos ocurridos el 25 de julio del año 2022, ocho de los 10 policías que esperan ser llevados a juicio dentro de este proceso, fueron dejados en libertad por vencimiento de términos.Según denuncia el abogado Aníbal Garay, representante de víctimas, por falta de internet en la cárcel Picota, donde permanecían recluidos los Policías, no se había podido realizar las audiencias de juicio situación que llevó a la reciente decisión del juez.El abogado señala que, pese a que ya se había advertido esta situación, no se tomaron las medidas para prevenirla: "Concedieron la libertad inmediata porque se superó el límite de días que establece la norma para realizar la audiencia de juicio oral y público. Esto se presentó porque nunca había internet en la picota o siempre se caía. El sistema está colapsado desde la pandemia ya que desde la pandemia la mayoría de audiencias son virtuales y aunque estas son más efectivas, en este caso no funcionó porque siempre se caía la red", dijo Garay.Según informa el abogado, por el momento solo quedaron presos el subteniente María Camila Buriticá Valencia y el patrullero Uber Guillermo Mieles, sin embargo, estos podrían correr con la misma suerte y salir con libertad en las próximas semanas.Vale aclarar que los policías libres siguen vinculados al proceso y ahora enfrentarán en juicio desde la calle. Las víctimas de este triple homicidio son: Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo.Por estos hechos, hasta ahora, la única persona condenada es el excoronel Benjamín Núñez, quien para el momento de los hechos ejercía como comandante operativo de la Policía de Sucre.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El ataque, ocurrido en el barrio San Sebastián, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad lesionado, lo que generó preocupación entre los habitantes de este sector.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Departamento de Policía Valle, las víctimas se encontraban en este sector cuando fueron interceptadas por varios sujetos que, al parecer, las atacaron con arma de fuego. En medio de la agresión, una de las personas recibió impactos que le ocasionaron la muerte, mientras que el menor resultó herido."Es de esclarecer que se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad. Es de resaltar que se amplía y se ejecuta el despliegue de todas las actividades institucionales para dar con los móviles irresponsables de este lamentable caso", dijo el mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante (e) de Distrito de Policía Roldanillo.Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre su estado de salud ni han precisado las circunstancias que rodearon el ataque."La Policía Nacional rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes", dice un comunicado emitido por la institución.El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué motivó esta agresión, determinar si las víctimas habían recibido amenazas y establecer las identidades de los responsables. Asimismo, se adelantan las labores de recolección de información y verificación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.Este nuevo episodio de violencia genera preocupación por la afectación a la población civil, especialmente por la presencia de un menor de edad entre las víctimas. La Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes de Roldanillo para que suministren cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso y facilitar la identificación de los responsables.
