Juan Pablo Ramírez, quién también fuera secretario de Inclusión Social y secretario de Gobierno de Medellín, junto con Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblaciones; y Fredy Agudelo habrían, aparentemente, utilizado sus cargos para ejercer presión sobre sus subalternos y exigirles dinero para una causa política que, según la exfuncionaria María del Pilar Rodríguez, se trataba de la campaña presidencial del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
Ante este panorama la Procuraduría General de la Nación decidió proferir cargos a los tres exfuncionarios, ya que habrían organizado una reunión el 8 de agosto de 2021 en la que supuestamente incurrieron en un posible proselitismo político pidiendo dinero como membresía para pertenecer a la fundación El futuro se parece a nosotros, corporación que, según las denuncias, era la usada para temas políticos.
En el caso de María del Pilar Rodríguez, aseguró hace algunas semanas que, al negarse a dar el aporte exigido, fue separada de su cargo en la Secretaría de Inclusión Social. Este fue un audio que se conoció de Juan Daniel Pulgarín en donde presionaba a los funcionarios que como Rodríguez no habían dado los recursos.
"Como jefe directo tuyo te estoy pidiendo que te encargues tú del informe de entrega y que, por ahora, algunas funciones que tienen que ver con el despacho se va a encargar el líder. Entrégame tu carta de renuncia vía Mercurio o me dices y miramos entonces la insubsistencia", se escucha en la llamada.
Ante estos hechos, el Ministerio Público indicó que el exsecretario de Gobierno habría usado su cargo para ejercer una fuerza determinadora, “orientada a conseguir de los servidores asistentes no solo la atención, sino a determinar su comportamiento hacia un sentido: realizar aportes económicos a la corporación o fundación El futuro se parece a nosotros”.
Por otro lado y pese a que Juan Pablo Ramírez ya rindió declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría asegura que este habría quebrantado sus deberes, puesto que no podía impulsar, promocionar o presentar organizaciones como la mencionada fundación ni tampoco podía exigirle dinero a sus subalternos, menos para fines políticos.
Esto fue lo que dijo Juan Felipe Criollo, abogado defensor de Juan Pablo Ramírez, sobre las pruebas que tendrían para determinar que no hubo presiones contra los funcionarios.
"Tenemos muchas entrevistas, unas documentaciones, pruebas de consignaciones, inclusive de la denunciante que fue la persona que, de lo que hemos tenido conocimiento, ha negado haber hecho una consignación y que por eso tomaron represalia, pues aportamos una consignación donde desvirtúa el dicho de la denunciante", indicó el abogado.
A pesar de la defensa, el ente de control calificó la presunta actuación de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Además, hay que recordar que Ramírez llegó al gobierno del presidente Gustavo Petro y fue nombrado como subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales dentro de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, encargada de verificar el pago oportuno de estas obligaciones por parte de las empresas a sus trabajadores.
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