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La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla reveló, en entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, detalles sobre la cuantiosa suma que habría recibido el cantante vallenato Nelson Velásquez por presentarse en el centro penitenciario. Según la denuncia, el artista recibió un pago de 100 millones de pesos tras acordar su ingreso con uno de los cabecillas de la estructura criminal que opera desde el penal.
La exdirectora de fiscalías desestimó versiones que sugerían que el cantante fue obligado a asistir, señalando que las imágenes lo muestran sonriente y sin coacción. Al respecto, Carrasquilla fue enfática al afirmar que "él recibió un pago de 100 millones de pesos. Él acordó con uno de los cabecillas ingresar al penal para hacer ese concierto".
Además del pago principal, la denuncia detalla que a Luis Alfonso Posada, quien acompañaba a Velásquez, se le habrían entregado aproximadamente 50 millones de pesos. En conjunto con el catering y el ingreso de licores, la funcionaria estima que el costo total de la jornada festiva ascendió a los 500 millones de pesos.
Con estos datos, Carrasquilla cuestionó también la procedencia y el manejo de estos fondos dentro de un establecimiento de máxima seguridad, criticando los beneficios de los que gozan los reclusos.
La concejal reiteró que este tipo de eventos son posibles gracias a la complicidad interna, asegurando que los detenidos "están no en una cárcel, sino que están en un hotel".
Finalmente, la funcionaria denunció que ni el artista ni sus equipos técnicos fueron sometidos a los registros de ley al ingresar al centro carcelario. Según sus fuentes, un teniente del INPEC autorizó el paso del cantante "sin el registro porque no están registrados", permitiendo que la millonaria "parranda" se llevara a cabo sin dejar rastro oficial
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó, mediante un comunicado, que adoptará medidas tras las denuncias relacionadas con el ingreso del artista al establecimiento penitenciario de Itagüí.
La entidad precisó que la actividad no contó con la aprobación ni la autorización del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia y del Derecho ni de la Dirección General del instituto. “Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada ni autorizada por estas instancias”, señaló el Inpec en su pronunciamiento.
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