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Por tercera vez aplazan audiencia contra Miguel Quintero por contratos de $18.000 millones

En el mismo caso, Juan Alberto Cardona, excontador y extesorero de los Bomberos de Itagüí, fue condenado a 19 meses de prisión tras un preacuerdo con la justicia.

Audiencia contra Miguel Quintero.
Audiencia contra Miguel Quintero.
Foto: suministrada.

La tercera no fue la vencida: nuevamente reprogramaron la audiencia en donde se iba a solicitar medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle por presunta corrupción en contratos por más de 18.000 millones de pesos. Aunque hubo cambio de jueza, esta declaró la audiencia fallida y devolvió el caso al juzgado que inicialmente llevaba el proceso

La expectativa en Medellín estaba puesta en la audiencia donde se le iban a imputar cargos y pedir medida de aseguramiento a Miguel Quintero Calle por su supuesta participación en el direccionamiento irregular de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, esto por cerca de 18.000 millones de pesos.

Aunque la audiencia comenzó a la hora pactada, minutos después se confirmó que la jueza del polémico caso estaba incapacitada por lo que el proceso llegó al Juzgado 39 Penal de Medellín, que después de dos horas inició el procedimiento.

Ante la presencia del hermano de Daniel Quintero Calle, se comenzaron a presentar los involucrados en la audiencia y llegó el turno de Santiago Trespalacios, apoderado de Miguel Quintero Calle, quien aseguró que había ocurrido una irregularidad en la continuidad del proceso.

"Acuerdo con el cual, cuando una audiencia preliminar no se pueda llevar a cabo y esta tenga el carácter de programada, debe el mismo despacho fijar la la nueva fecha y hora para la diligencia. Y el único caso en el cual el despacho que tenía asignada la actuación no fija la nueva fecha y hora, es cuando ese despacho esté impedido por alguna causal, allí no se explicita, para programar una nueva diligencia", indicó el abogado.

La información fue recibida por la jueza que tras varios minutos de análisis de la situación, reconoció que la carpeta del caso de presunta corrupción sería devuelta para que sea nuevamente asignada al Juzgado 27 Penal de Medellín y así el proceso siguiera tras dos solicitudes de aplazamiento hechas con anterioridad.

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"Esta funcionaria va a ordenar que la esta audiencia sea, esta carpeta sea devuelta nuevamente al centro de servicios judiciales para que sea reprogramada con el mismo juzgado al cual se le asignó en 1º instancia, que es el Juzgado 27 Penal Municipal, con función de control de garantías, porque veo que no se están cumpliendo con esas reglas", señaló.

Por ahora se desconoce cuál será la nueva fecha en la que Miguel Quintero Calle comparecerá ante la justicia debido a la incapacidad de la jueza que llevaba el caso y que ahora lo deberá retomar una vez su condición de salud así lo permita.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se lamentó en su cuenta de X en donde aseguró, “absurdo, por tercera vez reprograman la audiencia del hermanito del jefe de la banda y su socio. Muy raro. Para robarse a Medellín no tuvieron excusas, pero para responder ante la justicia ahí sí las tienen todas”.

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El mandatario indicó que, “tienen miedo. Pueden intentar dilatar todo lo que quieran, nosotros no vamos a dejar de denunciar ni de entregar las pruebas a las autoridades nacionales e internacionales”.

Hay que recordar que si bien no hacía parte de ninguna de las entidades, el hermano de la exalcalde de la capital antioqueña ya ha sido mencionado por la Fiscalía General de la Nación en el proceso, que tiene un condenado, como pieza clave en el direccionamiento de dichos contratos.

"Los responsables de las entregas de los contratos fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar las coimas", dijo.

A la espera de la nueva fecha de imputación de Miguel Quintero Calle, hay que mencionar que es este mismo caso en el que Juan Alberto Cardona, excontador y extesorero de los Bomberos de Itagüí, fue condenado a 19 meses de prisión tras un preacuerdo con la justicia, pidiera perdón.

El procesado aceptó su responsabilidad en la elaboración y utilización de 15 documentos falsos utilizados para respaldar el desembolso de recursos públicos en esos contratos con cuentas de cobro y otros soportes que aparentaban acreditar servicios de transporte que no se habrían prestado.

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