En un fallo de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 que se conoció en las últimas horas se conoció que fue archivada en primera instancia la investigación disciplinaria contra seis exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín en la era de Daniel Quintero, los cuales habían sido vinculados al caso del predio Aguas Vivas.
La decisión favoreció a los cinco integrantes del Comité de Conciliación del Distrito de Medellín eran Natalia Andrea Jiménez Pérez, subsecretaria de Ejecución y secretaria General encargada; Alethia Carolina Arango Gil, subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Leydy Jiménez Echavarría, subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; Yina Marcela Pedraza Gómez, subsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, e Ingrid Vanesa González Montoya, secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. Desde sus respectivos cargos participaron en el comité que aprobó el acuerdo de conciliación relacionado con el predio Aguas Vivas. También a Fabio Andrés García Trujillo, en su calidad de subsecretario de Gestión Contractual.
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La investigación se originó por las actuaciones relacionadas con la transferencia y devolución al Distrito de Medellín del predio Aguas Vivas, un caso que está investigando actualmente la Fiscalía. Según el expediente, los integrantes del Comité de Conciliación aprobaron una solicitud de arreglo presentada por Técnicas Constructivas S.A.S., IDC Inversiones S.A.S. y Juan Manuel Villegas Márquez.
A García Trujillo se le investigó por terminar unilateralmente el contrato de cesión gratuita de suelo receptor de obligaciones urbanísticas, formalizado mediante escritura pública del 27 de diciembre de 2019. Se formularon cargos contra Carlos Mario Montoya, secretario de Gestión y Control Territorial, por comunicar a los cedentes el valor del inmueble con base en la metodología de zonas homogéneas geoeconómicas, pese a existir un avalúo comercial previo del Distrito.
Frente a Montoya, el organismo no se pronunció de fondo sobre su responsabilidad. Declaró extinta la acción por prescripción, al establecer que la conducta ocurrió el 14 de abril de 2021 y que el término venció el 14 de abril de 2026.
Así las cosas, la decisión ordenó terminar las actuaciones y archivar definitivamente el expediente a favor de los siete investigados. El fallo precisó que al ser de primera instancia, procede recurso de apelación, que deberá presentarse y sustentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación.