Sin señal de celular, tomacorrientes y operada por empresa de seguridad privada funcionará la cárcel de sindicados que se construye en Medellín. Sindicato del Inpec advierte que nuevo modelo no es necesariamente una garantía anticorrupción.
Al estar cerca de la mitad de su construcción, se siguen conociendo nuevos detalles sobre lo que será la Cárcel Metropolitana de Sindicados, cuyas obras siguen avanzando en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín.
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El alcalde Federico Gutiérrez explicó que además de otros asuntos como un sistema de inhibición de señal y la ausencia de tomacorrientes en celdas, un punto central para aumentar la seguridad del penal tendrá que ver con su operación.
Aunque reconoció que son detalles que se vienen definiendo, Gutiérrez manifestó que una de las opciones que cobra mayor fuerza para operar el establecimiento tiene que ver con una empresa de seguridad privada. Esto también a propósito de los escándalos que han salpicado en los últimos años al Inpec con respecto a actos de corrupción por parte de algunos de sus funcionarios en todo el país.
“El modelo de vigilancia, que lo venimos también terminando de definir. Esto no va a ser con temas del Inpec. Aquí va a ser con vigilancia privada, especializada para un centro carcelario, como se manejan temas de máxima seguridad también. O sea, que este tiene que ser un modelo, no solo para Medellín, sino para Colombia”, afirmó.
Sin embargo, la eventual participación de empresas de seguridad privada abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, transparencia y control que tendría el modelo.
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Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato del Inpec, consideró favorables apuestas como la de la Alcaldía de Medellín por las alianzas público-privadas para ampliar la infraestructura carcelaria y aliviar la presión sobre los establecimientos públicos.
No obstante, advirtió que entregar la seguridad a particulares no garantiza por sí solo una operación libre de irregularidades, especialmente si no existen condiciones laborales adecuadas y controles efectivos.
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“Que la vigilancia privada ingrese al sistema penitenciario en este caso con alianzas público privadas que eso pues iría yo de que sería una abre boca grande para que el tema de corrupción aumente. Tienen que haber condiciones dignas también para el personal de guardia que presta sus servicios”, dijo.
El dirigente sindical también defendió que en un nuevo modelo como estos, el cual podría ser factible de implementarse en otras ciudades del país, no debería ser excluyente con el Inpec por su trayectoria.
Quimbayo recordó que la posibilidad de contar con espacios como la Escuela Penitenciaria Nacional, no solo le brinda al Instituto la posibilidad de formar personal encargado de funciones de custodia y vigilancia, sino también que los hace aptos para procesos de resocialización contemplados como fines últimos de las condenas en la legislación nacional.