La reciente decisión que tomó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sobre la operación de Hidroituango quedó bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público le concedió cinco días hábiles a la entidad para explicar las razones que sustentan la posibilidad de permitir un mayor almacenamiento de agua en el embalse de la central del norte de Antioquia y detallar las condiciones bajo las cuales se aplicaría esa medida.
El requerimiento se produce en medio de la preocupación por el comportamiento de los recursos hídricos ante la eventual presencia del fenómeno de El Niño. Para la Procuraduría, la definición no puede limitarse a establecer si se modifica temporalmente una regla de operación: también debe determinar cómo se garantizará la seguridad de la infraestructura, la protección del río Cauca y la estabilidad del sistema energético.
Por eso, la ANLA deberá explicar qué elementos técnicos, ambientales y jurídicos tuvo en cuenta durante el análisis y qué controles contempla para evitar que una mayor acumulación de agua, llegando hasta la cota de los 420 metros sobre el nivel del mar, genere riesgos.
Entre los detalles solicitados por el ente de control están la manera en la que vigilarán la presa, el seguimiento al macizo rocoso, el control de los caudales y la preservación del flujo mínimo requerido para el río Cauca.
Además, el organismo de control pidió conocer cuándo estará lista la decisión definitiva. El plazo adquiere especial importancia ante la posibilidad de una temporada que se avecina con menores lluvias, pues el nivel de almacenamiento de Hidroituango puede convertirse en un factor determinante para la capacidad del país de enfrentar eventuales restricciones en la generación de energía.