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Empiezan a huir víctimas de estructuras criminales del Valle de Aburrá con presencia en la mesa de paz urbana, a cuyos cabecillas la Fiscalía les levantó órdenes de captura. Blu Radio conoció el testimonio de un líder social que advierte negligencia de la Unidad Nacional de Protección para garantizar sus seguridad.
La polémica decisión conocida hace varios días frente a levantar las órdenes de captura para 23 miembros de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí, no solo ha generado críticas y rechazo de sectores políticos, pues ahora las víctimas de esas mismas estructuras temen por su seguridad.
Este es el caso de un líder social del occidente de Medellín que desde hace al menos seis meses ha denunciado constantes amenazas, principalmente a través de mensajes de texto a su celular, por parte de integrantes y exi ntegrantes de un grupo delincuencial de la Comuna 13.
Sin embargo, asegura que tras poner en conocimiento de las autoridades la situación hasta ahora la Unidad Nacional de Protección no ha tomado las medidas necesarias para garantizar su seguridad.
“No ha tenido atención por parte de la Unidad Nacional de Protección. Hay una negligencia y omisión con mi situación. Qué tristeza yo por la situación que estoy pasando y cómo es posible que yo soy la víctima y a mí me toque ver salir al jefe y al sicario que yo denuncié en su época y que estuvo en la cárcel”, contó en Blu Radio.
Tras conocer la reciente resolución de la Fiscalía, que podría llegar a abrir la puerta para la libertad condicional de algunos cabecillas que siguen en prisión, este líder social aseguró que avanza en gestiones para dejar el Valle de Aburrá en los próximos días ante el temor que le produce lo que pueda sucederle a él o algún miembro de su familia.
“Están haciendo un trámite para sacarme del Valle de Aburra, principalmente la Personería de Medellín, porque no he tenido ni atención del Gobierno nacional ni de la Unión Nacional de Protección”, afirmó.
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Una vez más el alcalde Federico Gutiérrez rechazó las conversaciones que desde hace más de dos años el actual Gobierno nacional lleva con esas estructuras ilegales en la cárcel de Itagüí y confirmó que, efectivamente, hay víctimas y comunidades con zozobra frente a lo que pueda ocurrir en los próximos días.
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