Antioquia se posiciona como el segundo departamento del país con mayor número de agresiones contra defensores de derechos humanos en lo que va del año. De acuerdo con los monitoreos presentados por la Fundación Sumapaz y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el territorio antioqueño se han documentado 20 asesinatos de líderes sociales durante este periodo.
El reporte más reciente registrado por estas organizaciones se produjo el pasado martes 13 de octubre en zona rural del municipio de El Retiro, en el Oriente antioqueño. La víctima fue identificada como Diego Alexander Sánchez Cardona, de 47 años, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Portento, quien fue atacado con arma de fuego en el sector La María, sobre la vía Carabanchel.
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Según Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, entre las víctimas registradas en el departamento figuran siete líderes comunales, siete líderes comunitarios, dos comunicadores o periodistas defensores de derechos humanos, dos sindicalistas, un ambientalista y un líder juvenil.
"Este año hemos identificado que se han presentado hasta el momento 20 casos y es una cifra que realmente nos preocupa demasiado porque año tras año seguimos viendo cómo se sigue derramando la sangre de personas que son fundamentales para sus comunidades y para la democracia en los territorios. Antioquia sigue siendo lamentablemente el segundo departamento de Colombia con más cifras registradas", narró.
Las evaluaciones de ambas ONG señalan que las subregiones con mayor concentración de ataques son el Suroeste, el Nordeste y el Oriente antioqueño, escenarios atravesados por disputas entre grupos armados ilegales.
Frente a estas cifras, las organizaciones hicieron un llamado para que la Fiscalía General de la Nación aplique las directivas de investigación que priorizan la labor comunitaria de las víctimas como principal hipótesis en los procesos penales, buscando dar con los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
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"Primero por la Unidad Nacional de Protección, donde hemos visto suficientes barreras para que los líderes y las liderezas que están amenazados, agredidos, desplazados, esos líderes deben tener acceso y facilidades para acceder a mecanismos de protección, pero no hemos encontrado en los últimos años una unidad nacional de protección garante del ejercicio de los defensores y las defensoras de derechos humanos", agregó Zapata.
Finalmente, voceros de la Fundación Sumapaz advirtieron sobre la persistencia de barreras institucionales en el trámite de esquemas de prevención ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que integrantes de organizaciones sociales en zonas rurales temen por su seguridad e integridad física ante el incremento de amenazas y situaciones de riesgo en sus territorios.