Las comunidades de Acandí, Capurganá y Sapzurro han encendido las alarmas por la llegada masiva de sargazo marrón a sus costas. Esta macroalga marina, que suele encontrarse en el océano Atlántico y en el Mar Caribe, ha invadido las playas en niveles preocupantes, afectando tanto al turismo, el principal motor económico de la región, como también al equilibrio ecológico.Este fenómeno ya venía ocurriendo en años anteriores en Centroamérica y ahora volvió de manera más fuerte al territorio chocoano. Uno de los impactos más graves es la obstrucción de las zonas de anidación de tortugas marinas, especies protegidas que dependen de estas playas limpias para su reproducción. Además, la acumulación excesiva de sargazo, genera malos olores, contamina el agua superficial y altera el hábitat marino.Según Kary Sánchez, subdirectora Marino Costera y de Áreas Protegidas de Codechocó, lo más peligroso de esta macroalga es que cuando ya llega a las playas entra en un proceso de descomposición, emitiendo gases tóxicos para el ser humano."Lo peligroso de la especie es cuando ya llega a las playas y entra en un proceso de descomposición, pues ya empieza a emitir gases que son tóxicos, como lo son el ácido sulfídrico y el metano, y que, pues, obviamente pueden presentar afectaciones en la salud humana y en toda la vida presente en un ecosistema", detalló Sánchez.Expertos señalan que este fenómeno está relacionado con el aumento de la temperatura del mar, los cambios en las corrientes oceánicas y la descarga de nutrientes desde ríos y quebradas, elementos que favorecen la proliferación descontrolada del alga.Desde Codechoco en articulación con la Gobernación del Chocó, se han definido unas acciones inmediatas para mitigar la presencia del sargazo, especialmente en Capurganá, una de las zonas más afectadas en el territorio. Estas acciones están orientadas principalmente a la limpieza de playas. Vale la pena recalcar que las autoridades invitaron a la ciudadanía a usar tapabocas, guantes y a evitar cualquier contacto directo con esta macroalga.
Más de 3.600 efectivos del Ejército Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico y el Comando Aéreo de Combate No. 5 han sido desplegados en distintos puntos del departamento del Chocó, especialmente en la subregión del Baudó, tras el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).El Ejército Nacional calificó esta acción como un “mal llamado paro armado”, señalando que se trata de un acto de constreñimiento armado que busca intimidar a la población civil, afectar la libre movilidad y generar desabastecimiento en la región. Las autoridades aseguran que este tipo de acciones reflejan la debilidad de las estructuras criminales frente a la ofensiva sostenida de las Fuerzas Militares.El coronel Román Fonseca, segundo comandante de la Décima Quinta Brigada, explicó que estas acciones violentas del ELN tienen como trasfondo intereses relacionados con el narcotráfico. “Este constreñimiento armado que realizan estos terroristas a la población civil tiene como fin facilitar el movimiento de clorhidrato de cocaína por el río Baudó hacia el Pacífico, con el objetivo de exportar estos estupefacientes”, afirmó el oficial.Fonseca añadió que las Fuerzas Militares continúan desarrollando operaciones conjuntas para proteger a la población: “Como Ejército Nacional continuamos realizando operaciones militares contundentes junto a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, con el fin de seguir garantizando la seguridad a sus pobladores”.Finalmente, pidió a los habitantes del Baudó y otras zonas afectadas denunciar cualquier situación delictiva a la Línea 107. “Hacemos un llamado a la comunidad para que no se deje intimidar por las amenazas de este grupo al margen de la ley, que no hacen nada más que violar los derechos humanos e infringir el derecho internacional humanitario coartando su libre movilidad”, dijo. Las autoridades responsabilizaron al ELN de cualquier afectación que perturbe la tranquilidad y seguridad de los chocoanos, e insistieron en que mantendrán una presencia activa en el territorio para prevenir nuevos actos de violencia.
Al tiempo que avanza una escalada violenta contra miembros de la fuerza pública en varias zonas del país, en el departamento del Chocó se viven horas de tensión por cuenta del paro armado decretado por el ELN desde el mediodía de este 2 de mayo y que se extenderá por 72 horas.Aparte de las voces de rechazo de autoridades regionales frente a este tipo de medidas que ponen en riesgo a la población civil y vulneran el acceso a derechos fundamentales, quien más recientemente se pronunció fue la Defensoría del Pueblo.Desde el Ministerio Público destacaron que alrededor de 32.000 personas de 153 comunidades se están viendo afectadas por estas acciones violentas en las márgenes del río Baudó y sus afluentes. Al respecto, se pronunció Jenny Rivas, secretaria del Interior de este departamento."Estas cifras son alarmantes porque es un número grande de población que tendríamos en medio de un conflicto donde ellos no tienen absolutamente nada que ver", indicó Rivas.La funcionaria también expresó los sentimientos de impotencia que tienen las comunidades sometidas a este tipo de bloqueos, que en esta ocasión ocurren, según el grupo guerrillero, para evitar que civiles queden en medio de confrontaciones que sostienen con el Clan del Golfo."Definitivamente es una situación que deja una gran impotencia en la comunidad chocoana y que recurrentemente nos veamos sometidos a este tipo de medidas ilegales", apuntó la secretaria del Interior.La Defensoría remarcó que se “hace necesaria una efectiva coordinación interinstitucional y la puesta en marcha de acciones urgentes de los gobiernos nacional, departamental y local, para que sea atendida y protegida la población civil en riesgo”.Este es el segundo paro armado decretado en el departamento en lo corrido de 2025, una situación que, de acuerdo con cifras entregadas por la secretaria Rivas, ha perjudicado a unas 100.000 personas.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha denunciado en repetidas ocasione, la crítica situación humanitaria en su departamento, donde hoy se reportan más de mil desplazados debido a los violentos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Según la gobernadora, esta crisis no es nueva, sino que se ha ido intensificando desde hace al menos dos años, especialmente en la cuenca media del río San Juan, donde los combates han generado una serie de paros armados que afectan a cerca de 50.000 personas en varios municipios. Las comunidades se encuentran atrapadas en un ciclo de violencia, y muchas han tenido que abandonar sus tierras debido al miedo y la presencia de minas antipersonales sembradas por los grupos armados. "La situación en Chocó es igual de grave a la del Catatumbo", aseguró la gobernadora en comparación con la situación que se presenta en esa zona del país y la cual ha sido epicentro de las noticias de los últimos días. Sobre la conmoción interior en el departamento, aseguró que cuando este fue decretado en Catatumbo también lo solicitó para su departamento. "Yo lo solicité cuando se tomaron las medidas para el Catatumbo. Dije las medidas extraordinarias. Si la razón es la arremetida del ELN y los efectos humanitarios, también el departamento del Chocó, después de ocho paros armados, debe entrar en esas medidas porque está probado porque está debidamente registrado por todas las agencias de humanitarias. Y lo que nosotros hemos dicho es, al igual que el Catatumbo, la situación de criticidad que tiene la cuenca del río requiere medidas extraordinarias y requiere una inversión extraordinaria que además, ya estaba comprometida para con la población desde hace dos años", señaló.Escuche aquí la entrevista:
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la más importantes del departamento, atraviesa un periodo de crisis. La separación del rector David Emilio Mosquera Valencia de su cargo dejó a la institución sin liderazgo claro, lo que ha llevado a la suspensión de las clases debido a un paro estudiantil que ya se prolonga por más de un mes.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la líder estudiantil Rosa Elena Mosquera Palacios denunció una serie de irregularidades y exigió la pronta elección del nuevo rector. Según dijo, la universidad “ha sido víctima” de una grave falta de gestión administrativa y dijo que es esencial que el Estado garantice la educación a los estudiantes.A esto se suma la polémica por un video que circula en redes sociales, en el que se aprecia una agresión a una representante estudiantil durante una asamblea, con fecha del 21 de octubre. Exactamente, fue contra una delegada de la Federación Nacional de Representantes de Estudiantes (Fenares)."En el video donde me ven pasando, transitando, es la carretera ye se no es el lugar donde se hace la asamblea; ellos la hacen en su costa derecho que es en una cafetería, lógico, cerrado. Esa es la carretera para ingresar a los bloques de atrás y, cuando yo voy pasando, la primera agresión, me detiene un estudiante. En el audio (que circula) yo digo: 'haga el favor' y ellos dicen que le monto la moto, pero no es así”, contó.“El video hay que analizarlo, yo retrocedo y salgo hacia mi derecha, como quien dice no tengo por qué atropellar a mi compañero. Cuando ya salgo yo voy desprevenida y no veo al docente, saca la mano y me agrede. Es allí donde yo ya paro y ya un poquito también lastimada", añadió.Las exigencias de la Federación son claras: instan al Ministerio de Educación a facilitar una sesión del consejo superior que permita abordar la crisis. Recalcó que es imperativo que el ministerio tome cartas en el asunto, pues no es justo que los estudiantes sigan sin clases debido a decisiones administrativas que “no dependen” de ellos.“Le hemos dicho al ministerio, en un momento político que se encuentra la universidad, que hay que separarnos de eso y buscar que se garantice el derecho para la que fue creada la misma, en este caso es el derecho a la educación. ¿Qué le pedimos al ministro? Que venga y dirima este problema, ¿cómo se dirima este problema? Sesionando el consejo superior, porque no es justo”, aseveró.A pesar de las promesas realizadas por los organismos educativos, puntualizó que la falta de comunicación y claridad ha mantenido a los estudiantes en una incertidumbre constante.El contexto es aún más complicado, ya que las elecciones para nuevos representantes aún no se han llevado a cabo debido a la ausencia de sesiones del consejo superior. Por eso, mencionó que desde junio han solicitado que se lleven a cabo elecciones, pero la presencia del viceministro, quien también preside el consejo, ha faltado, lo que ha provocado “este vacío de poder".Mosquera resaltó la necesidad de restaurar la actividad académica y crear un canal de diálogo que permita a los estudiantes volver a las aulas. Con un fallo reciente de un juez que ordena la reanudación de las clases, los estudiantes esperan respuestas inmediatas.
En este momento los diálogos con la guerrilla del ELN se encuentran congelados, el comisionado de paz, Otty Patiño, aseguró que el Clan del Golfo busca tomar el control de Quibdó, en Chocó, mientras que las conversaciones con las disidencias de las Farc en el Cauca terminaron hace unos meses por varios hechos violentos que se registraron en esa zona del país y que son responsabilidad de esa estructura.En ese contexto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, participó en el foro de la revista Cambio Acuerdo Nacional, y aseguró que aunque el Gobierno pudo tener éxito en la política de paz total, los grupos armados no entendieron el mensaje del presidente Gustavo Petro."Nosotros podemos tener todos los éxitos en la paz total, que no los vamos a tener, creo que ya es claro eso; los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro y la mano generosa, se han levantado los cese al fuego en casi todas partes", señaló Cristo.Por otro lado, el ministro del Interior explicó que queda solo vigente el cese al fuego con las disidencias de las Farc que siguen en el proceso de paz, pues ya expiró esta medida con el ELN y no ha sido renovada, mientras que con el Clan del Golfo y con las disidencias del Cauca el cese fue suspendido por actos violentos."Con el bloque Magdalena Medio y con el frente Jorge Briceño, que son las disidencias de las Farc, que son 1.400 hombres en el país, no más. De resto las Fuerzas Militares lo que están haciendo en el Cauca, el esfuerzo es gigantesco y es positivo y hay que apoyarlas", aseguró Cristo.
En una operación conjunta entre el Ejército y la Armada Nacional, dieron con el paradero de una menor de edad que fue secuestrada por integrantes del Clan del Golfo en Riosucio, Chocó.Asimismo, en el sitio donde era retenida, y que era usado como depósito ilegal de explosivos y armamento, fueron hallados 34 artefactos explosivos improvisados y dos cilindros que iban a ser usados como explosivos.En la operación, cuatro sujetos integrantes de la subestructura ‘Pablo José Montalvo Cuitiva’ se entregaron voluntariamente, afirmando su voluntad de someterse a la justicia y formar parte del programa del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa.Dentro de las investigaciones se permitió identificar que esta subestructura estaría presente en el Chocó, donde tendría varias bodegas de armamento ilegal, y también en zona rural del departamento de Antioquia.
‘Justicia’ es el nombre de la canción que compuso e interpreta la joven Luz Angélica Madrigal en honor a Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Ibáñez, los tres jóvenes de Chochó (Sucre) asesinados por la Policía que los capturaron y les dispararon a quemarropa, tras señalarlos erróneamente como supuestos miembros del Clan del Golfo.Este jueves se cumplen dos años de aquella matanza y las familias aún siguen clamando justicia por esas tres almas."Qué pasó, se preguntan todos. Por qué nos duele tanto sus ausencias, la última vez que los vimos a los ojos, nunca imaginamos que esto iba a pasar", dice la primera parte de la conmovedora letra con la que este 25 de julio homenajean a las víctimas.Diomedes Díaz, padre de Jesús David, asegura que las familias de estos jóvenes han sido revictimizadas, porque no todos los responsables han pagado por los hechos ni las víctimas han sido reparadas."La plata no nos va a recuperar un familiar, pero tampoco nos han dado un peso todavía y estamos en espera. Ya hoy (jueves) hace dos años que eso pasó y el único que está preso es un coronel, porque a los demás los soltaron, los dejaron libres", expresó acongojado el padre de familia.Y es que a pesar de que varios uniformados se vieron involucrados en el triple asesinato, hasta ahora la justicia solo ha condenado al coronel (r) Benjamín Núñez, entonces comandante operativo de la Policía de Sucre y quien reconoció haber disparado contra los muchachos.
Las familias de Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Ibáñez siguen dolidas en Chochó (Sucre) ante la posibilidad de que no haya completa justicia por la muerte de estos tres jóvenes a manos de la Policía, ya que hasta ahora solo ha sido condenado el entonces coronel Benjamín Núñez, mientras que otros ocho agentes involucrados quedaron en libertad por vencimiento de términos y un implicado más aún estaría por fuera de las investigaciones.Diomedes Díaz, papá de Jesús David, recuerda que ese fatídico 25 de julio de 2022 su hijo de 18 años fue atacado incluso antes de caer en el mortal retén de la Policía, en el que finalmente fue torturado y asesinado a quemarropa junto a los otros dos jóvenes del pueblo.Cuenta que en principio Jesús David, apenas un estudiante de undécimo grado, se encontraba en el sector de Las Palmas viendo a sus amigos practicar ‘stunt’, cuando la Policía arremetió de un momento a otro buscando a los delincuentes que acababan de asesinar a un patrullero en Sampués. Según testigos, allí la autoridad abrió fuego y Jesús recibió un balazo en una de sus rodillas.Al verse herido, Jesús David intentó llegar al hospital en compañía de su amigo José Carlos, quien lo auxilió en su moto; pero en el camino fueron detenidos y agredidos en un retén de la Policía que los inculpó erróneamente del asesinato del patrullero. Por el lugar del retén pasó Carlos Ibáñez e intervino para evitar que siguieran golpeando a los jóvenes, pero lo consideraron cómplice del homicidio, así que también fue atacado y posteriormente asesinado.La pregunta que ahora se hacen los Díaz es qué pasó con ese policía que le disparó inicialmente a Jesús David, si hasta ahora solo se están enfrentando a la justicia los uniformados que participaron en el violento retén."Yo quiero captura para ese policía, porque él no ha sido capturado y no sé dónde lo tendrán, si lo habrán destituido o sigue como si nada ahí mismo en la Institución", aseguró Diomedes, padre de unas de las víctimas.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Tras completar un año privados de la libertad por su presunta participación en el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, en hechos ocurridos el 25 de julio del año 2022, ocho de los 10 policías que esperan ser llevados a juicio dentro de este proceso, fueron dejados en libertad por vencimiento de términos.Según denuncia el abogado Aníbal Garay, representante de víctimas, por falta de internet en la cárcel Picota, donde permanecían recluidos los Policías, no se había podido realizar las audiencias de juicio situación que llevó a la reciente decisión del juez.El abogado señala que, pese a que ya se había advertido esta situación, no se tomaron las medidas para prevenirla: "Concedieron la libertad inmediata porque se superó el límite de días que establece la norma para realizar la audiencia de juicio oral y público. Esto se presentó porque nunca había internet en la picota o siempre se caía. El sistema está colapsado desde la pandemia ya que desde la pandemia la mayoría de audiencias son virtuales y aunque estas son más efectivas, en este caso no funcionó porque siempre se caía la red", dijo Garay.Según informa el abogado, por el momento solo quedaron presos el subteniente María Camila Buriticá Valencia y el patrullero Uber Guillermo Mieles, sin embargo, estos podrían correr con la misma suerte y salir con libertad en las próximas semanas.Vale aclarar que los policías libres siguen vinculados al proceso y ahora enfrentarán en juicio desde la calle. Las víctimas de este triple homicidio son: Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo.Por estos hechos, hasta ahora, la única persona condenada es el excoronel Benjamín Núñez, quien para el momento de los hechos ejercía como comandante operativo de la Policía de Sucre.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El exjugador Dani Alves, quien pasó por el Barcelona compartiendo camerino con figuras como Lionel Messi y Gerard Piqué, para luego defender los colores de Pumas de México y, posteriormente, estar en prisión enfrentando acusaciones por abuso sexual en España, ahora enfrenta una nueva realidad enfocada en la religión.El astro brasileño vivió una compleja y polémica situación judicial por un caso de abuso sexual. En enero de 2023 fue arrestado en Barcelona, tras ser denunciado por una presunta agresión sexual ocurrida la noche del 30 de diciembre de 2022 en los baños de la discoteca Sutton. Según la denunciante, el exfutbolista la obligó a sostener relaciones sexuales. La justicia española lo condenó inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión; sin embargo, en marzo de 2025 fue absuelto.Tras esa difícil experiencia, el exjugador enfocó sus esfuerzos en la fe, encontrando en Dios una nueva oportunidad y un motivo para seguir adelante, por lo que decidió convertirse en pastor para predicar.Dani Alves asegura que era más feliz en prisiónDani Alves se ha dedicado a ofrecer conferencias y reunir feligreses. En esta nueva faceta como pastor ha captado la atención de miles de personas; sin embargo, recientemente una de sus declaraciones dio de qué hablar.Ante la mirada de centenares de asistentes, Alves aseguró que se sintió más feliz tras las rejas que durante la época en la que ganaba millones de euros como futbolista profesional, cuando vestía la camiseta del Barcelona."Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios y al fútbol, pero, en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones. Antes yo jugaba fútbol y ahora estaba en la prisión limpiando la casa, pero tenía a mi padre [Dios] conmigo. Yo decía: '¿Qué valen millones de euros sin padre?’”, comentó el exjugador brasileño.Caso de Dani Alves: así avanzó el proceso por agresión sexualTras la denuncia presentada por la presunta víctima, en febrero de 2024 la Audiencia de Barcelona condenó a Alves a cuatro años y seis meses de prisión. La decisión se sustentó en la credibilidad del testimonio de la víctima y en pruebas que demostraban lesiones físicas y secuelas psicológicas. Además, Dani debió consignar una indemnización de 150.000 euros para reparar el daño y, semanas después, pagó un millón de euros para recuperar la libertad bajo fianza.No obstante, en 2025 el caso dio un giro cuando, en marzo de ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la condena y absolvió al exjugador. Según el tribunal, durante el proceso no se respetó plenamente la presunción de inocencia debido a inconsistencias y deficiencias en la valoración de las pruebas realizadas en la primera sentencia.
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó con la muerte del colombiano de 26 años, identificado por organizaciones defensoras de derechos humanos como Joan Sebastián Guerrero. El hecho ocurrió este lunes en Biddeford, una ciudad de cerca de 22.000 habitantes en el estado de Maine, y ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.Guerrero trabajaba como conductor de entregas a domicilio y residía en Biddeford junto a su esposa y su hija de tres años. Momento del incidenteSegún informó un portavoz del ICE, el fallecido era "un extranjero en situación migratoria irregular con una orden definitiva de expulsión". La entidad explicó que los agentes realizaban labores de vigilancia en el último domicilio conocido de una persona con orden de deportación cuando, hacia las 7:00 a. m. (hora local), intentaron detener un vehículo.El momento se dio cuando lo abordaron y le dispararon; el video que circula en redes sociales revela cómo los agentes lo sacan del vehículo a rastras y además le ponen las esposas. La versión oficial señala que el conductor intentó escapar del lugar y que, ante un supuesto riesgo para la seguridad pública, uno de los agentes accionó su arma de fuego. El hombre recibió un impacto de bala y, aunque se solicitó asistencia médica de inmediato, murió debido a la gravedad de las heridas.Sin embargo, un testigo identificado como Daniel Boucher aseguró que escuchó varios disparos antes de observar a agentes del ICE sacar del automóvil blanco a un hombre con sangre en la cabeza y el rostro. Según su relato, la víctima alcanzó a decir: "Intenté detenerme", antes de desplomarse. Boucher afirmó que, poco después, notó que el hombre dejó de respirar.Tras conocerse el caso, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó mediante un comunicado que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una explicación oficial sobre las circunstancias en las que murió el ciudadano colombiano.
La indignación y el dolor cruzan las fronteras tras la trágica muerte de Johan Sebastián Durán, un joven colombiano de 26 años originario de Bucaramanga (Santander), quien perdió la vida en un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Biddeford, al sur de Maine, Estados Unidos.Mientras en las calles de Maine la ciudadanía se moviliza bajo el cántico de "¡ICE por fuera de las calles!", los padres de la víctima arribaron al aeropuerto El Dorado de Bogotá para ponerse al frente del doloroso trámite de repatriación del cuerpo. Desde allí, su padre, Omar Durán, rompió el silencio en un testimonio desgarrador."Tenía sus documentos legales y dos trabajos"Frente a las especulaciones sobre el estatus migratorio de su hijo, Omar Durán fue enfático en aclarar que Johan Sebastián se encontraba de manera legal en los Estados Unidos, contando con su permiso de trabajo, seguro social y tarjetas de identificación correspondientes."Mi hijo era una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Él tiene su esposa y su niña de 3 años. Trabajaba por ellos... Tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo, tenía lo que requieren allá para poder trabajar. Él iba haciendo la tramitología que le iban pidiendo", relató el padre a Noticias CaracolSegún el testimonio familiar, el joven santandereano era un hombre entregado a su hogar que se dividía en dos jornadas laborales para salir adelante: en las mañanas realizaba labores de aseo en una clínica veterinaria y, posteriormente, trabajaba con su vehículo haciendo entregas a domicilio (delivery)."No sé por qué le hicieron eso... realmente es un dolor muy grande que nos han causado con haberle hecho eso, esa muerte que le causaron injusta", lamentó el señor Durán.Crecen las protestas y la presión diplomáticaEl caso ha despertado una ola de protestas comunitarias. Organizaciones como la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la plataforma ¡Presente! calificaron el hecho como un acto de "violencia estatal" profundamente inquietante y devastador. Asimismo, exigieron que la investigación sea rápida, independiente y transparente, advirtiendo que no se debe permitir que ICE se investigue a sí mismo.Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el fallecimiento de Johan Sebastián. La delegación diplomática confirmó que se encuentra acompañando a la familia y que ya ha solicitado claridades urgentes al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) sobre las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.Un patrón preocupante en las fronteras y estados de EE.UU.El deceso de Durán no es un hecho aislado. Su muerte ocurre apenas días después de que el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo también falleciera a manos de agentes de ICE en Texas. En lo que va del año, al menos seis personas han muerto en incidentes que involucran disparos de agentes migratorios en territorio estadounidense.La policía estatal de Maine, el Departamento de Seguridad Pública y el FBI ya se encuentran coordinando las pesquisas para esclarecer el caso, mientras una esposa y una pequeña de tres años esperan respuestas en Maine, y unos padres lloran la pérdida de su hijo en Colombia.
Con una agenda enfocada en infraestructura, seguridad y conectividad, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, presentarán este martes 14 de julio al presidente electo, Abelardo De La Espriella, un paquete de proyectos estratégicos que buscan respaldo del Gobierno Nacional durante la jornada de empalme con los territorios que se realizará en la capital santandereana.El alcalde Cristian Portilla aseguró que el propósito del encuentro es exponer las principales necesidades de las regiones y gestionar el apoyo económico del Gobierno entrante para sacar adelante iniciativas que, según dijo, superan la capacidad financiera de los entes territoriales.Portilla afirmó que Bucaramanga requiere una relación permanente con la Nación para afrontar retos que, en muchos casos, corresponden al nivel central. En ese sentido, anunció que entregará un informe sobre la situación de seguridad de la ciudad con cifras, estrategias y planes de acción, como parte del llamado para integrar el bloque de defensa y seguridad urbana promovido por el presidente electo."Los territorios no salen adelante únicamente con recursos propios. Necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional para resolver problemáticas que no podemos asumir solos", señaló el mandatario local.Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz explicó que la Presidencia entrante definió que cada departamento presentará tres proyectos en fase III y tres necesidades prioritarias, mientras que cada provincia expondrá tres iniciativas de impacto regional a través de alcaldes previamente designados.En el caso de Santander, las prioridades estarán concentradas en tres grandes frentes. El primero corresponde al proyecto integral de infraestructura turística y deportiva, que contempla nuevas fases para el centro de espectáculos la Arena Bonita, el desarrollo de Topocoro y la Aldea Guané, en el municipio de Los Santos, obras que ya se encuentran en ejecución y requieren recursos adicionales para continuar.La segunda apuesta busca ampliar la conectividad de las instituciones educativas rurales. Según el gobernador, actualmente el departamento destina más de 55.000 millones de pesos al sostenimiento del servicio de internet en escuelas y colegios, por lo que se plantea una inversión cercana a los 140.000 millones de pesos para construir infraestructura propia que garantice el servicio y reduzca esos costos de operación.El tercer proyecto corresponde al Anillo Vial Externo Metropolitano, iniciativa que ya avanza en su fase de ejecución y está a la espera de la licencia ambiental. La Gobernación espera obtener respaldo del Gobierno Nacional para acelerar las obras y dejar al menos 16 kilómetros pavimentados durante la actual administración y el primer año del nuevo gobierno.Además de las iniciativas departamentales, cada una de las provincias de Santander presentará proyectos priorizados junto con sus alcaldes, enfocados principalmente en cultura, turismo e infraestructura, sectores definidos como prioritarios por el equipo del presidente electo para esta primera jornada de empalme con las regiones.
A las 4:00 de la mañana de este martes, 14 de julio, comenzaron los bloqueos de las comunidades campesinas y pequeños mineros del Norte y Nordeste antioqueño con el propósito de exigir respuestas a un pliego de peticiones que, según los convocantes, ha sido presentado previamente a las autoridades y a Empresas Públicas de Medellín.La concentración estará en los sectores de Puente El Machete y Puente Acacia, con una participación estimada de 500 personas, mientras que aseguran que la protesta será pacífica y que busca ejercer el derecho constitucional a la protesta.No obstante, EPM denunció que estas acciones podrían afectar la operación de centrales hidroeléctricas como Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras. Las cinco centrales hidroeléctricas representan el 16 % de la demanda energética nacional, y de presentarse los bloqueos, advierte EPM que podría poner en riesgo la energía del país.Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM, explicó la situación que hoy tiene en máxima alerta a las autoridades en el departamento de Antioquia."En esta zona tenemos, entonces, más de 1600 megavatios de capacidad de generación hidroeléctrica, que es infraestructura crítica para el país, y es una zona que enfrenta unos desafíos importantes. Tenemos unos temas asociados a minería ilegal, a una serie de presiones que enfrentan nuestras operaciones en esta zona", aseguró el funcionario.A pesar de las advertencias, las comunidades de seis veredas de los municipios de Guadalupe y Carolina del Príncipe siguieron en firme e, incluso, emitieron un pliego y entre las principales exigencias figuran el reconocimiento de la minería artesanal y atención a las familias afectadas por la destrucción de maquinaria.Además, se ha pedido inversiones en agua potable, alcantarillado, electrificación, infraestructura comunitaria, salud, proyectos productivos, contratación de mano de obra local, legalización de predios y mayor inversión social."Están en unas áreas a donde sí son territorios de EPM, pero que no tienen ninguna afectación, y, entonces, ellos les hacen quemar la maquinaria por el Ejército a esas personas que se está rebuscando el día a día, que no tienen otras cosas qué hacer porque la empresa no les brinda las garantías y la seguridad alimentaria que necesita el territorio", explicó.Asimismo, los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa interinstitucional de concertación con participación de EPM, autoridades locales y representantes comunitarios para acordar un cronograma de cumplimiento.Ante esta situación y la preocupación por los posibles riesgos para la generación de energía de Antioquia y Colombia, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que se han creado las estrategias para evitar alteraciones y afectaciones de consideración."No nos podemos dejar coger desprevenidos, y ahí tenemos un problema de minería ilegal bien delicado, como lo hay a lo largo y ancho del departamento. Cada que hay una intervención de la fuerza pública de cara a la minería ilegal, hay una respuesta por parte de los mineros ilegales", aeguró Martínez.Finalmente, los convocantes respondieron en el documento de pliegos que “en ningún momento” pretenden poner en riesgo la generación de energía, afectar la infraestructura eléctrica o promover actos de violencia o vandalismo, insistiendo en que la movilización tendrá un carácter pacífico.
